Jueces y fiscales progresistas vuelven a pedir la dimisión de los vocales del Poder Judicial para facilitar su renovación

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) han vuelto a reclamar la dimisión en bloque de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se cumplen cinco años con el mandato caducado por el bloqueo del PP. “Con su proceder han contribuido al desprestigio de una institución que constatamos se encuentra en franca descomposición”, lamentan.

Por el momento, los únicos miembros del órgano que han dado ese paso han sido el expresidente Carlos Lesmes, que dimitió en octubre de 2022, y la vocal progresista Concepción Sáez, que renunció el pasado marzo. La dimisión de esta última alentó un conato de dimisión de los vocales del minoritario sector progresista que finalmente quedó en nada. 

El órgano de gobierno de los jueces alcanza un lustro con el mandato caducado y con una mayoría conservadora cada vez más afianzada como un contrapoder al Gobierno en una estrategia que estrenó José María Aznar, entre 1995 y 1996; la siguió Mariano Rajoy, entre 2006 y 2008; y la han exprimido al máximo primero Pablo Casado y, después, Alberto Núñez Feijóo. Gracias a esa sucesión de bloqueos el PP se ha garantizado un dominio conservador en el órgano que decide los principales ascensos en la carrera judicial en 22 de los últimos 27 años. 

En un comunicado conjunto, ambas asociaciones critican que los vocales “contribuyen” a mantener una situación que vulnera la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial pese a que, por su “profesión y responsabilidad”, están obligados “a garantizar el cumplimiento de ambas y del ordenamiento jurídico”. “Prolongan su mandato sin credibilidad, sin legitimidad y sin rubor alguno”, aseguran.

“Hay que recordar que un grupo mayoritario de vocales del CGPJ se permite intervenir en el debate partidista sobre una proposición de ley que ni siquiera se había presentado en las Cortes [en alusión a la amnistía]; retrasar el preceptivo informe sobre proyectos de ley (...); opinar con su cargo caducado y en funciones sobre la idoneidad del Fiscal General del Estado, y demorar deliberadamente durante semanas la renovación del Tribunal Constitucional”, añaden ambas organizaciones.