El Gobierno arranca los trabajos de la Agenda 2030 de lucha contra la desigualdad tras el parón por la pandemia

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, durante la reunión de la comisión delegada para la Agenda 2030.

El Gobierno ha iniciado los trabajos para poner en marcha la Agenda 2030, que recoge los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU para dentro de una década. Este jueves se ha reunido por primera vez en la legislatura la comisión delegada del Ejecutivo, que tuvo que posponer su inicio por la pandemia del coronavirus, con la presencia de una decena de ministros y bajo la coordinación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. El ministerio que dirige el secretario general de Podemos ultima un informe sobre el estado actual de España en relación a estos objetivos, que persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.

La negociación del Gobierno de coalición supuso que la Vicepresidencia Segunda recibiría también las competencias sobre la Agenda 2030, que hasta entonces había recaído en un alto comisionado dependiente del presidente, Pedro Sánchez. Su anterior responsable, Federico Buyolo, señaló en una entrevista en eldiario.es que España "va tarde en el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas". Iglesias eligió a Ione Belarra para dirigir la Secretaría de Estado encargada de esta materia.

A la cita de este jueves han acudido, además de Iglesias y Belarra, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que ejerce como vicepresidenta de la comisión. También han asistido la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera; y los titulares de Hacienda, María Jesús Montero; Educación, Isabel Celáa; Industria, Reyes Maroto; Agricultura, Luis Planas; Sanidad, Salvador Illa; Consumo, Alberto Garzón; e Inclusión, José Luis Escrivá, según una nota emitida por el Gobierno.

Entre los objetivos que se marca el ministerio de Iglesias está la "ampliación del ingreso mínimo vital y políticas que afiancen el derecho a la vivienda y la sanidad pública o que reduzcan la precariedad laboral en nuestro país". En febrero, antes de que estallara la crisis sanitaria, económica y social, Iglesias ya planteó en el Congreso "un gran acuerdo de país" contra la desigualdad y el cambio climático.

Entonces, el vicepresidente planteó que "la reducción de pobreza y desigualdad requiere de un enfoque político transversal". Para ello, lanzó tres grandes medidas: "La educación pública, para evitar la perpetuación de las situaciones de pobreza; el derecho a la vivienda, hoy principal motivo de exclusión social en nuestro país; las condiciones del mercado de trabajo. El aumento de la precariedad, la extensión de los contratos atípicos y el subempleo, o el estancamiento salarial registrado hasta el último año, han disparado una pobreza laboral, que ya alcanza al 13% de la población".

La comisión delegada, que tiene un funcionamiento similar a otras como la de Asuntos Económicossimilar a otras como la de Asuntos Económicos, permite coordinar la acción de los diferentes ministerios en materias que, como esta, son transversales. En la reunión de este jueves se ha aprobado la creación de un grupo de trabajo que permita precisamente poner en común las diferentes políticas que cada ministerio tiene en marcha o previstas.

La Vicepresidencia de Iglesias rematará con estos trabajos un informe sobre la implementación actual de la Agenda 2030 en España. Dicho informe será debatido y, en su caso, aprobado en el Consejo de Ministros "en las próximas semanas", según apuntan desde el departamento de Iglesias. Posteriormente, se elevará a la ONU, el organismo del que emana la iniciativa.

El informe, según el Gobierno, será "el primero que evalúa el impacto social y económico de la COVID-19 en la sociedad".

Precisamente este jueves se ha publicado otro informe, esta vez redactado por el Observatorio de los ODS de Esade y la Fundación "la Caixa", que concluye que el compromiso con la sostenibilidad mejora pero aún no vincula a la mayoría de las cotizadas. Más de la mitad de las empresas españolas que cotizan en bolsa, el 53%, siguen sin citar los objetivos de la ONU en sus memorias empresariales.

Etiquetas
Publicado el
2 de julio de 2020 - 17:08 h

Descubre nuestras apps

stats