La Guardia Civil eleva la malversación que niega Montoro a casi 2 millones de euros por el 1-O

Un nuevo informe de la Guardia Civil incorporado a la investigación del Tribunal Supremo por el 1-O eleva a casi 2 millones de euros el dinero público presuntamente malversado para la organización del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. El atestado lleva fecha de 26 de marzo de 2018 y actualiza el estado de las investigaciones, que en un informe anterior cifraba en 1,6 millones el dinero público invertido en el 1-O.

El informe se conoce en medio de la controversia que mantienen el juez Llarena y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a cuenta del dinero público gastado en el 1-O. Tras reiterar el ministro, como ya hizo el pasado mes de agosto, que no le consta que el 1-O se sufragara con fondos públicos, el juez ha requerido a Montoro que documente su afirmación.

Las estimaciones de la Guardia Civil arrojan un resultado de 1.932.757,42 euros de fondos públicos utilizados en el fomento y organización del referéndum del pasado 1 de octubre. Los agentes, en cualquier caso, advierten al juez Pablo Llarena que esta cifra no es definitiva y que podría aumentar. La Guardia Civil advierte de que aún falta por determinar qué cantidad de dinero se destinó a la empresa Fujitsu en calidad de material informático porque solo se conoce una cifra total y no, de entre esa, lo destinado al 1-O.

Entre las novedades del informe respecto a actuaciones anteriores, destaca que la Guardia Civil señala que “no constan abonadas” las facturas de la Generalitat a Unipost por los sobres del 1-O, que ascienden a un millón de euros. Este el desglose de los 1.932.757,42 euros presuntamente malversados:

Sobres y notificaciones con Unipost: 980.313,76 euros

El dinero público que, según la Guardia Civil, la Generalitat habría malversado con los sobres y las notificaciones a los miembros de las mesas del 1-O asciende a 980.313,76 euros. Esta cantidad, tal y como los investigadores indicaron en anteriores informes, se reparte en cinco facturas por un valor 979.661,96 euros de los departamentos de Cultura, Economía, Asuntos Sociales, Salud y Presidencia dirigidas a la empresa de mensajería Unipost (encargada de distribuir las notificaciones). A esta cantidad hay que sumar 651,8 euros que costaron 56.196 sobres con las designaciones de los miembros de las mesas del 1-O.

Por primera vez, el Instituto Armado, en línea con Montoro y los trabajadores de Unipost que han declarado como testigos en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, asegura que las cinco facturas que suman 979.661,96 euros (la mitad del total de dinero público presuntamente malversado) “no se han registrado en el Registro Contable de Facturas de la Generalitat y tampoco constan como abonados los importes de las mismas”. Es decir, que las facturas no se llegaron a pagar a Unipost.

La Guardia Civil añade que sí constan dos “intentos de cobro” de 238.965 euros, que coincide con la factura que Unipost “tenía confeccionada” para el departamento de Asuntos Sociales. “Sí consta –añade el informe al que ha tenido acceso eldiario.es– que las notas de entrega intervenidas en Unipost fueron emitidas y registradas con el sello de salida de los cinco departamentos de la Generalitat”. El director general de Unipost, Antonio Raventós, está citado a declarar como imputado el próximo 25 de abril en el juzgado de Barcelona.

Cabe recordar además que la Interventora de la Generalitat, a instancias del secretario de Estado de Hacienda, ha certificado ante el juzgado de Barcelona que el Govern no “dirigió” a Unipost gastos para financiar “ninguna actuación ilegal ni contraria a los Tribunales”. Fue el pasado mes de enero. La Generalitat negaba así ha por tercera vez ante los tribunales que gastara dinero público en el 1-O.

Publicidad: 502.639,61 euros

Esta cantidad se obtiene de la suma de dos partidas: los 277.804 euros que presuntamente se gastaron en difundir en algunos medios el anuncio “Naciste con la capacidad de decidir. ¿Renunciarás a ella?” animando al voto, que se sufragó con cargo al presupuesto del contrato programa que la Generalitat tienen con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Respecto a los folletos impresos de esta misma campaña, varios empresarios han declarado que no han cobrado de la Generalitat.

A esa cantidad la Guardia Civil añade otros 224.835 euros gastados en la campaña “Sí o no”, dirigida a promover la inscripción en un registro de los catalanes residentes fuera y a instarles a votar en la consulta.

Observadores internacionales: 207.656,22 euros

En cuanto a Diplocat, los investigadores cifran en 207.656,22 la cantidad malversada y señalan a Raül Romeva, exconseller de Exteriores, en prisión preventiva. Aquí entran las dos transferencias por 119.700 euros que la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea abonó en septiembre a The Hague Centre for Strategic Studies, la entidad sospechosa de recibir los fondos para los observadores.

La Delegación de la Generalitat en la UE realizó los pagos, bajo el genérico concepto de “contrato de servicios”. No obstante, el por entonces director de la delegación europea de la Generalitat, Amadeu Altafaj certificó, tal y como le obligaba la orden ministerial de Hacienda en vigor desde el 15 de septiembre, que “todos los gastos” pagados por transferencia, incluidos los investigados, “no responden a la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales”.

El informe añade otras dos cantidades: un “compromiso de pago” de 47.365 euros en cuyo “pago final” se efectuó en el mes de noviembre. La cantidad se conoció por la documentación aportada por la Delegación del Gobierno. La Guardia Civil expone además gastos relacionados con la “logística” de los observadores en Barcelona durante la votación, que ascienden a 40.591,22. Se trata del coste de los vuelos, los hoteles y los actos en los que participaron los observadores.

Carteles encargados por Òmnium: 61.879 euros

El informe asegura que el secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, Antoni Molons, “utilizó a Òmnium Cultural como sociedad interpuesta para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos” para el 1-O. “La elaboración y difusión de esos carteles con el logo de la Generalitat las gestionó Ominium para ocultar que era la propia Generalitat la que sufragaba los gastos de estos carteles”, sostiene la Guardia Civil. El importe: 61.879 euros. Fuentes de Òmnium consultadas han declinado valorar el informe.

Un mitin de JxSí: 17.690,20 euros

El instituto armado incluye también el contrato de la cesión del espacio del Teatro Nacional de Catalunya (TNC) firmado por Jordi Turull en calidad de presidente del grupo parlamentario, para un acto a favor del referéndum que se celebró el pasado 4 de julio. El gasto total fue de 17.690,20 euros abonados por el grupo parlamentario de Junts pel Sí. “Ese acto tenía como objeto difundir y alentar la participación ciudadana y sobre todo el voto del SI en ese referéndum”, recoge el informe.

Material electoral: 152.578,63 euros

La cantidad hasta casi los dos millones de euros se completa con el valor del material electoral incautado por un valor total de 152.578,63 euros. Esta cifra se desglosa en el material requisado en dos operaciones en Igualada y en Bigues i Riells. En la primera, los agentes se incautaron de 9 millones de papeletas. A partir de un acuerdo marco de suministro de material electoral de anteriores elecciones, los agentes han cifrado el valor de las papeletas en 92.309,03 euros.

Y respecto a los sobres y los 2,4 millones de papeletas incautadas en Bigues y Riells, los agentes los valoran en 60.369,6 euros. El responsable de la nave negó ante el juez de Barcelona haber cobrado de la Generalitat el 1-O.