Imputada una ex alto cargo de Esperanza Aguirre por un agujero de 10 millones de euros en un hospital privatizado

El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha citado como investigada por delitos de prevaricación y malversación a Elena de Mingo, ex alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en uno de los gobiernos de Esperanza Aguirre, informan fuentes jurídicas a elDiario.es. Su citación se produce tras la querella que presentó contra ella el pasado noviembre la Fiscalía Anticorrupción al detectar irregularidades en la explotación del Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda que habrían generado un “menoscabo” de más de diez millones de euros a las arcas públicas.  

La Fiscalía Anticorrupción puso el foco en una modificación del contrato de construcción y explotación de este hospital que se hizo “prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo” y que permitió a la adjudicataria —una UTE formada por Dragados, Sufi y Bovis Lend Lease— cobrar durante años cantidades millonarias por servicios “nunca prestados”. En concreto, por 135 camas que no están en servicio. Anticorrupción calcula un “menoscabo a los caudales públicos de la comunidad autónoma en una cantidad superior a los 10 millones de euros” y asegura no tener constancia de que se haya reestablecido el equilibrio económico del contrato. 

De Mingo fue entre abril de 2008 y julio de 2011 directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios y, por tanto, responsable del seguimiento y supervisión de las inversiones en obras e infraestructuras sanitarias. El Hospital Puerta de Hierro, inaugurado en 2008, fue uno de los siete construidos bajo el Plan de Infraestructuras 2004-2007 con un sistema público-privado. Este modelo consiste en que un conglomerado de empresas construye el edificio y, a cambio, recibe un canon por las obras y por encargarse de los servicios no sanitarios (limpieza, lavandería, mantenimiento…). Ese canon se calcula en función del número de camas y la ocupación. 

El contrato de concesión para la construcción y explotación de ese hospital se adjudicó el 18 de marzo de 2005 a la citada UTE. Tres años después, el 28 de mayo de 2008 —poco antes de la inauguración, que tuvo lugar en septiembre de ese año— se modificó “eludiendo cualquier procedimiento administrativo” y 135 habitaciones pasaron de ser dobles a individuales. Eso redujo las camas de hospitalización inicialmente ofertadas por la concesionaria en base a las cuales se calculó el canon pero sin que se realizara un reequilibrio económico que se ajustara a la nueva oferta. Es decir, sin recalcular la cantidad que la Comunidad de Madrid se comprometió a pagar a la concesionaria.

Para la Fiscalía, esta reducción del número de camas hospitalarias se hizo al margen “del más mínimo procedimiento administrativo”, lo que supone una “ilegalidad radical”. En su querella, Anticorrupción explica además que el único “sustento habilitante justificativo” de dicho cambio fue una resolución que “no existió”, tal y como se ha comprobado a través de los requerimientos efectuados a la Consejería de Sanidad. Se trata de una supuesta resolución del 5 de mayo de 2008  de la Dirección General que estaba en manos de De Mingo “dictada a requerimiento de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos”, que entonces era Esperanza Aguirre. 

Un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, un órgano consultivo de la Comunidad de Madrid, ya reflejó en 2017 que fue la Dirección General de Infraestructuras “a requerimiento de la Presidencia de la Comunidad de Madrid” la que “ordenó” que se adecuasen determinadas habitaciones de hospitalización a uso individual. En consecuencia, de 135 habitaciones equipadas como dobles se retiró la cama hospitalaria, la mesilla, el sillón de paciente, la silla de acompañante y la cortina separadora; y se colocaron 135 sofás-cama. El hospital cuenta con 613 camas instaladas, según la última memoria publicada, de 2018.

Tras la publicación de ese dictamen, el Ejecutivo regional anunció la apertura de un procedimiento sancionador contra la concesionaria por el que iba a reclamarle cuatro millones de euros por los servicios no prestados. elDiario.es ha preguntado a la Consejería de Sanidad por la conclusión de ese expediente y si la adjudicataria llegó a devolver esa u otra cantidad pero no ha obtenido respuesta.

De la consejería a una consultora sanitaria

Licenciada en Derecho e inspectora de Hacienda, De Mingo llegó a la Consejería de Sanidad en 2004 de la mano de Manuel Lamela, entonces consejero. Ambos habían coincidido en el Ministerio de Agricultura en la época de José María Aznar, donde él fue subsecretario de Agricultura y ella, presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Hasta 2008 fue directora general de la Red Sanitaria Única de Utilización Pública. Entonces fue nombrada directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, ya con Juan José Güemes de consejero en la Comunidad de Madrid.

Dejó el Ejecutivo regional en julio de 2011 y menos de un año después, en mayo de 2012, fichó por la consultora sanitaria Antares. Es decir, pasó casi directamente de firmar documentos oficiales de la Consejería de Sanidad al equipo de Antares, consultora a la que el Hospital Puerta de Hierro, a través de su fundación para la Investigación Biomédica, contrató en 2015 para el desarrollo de un plan de Oncología. La fundación pagó 19.800 euros a Antartes Consulting, según la auditoría oficial del ejercicio de 2015.

En 2017, en una comparecencia en la Asamblea de Madrid, De Mingo defendió ese paso del sector público al privado en el mismo ámbito sanitario y negó que existiera incompatibilidad alguna porque en el período en el que ocupó responsabilidades públicas no dictó ninguna resolución relacionada con la consultora. También defendió el sistema público-privado bajo el que operan este y otros seis hospitales de la Comunidad de Madrid porque permite a la Administración transferir “riesgos” al sector privado al quedar al margen el “riesgo de ineficiencia u obsolescencia de los activos” y “mejora la relación calidad/precio de los servicios no sanitarios”, entre otras cuestiones.