Cárcel para los carteristas reincidentes: la última propuesta controvertida en el debate de la seguridad ciudadana

Ciudadanos autoorganizándose en patrullas con las que recorren zonas conflictivas, comerciantes y hosteleros quejándose del impacto en la facturación y políticos dando altavoz al problema y, de paso, aprovechando la coyuntura para atizar al adversario. Es el cóctel que deriva de la creciente sensación de inseguridad en las calles de las principales ciudades, especialmente en Barcelona. Más allá de los episodios de violencia, entre ellos una quincena de homicidios en lo que va de año, el debate lo ha copado la multirreincidencia en los casos de los llamados descuideros, aquellos que roban sin utilizar fuerza, violencia o intimidación carteras, teléfonos móviles o cualquier objeto susceptible de ser revendido, lo que contribuye a agravar la sensación de impunidad.

El PP y especialmente Ciudadanos han aprovechado la coyuntura para desgastar a la izquierda, con duras críticas a Ada Colau, alcaldesa de la capital catalana, pero también al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, por su supuesta inacción. El asunto copó la semana pasada parte de la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, donde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo achacó a los recortes del PP durante años. “La realidad que vive Barcelona es cuestión de años de no trabajar en materia de seguridad y lo estamos enfrentando”, aseguró.

El partido de Albert Rivera ha llegado incluso a distribuir entre sus dirigentes argumentarios en los que les insta a insistir en esta cuestión. Edmundo Bal, abogado del Estado que fue jefe de la sección de Penal en esta institución adscrita al Ministerio de Justicia y ahora diputado de Ciudadanos, ha descrito en intervenciones públicas “escenas inauditas” de gente luchando con “katana” en las calles, al tiempo que se ha quejado de la impunidad de los reincidentes en hurtos. La cuestión de la reincidencia también subyace en la creación de patrullas de ciudadanos que se autoorganizan para perseguir a carteristas en el metro, lo que ha alertado a las autoridades, que recuerdan que la responsabilidad sobre la seguridad y el mantenimiento del orden público es de la Administración.

“Es importante no mezclar los temas. Hay herramientas legales que nos permiten abordar la reincidencia en los delitos graves como robos con violencia, homicidios... pero sí es cierto que hay una laguna cuando se trata de delitos leves de hurto –cuando la cantidad hurtada es inferior a 400 euros se castiga con pena de multa– a pesar de que estas personas hagan del robo al descuido su forma de vida”, explica un juez de instrucción. Ocurre así desde junio de 2017, cuando el Tribunal Supremo proclamó la necesidad de hacer una interpretación restrictiva de la agravación de las penas para el delito de hurto aprobada en la reforma del Código Penal de 2015.

De acuerdo con ese cambio, el hurto de una cantidad que no exceda de 400 euros es castigado con una pena de multa. Sin embargo, en aquellas ocasiones en las que el autor de ese hurto tuviera antecedentes penales por multirreincidencia y hubiera sido condenado al menos en tres ocasiones anteriores, la pena podía incrementarse hasta tres años de prisión. En la sentencia, que contó con el voto particular de seis de los 17 magistrados que formaron el Pleno, el Tribunal Supremo resolvió que cuando los antecedentes son por haber cometido delitos que no están penados con cárcel sino con una multa, estos no se pueden computar a efectos de reincidencia para dictar una prisión provisional.

De ahí que se haya instalado en ciertos sectores la creencia de que hay impunidad para los descuideros, que quedan en libertad a pesar de ser detenidos una y otra vez. La fiscal jefe de Barcelona, Concepción Talón, defiende que se reforme el Código Penal para convertir la acumulación de delitos leves de hurto en un delito menos grave y que de esa forma se pueda volver a perseguir con más contundencia a los ladrones reincidentes. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también se ha mostrado a favor de esta modificación, al igual que Ciudadanos, que presentó una batería de propuestas al respecto en el Congreso de los Diputados.

En el caso de Barcelona, la estadística de los Mossos d'Esquadra muestra que los hurtos menores se han disparado y no paran de batir récords desde hace dos veranos, coincidiendo con el fallo del Supremo. Las denuncias por este delito pasaron de 8.300 en abril de 2017 a las 12.000 de abril de este año. Pero el Alto Tribunal advierte de que con el sistema previo a su sentencia “tendría asignado un mismo marco punitivo un hurto de un cuadro de un pintor clásico del máximo valor que la sustracción de cuatro carteras que no contuvieran más que, por ejemplo, cincuenta euros cada una”.

Proporcionalidad y prevención

Los jueces y fiscales consultados por eldiario.es no se muestran tajantemente en contra de la reforma, aunque creen que la solución no pasa únicamente por cambiar la norma. También advierten de los peligros de legislar “en caliente” y coinciden en que la agravación de las penas debe ser proporcional a los delitos cometidos. “No se trata de agravar en todos los casos, sino para quien hace del hurto su modo de vida”, señala Iria González, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). “Puede que el Código Penal se quede corto, pero no hay que perder de vista la proporcionalidad. No es lo mismo el hurto de una cartera que otro tipo de conductas que atentan gravemente contra el patrimonio”, afirma Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, cree que otra opción sería cambiar las penas de multa por localización permanente, lo que obligaría a los penados a permanecer en su domicilio o en el lugar determinado en la sentencia. Además, cree que habría que insistir en la prevención y aumentar los recursos. “Estos asuntos deberían tramitarse como juicios rápidos”, sostiene.

La fiscal Iria González también cree que son necesarios más medios. “En Barcelona se ha llegado a tiempos de espera de once meses para el enjuiciamiento de un delito leve, con el riesgo de prescripción que ello conlleva [el plazo es de un año]. No se ha aumentado el número de Juzgados en 15 años y el número de plazas de fiscales es del todo insuficiente”, asegura. Y añade: “Se dan casos de personas multirreincidentes que no llegan a pagar la pena de multa que se les ha impuesto y dada la saturación de los juzgados no se ejecuta la responsabilidad personal subsidiaria que establece la ley, que consiste en un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas”.

La polémica sobre las lagunas en el abordaje de la multirreincidencia también ha reabierto el debate de si realmente la cárcel es un elemento disuasorio. Iria González considera que el endurecimiento de las penas, aunque a corto plazo es una medida que suele ser muy popular, a medio plazo es “ineficaz” y “cara”. “En muchos casos se trata de colectivos vulnerables, estigmatizables... y con la agravación desproporcionada de penas aumenta el riesgo de mafia y violencia. Las instituciones deben valorar la necesidad de desarrollar políticas de prevención e integración”, sentencia.