La derogación de la LOMCE, la ley 25, el voto a los 16 años y otras iniciativas que quedarán en nada si hay elecciones
“Estamos haciendo el bobo. Todo esto para nada”. Con esta expresión resignada resumía una diputada en el patio del Congreso la actividad parlamentaria que ha desarrollado la Cámara en la XI legislatura, de la que se prevé su fin con apenas un trimestre de vida ante la imposibilidad de formar Gobierno. Desde que se constituyeron las Cortes el pasado 13 de enero, la actividad parlamentaria ha discurrido con normalidad, excepto el control al Gobierno. Todos los partidos menos el PP defendieron que el hecho de no tener nuevo Ejecutivo no impedía que el Parlamento funcionara a pleno rendimiento.
Los conservadores no se opusieron, aunque reconocieron que no tenía mucho sentido. La realidad es que las iniciativas presentadas, aunque aprobadas, se quedarán en nada ya que decaerán en el momento en el que se convoquen las nuevas elecciones. Para salir adelante, tendría que retomarse el proceso desde el principio en el próximo periodo de sesiones tras el 26-J.
Fue un informe de los servicios jurídicos de la Cámara el que determinó que podía ponerse en marcha la actividad legislativa. La mayoría de los grupos ya habían registrado las iniciativas que consideraban prioritarias, aunque la Cámara no había empezado a funcionar. Así, Podemos optó por la ley 25 de emergencia social; el PSOE una batería de medidas en la que mezclaban distintas temáticas; y Ciudadanos se decantó por la unidad de España. El PP se sumó al carro, aunque con reticencias, y registró cinco propuestas, algunas de ellas, viejas.
Tras la discusión por la ubicación de los grupos en el hemiciclo y una vez resuelta cuando PP, PSOE y Ciudadanos aceptaron sacar a Podemos del gallinero, se celebró el primer Pleno el 15 de marzo. Desde entonces han tenido lugar otros tres. En total, se han debatido cinco Proposiciones de Ley para su toma en consideración, es decir, para que arranque su tramitación parlamentaria; y diez Proposiciones no de ley, que son las que instan al Gobierno a cambios legislativos. Pero todas ellas caerán en saco roto: las primeras no las heredará la próxima Cámara y las segundas no afectarán al próximo Ejecutivo.
De las quince iniciativas que se han debatido en el Pleno, solo se han rechazado tres. Dos de ellas las presentó el PP: una para alcanzar un pacto en materia educativa, que el resto de grupos vio poco creíble tras la pasada legislatura en la que el PP se quedó solo con la LOMCE, y otra en la que planteaba que el Congreso empezara a tramitar una reforma legislativa para ampliar la vigencia de las bonificaciones a las cotizaciones de los contratos indefinidos. También se rechazó una presentada por ERC para revisar el Plan Hidrológico del Ebro.
Por el contrario, dos iniciativas fueron aprobadas por el 100% de los diputados: la propuesta de Democracia y Libertad sobre el incremento del salario mínimo interprofesional y la de Ciudadanos para que el Congreso tramite una modificación legislativa que suprima las tasas judiciales para pymes y ONG. También salieron adelante con una abrumadora mayoría, es decir, que coincidieron en el voto favorable al menos PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, las propuestas para la adopción de medidas para “evitar la quiebra” del sector siderúrgico y para modificar la financiación autonómica.
Además de en esas cuatro medidas, PSOE, Podemos y Ciudadanos han coincidido en el sentido de su voto en tres casos. Así, votaron a favor de que se recupere el Pacto de Toledo para reforzar el sistema de pensiones y, en el mismo Pleno, socialistas y Ciudadanos secundaron la propuesta de los de Pablo Iglesias para que se cumplan las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre las empleadas domésticas. En la última sesión, apoyaron una propuesta de los socialistas para luchar contra el fraude y la evasión fiscal. A esas votaciones apela Pedro Sánchez para intentar convencer a Podemos y Albert Rivera de que se pongan de acuerdo para que haya un “gobierno del cambio”.
Los debates, que tendrán que repetirse tras el 26J pero solo si los grupos vuelven a registrarlos, han dejado momentos de negociación y de tensión en la tribuna. La actividad parlamentaria de esta legislatura se inició reclamando la unidad de España. Se discutieron dos propuestas, una del PP y otra de Ciudadanos, y ambas salieron adelante. El PSOE se abstuvo en la de los conservadores y votaron a favor de la del partido naranja, en la que introdujeron una enmienda para que se recogiera la necesidad de reformar la Constitución. Los de Albert Rivera votaron 'sí' a ambas por lo que defendieron una en la que se recogía el cambio de la Carta Magna y otra en la que no.
A pesar de que el Congreso dio luz verde a la tramitación de la ley 25 de Podemos, la formación de Iglesias se llevó una reprimenda del resto de grupos durante el debate. Formaciones de todo el arco ideológico cuestionaron la redacción de la principal propuesta de Podemos para paliar la situación de emergencia para las familias con menos recursos. “Deberían hacer un ejercicio de honestidad izquierdista, reconociendo que nunca más se va a repetir esta chapuza”, les llegó a decir el portavoz de ERC, Joan Tardá.
Ciudadanos se desmarcó del PSOE en la votación de la toma en consideración de la congelación de la LOMCE, a pesar de que la medida figura en el acuerdo firmado entre Sánchez y Rivera. El argumento del partido naranja, que se abstuvo, es que el documento que suscribieron ambas formaciones también recogía la necesidad de alcanzar un Pacto Nacional por la Educación que no figuraba así recogido el la Proposición de Ley registrada por los socialistas. El PSOE restó importancia a ese gesto, aunque miembros de la dirección reconocieron que les chocó ese alejamiento de Rivera.
Una de las últimas iniciativas que se debatió en el Congreso fue la propuesta de ERC de que los menores puedan votar a partir de los 16 años siguiendo la recomendación del Consejo de Europa. Una mayoría parlamentaria votó 'sí' a que el Parlamento inicie el trámite para que se amplíe el rango de edad para votar. PP y Ciudadanos votaron en contra. Entre los argumentos contrarios a esa iniciativa, en la que el PNV se abstuvo y los demás votaron a favor, es que no solo requiere reformar la ley electoral sino también cambiar la Carta Magna, que recoge que la edad legal para ejercer el derecho de sufragio es a partir de los 18 años.
También quedarán suspendidas las iniciativas adoptadas en las distintas comisiones que componen la Cámara. La Comisión Constitucional, por ejemplo, es una de las menos activas en estos tres meses mientras que las de Interior, Empleo, Economía o Sanidad. Una vez que se celebren los comicios el 26J las Cortes tendrán que volver a pasar por el mismo trámite que tras el 20D: tendrán un máximo de 25 días para constituirse, de nuevo tendrán que ponerse de acuerdo para nombrar a los miembros de la Mesa, lo que supone elegir a un nuevo presidente, establecer la distribución de los escaños, constituir de nuevo las comisiones y echar a andar otra vez al tiempo que se intenta llegar a un acuerdo para formar Gobierno.
