La imputada Esperanza Aguirre se apresura a pedir que no se aplique la reforma legal que permite seguir investigando Púnica

La defensa de Esperanza Aguirre, imputada en la pieza de Púnica que investiga la financiación irregular del PP de Madrid, ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el que se opone a la aplicación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor el pasado martes y que elimina los plazos de instrucción. Esta reforma debería tener efecto inmediato en Púnica, cuyo fin de la investigación judicial estaba previsto para el próximo 27 de agosto y que ahora puede ser prolongada en aplicación del nuevo texto legal.

La reacción del abogado de Aguirre se produce por la presentación de un escrito por parte de la acusación popular de Adade y el PSOE pidiendo al instructor, Manuel García-Castellón, que, solo a efectos informativos, dicte una resolución para conocer la nueva fecha de fin de la instrucción de acuerdo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En ese escrito se denuncia el caos en el que se encuentra la causa, sin formación completa de las piezas separadas que se determinaron y con abundante documentación que no ha sido puesta todavía a disposición de las partes, pese a que apenas quedan cuatro semanas para el fin de la instrucción.

Por su parte, la representación de Aguirre alega que el 30 de noviembre de 2018, el juez dictó un auto en el que fijó “un plazo final para la instrucción” en cuarenta meses que se cumplieron el 30 de marzo de 2022 y que la instancia superior, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, también se pronunció en ese sentido.

“La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal estableció el periodo máximo de duración de la presente instrucción estableciendo que era necesario arbitrar un plazo no excesivamente largo de prórroga, tras la duración del periodo investigatorio de la causa determinándolo de manera concreta en 18 meses, ya que un plazo por tiempo superior hubiera resultado desproporcionado y excesivo”, recoge el escrito de la defensa de Aguirre, al que ha tenido acceso elDiario.es. Al término de la instrucción, el juez García-Castellón deberá dictar un auto de conclusión de la misma en la que propondrá juzgar a los imputados como Esperanza Aguirre o dictar el archivo de la causa respecto a ellos.

El nuevo texto legal, que da respuesta a un clamor de jueces y fiscales contrarios a los plazos establecidos para la instrucción durante el Gobierno del PP, sitúa en doce meses el nuevo periodo de investigación prorrogable cuantas veces sean necesarias por el juez a petición de cualquiera de las partes. En su disposición transitoria, la Ley parece clara: esta modificación “será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley”. Este es el caso de Púnica, que se comenzó a instruir en 2014 y que vive estas semanas un periodo de agitación con la fecha amenazante del 27 de agosto como fin último de la instrucción después de la prórroga de dos meses consecuencia de la suspensión de los plazos judiciales por la crisis de la Covid-19.

Según fuentes de la Audiencia Nacional, el juez García-Castellón sopesa qué resolver porque en él pesa, añaden, el citado auto dictado por la Sala de lo Penal el 10 de abril de 2019 y que la cuestión afecta a derechos fundamentales. Otras fuentes jurídicas plantean que la entrada en vigor de la reforma legal en los términos en que está redactada resta cualquier valor a ese auto de la Sección Cuarta. La Fiscalía Anticorrupción sopesa por ahora pedir la aplicación del nuevo texto legal y alargar la investigación de Púnica.

Esperanza Aguirre dice que no es momento para “valorarse la complejidad y el tiempo necesario para finalizar la instrucción”, que el “material probatorio, tremendamente abundante, sirve de perfecto sustento para la valoración” de lo establecido en el artículo 324.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “Comprendemos el interés político del PSOE en que el presente procedimiento se prolongue tanto como pueda, pero en este ámbito jurisdiccional han de prevalecer las razones jurídicas y el respeto a las garantías”, dice el abogado de Esperanza Aguirre.