El juez deja sin efecto el inminente cierre de la instrucción de Púnica tras la eliminación de los plazos que impuso el PP a las investigaciones

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, ha dictado un auto por el que deja sin efecto el fin de la instrucción de esta causa fijado para el próximo jueves, 27 de agosto, en cumplimiento de la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La reforma, que entró en vigor a finales de julio, pone fin a los cambios introducidos por el Gobierno del PP para limitar los plazos de instrucción de las causas penales, criticados por toda la oposición del momento y las asociaciones de jueces y fiscales sin excepción. 

El juez ha optado por una solución intermedia entre la petición de la acusación popular ejercida por Adade y el PSOE, que pedía prorrogar la instrucción de la macrocausa en conjunto; y algunos imputados como la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, que habían pedido que la investigación se cerrara ya este próximo jueves. La defensa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid alegó que ir más allá del 27 de agosto sería “desproporcionado y excesivo” después de más de cinco años de instrucción y reprochó a la acusación popular del PSOE que quiera hacer prevalecer su “interés político”. 

En un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez García Castellón explica que con el objetivo de “evitar dilaciones indebidas” realizará un “estudio pormenorizado de cada una de las piezas en que se divide este procedimiento” para adoptar la resolución que corresponda. Es decir, deja entrever que podría dar cerrojazo a determinadas piezas que considere ya concluidas, siguiendo con la investigación de otras. 

Fuentes jurídicas consultadas explican que la instrucción de varias de las nueve piezas en las que está dividida la causa ya está cerrada. Entre ellas, la número seis en la que se analiza la supuesta adjudicación irregular de contratos de eficiencia energética a la empresa Cofely en una decena de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Una de las piezas principales de este caso es la número nueve, que aborda la supuesta financiación irregular del PP de Madrid y en la que están imputadas las expresidentas de la Comunidad Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. 

La nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal elimina el plazo de seis meses con un tope de 36 meses para las causas complejas que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y establece una instrucción ordinaria de 12 meses que será prorrogable de forma indefinida a propuesta del juez instructor. En la actualidad eran los fiscales los encargados de solicitar esas prórrogas. El texto es una proposición de Unidas Podemos que contó con el respaldo de todos los grupos salvo PP y Vox.