Un investigado advierte al juez del caso Villarejo de que hay pruebas del negocio de Billy el Niño con datos reservados
El comisario Enrique García Castaño ha advertido al juez del caso Villarejo de que en los correos electrónicos de otro policía investigado, Constancio Riaño, encontrará las pruebas de que facilitó datos de carácter “sensible” a Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y que pudieron ser explotados después en su negocio de seguridad privada.
Esta tesis está incluida en un escrito de la defensa de García Castaño tras su procesamiento en la primera pieza del caso Villarejo. En el mismo, el abogado del policía acusa al juez Manuel García-Castellón de dar por concluida la investigación pese a no haber resuelto la petición de diligencias “esenciales” y de copiar y pegar párrafos textuales del escrito de la Fiscalía Anticorrupción. “Con este auto, lo que se observa es que el juez no existe en términos procesales”, afirma el letrado.
La estrategia de defensa del comisario investigado se centra en atribuir a uno de sus subordinados en el momento de los hechos, el inspector jefe Riaño, la relación directa con colaboradores de Villarejo y el suministro de datos obtenidos en la sede de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que dirigía García Castaño. Las pruebas de esa relación con Billy el Niño, fallecido el pasado día 7 por la COVID-19, estarían en los correos de la dirección corporativa de Riaño que muestran la citada relación y que el juez García-Castellón no ha aceptado incorporar a la causa.
En esos correos electrónicos también habría pruebas de la relación de Riaño con Billy el Niño, un hecho que el propio inspector jefe, también jubilado, reconoció en sede judicial. Constancio Riaño admitió que había faciliado datos de titulares de teléfonos y matrículas a su “amigo” González Pacheco y añadió que lo hizo para que pudiera defenderse de las supuestas amenazas que recibía el expolicía acusado de graves torturas.
En la época en la que Riaño mandaba la Sección de Relaciones Institucionales de la UCAO, encargada de obtener datos de la Administración pública y de organismos privados como bancos o compañías telefónicas, el expolicía Billy el Niño tenía una empresa de seguridad, Servicio de Prevención de Atracos y Secuestros (SPAS), con la que facturó 700.000 euros durante los años de su “amigo” Riaño en la UCAO, según reveló eldiario.es. Los datos de acceso reservado son utilizados en el mundo de la seguridad privada para elaborar dosieres de terceros y cobrar por ellos a sus clientes, como hacía presuntamente el comisario Villarejo. El comisario García Castaño está acusado de haber facilitado ese tipo de datos a Villarejo a cambio de “prebendas”.
La defensa de García Castaño quiere incorporar a la causa los mensajes entrantes y salientes de la dirección corporativa de Riaño entre 2013 y 2016. Pero añade que, una vez incorporados, y en el caso de que “se detectase la comisión de delitos de revelación de secretos”, se acuerde su remisión a los juzgados de Plaza de Castilla para que se investigue “la facilitación de datos sensibles al señor González Pacheco” por parte de Riaño.
El abogado Aitor Martínez, en representación de García Castaño, habla de un “inexplicable silencio” hasta ahora del juez García-Castellón respecto a esta solicitud. La falta de respuesta a la petición de ésta y otras diligencias “absolutamente esenciales” lleva al letrado a concluir que la aseveración del juez de que la instrucción ha concluido es “falsa”. La defensa pide también los supuestos faxes que envió García Castaño a Villarejo porque una de las pruebas aportadas es un documento en el que se dice que la información reservada que habría facilitado se trasladó por ese medio.
“Decisiones urgentes” en plena pandemia
La defensa de García Castaño se queja igualmente de que el juez se haya apresurado a cerrar la investigación a los dos días de recibir el escrito de la Fiscalía Anticorrupción y en plena pandemia. “No existe ninguna circunstancia que legitime la adopción de estas decisiones urgentes en medio de un estado de alarma en el que todos los operadores jurídicos están en sus domicilios confinados, la actividad judicial paralizada, y en definitiva, inmersos en un contexto que exigiría actuar con mayor prudencia”, recoge el escrito.
El abogado recuerda que su defendido “está colaborando” con la justicia desde el inicio del proceso. Con independencia de su presunta colaboración en ésta y otras piezas en la que está investigado, García Castaño ha ofrecido detalles al juez del espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con fondos reservados y del conocimiento que de éste tenía el número dos de Interior entonces, Francisco Martínez, que ya tiene la condición de investigado.
La defensa de García Castaño es especialmente dura cuando achaca al juez que siga el criterio de la Fiscalía hasta el punto de copiar el último escrito de ésta en la pieza Iron, sobre el espionaje de Villarejo por encargo de un bufete de abogados en su contencioso con otro despacho. “Hay hasta ocho párrafos absolutamente idénticos en el auto, de tal modo que el razonamiento jurídico segundo consistente en el relato fáctico de los hechos investigados es absolutamente igual en el escrito del Ministerio Fiscal, incluso con los mismos signos de puntuación y los mismos párrafos”, escribe el abogado. “Se da una imagen de que instructor y Ministerio Fiscal son la misma cosa. Frente a un auto de estas características, toda posibilidad de proceso justo es inexistente”, añade.
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