La eliminación de los plazos que impuso el PP a las investigaciones entra en vigor a tiempo de salvar el caso Púnica

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor el martes pone fin a los cambios introducidos por el Gobierno del PP para limitar los plazos de instrucción de las causas judiciales, criticados por toda la oposición del momento y las asociaciones de jueces y fiscales sin excepción. El cambio llega a tiempo de que una de las macrocausas de corrupción a la que más afectaba la primera reforma, Púnica, no finalice imperativamente el próximo 27 de agosto, si bien la aplicación del nuevo texto está encontrando resistencias en la Audiencia Nacional que deberán ser resueltas en los próximos días. 

El nuevo texto legal sitúa en doce meses el plazo para las instrucciones prorrogables cuantas veces sean necesarias por el juez a petición de cualquiera de las partes. En su disposición transitoria, la Ley parece clara: esta modificación “será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley”. Este es el caso de Púnica, que se comenzó a instruir en 2014 y que vive estas semanas un periodo de agitación con la fecha amenazante del 27 de agosto como fin último de la instrucción después de la prórroga de dos meses consecuencia de la suspensión de los plazos judiciales por la crisis de la Covid-19.

Según fuentes de la Audiencia Nacional, el juez instructor, Manuel García-Castellón, sopesa qué resolver porque en él pesa, añaden, el auto dictado por la Sala de lo Penal el 10 de abril de 2019 en el que se resuelve la cuestión de los plazos en la causa y que sitúa su conclusión en 18 meses a partir del 6 de diciembre de 2018. Otras fuentes jurídicas plantean que la entrada en vigor de la reforma legal en los términos en que está redactada resta cualquier valor a ese auto de la Sección Cuarta. 

Un escrito presentado por la acusación popular este mismo miércoles obligará al magistrado a pronunciarse. La representación de Adade y el PSOE le insta a dictar una declaración “meramente declarativa” sobre el nuevo plazo de instrucción que impone la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

“Nadie discutió en su momento que la reforma de 2015 en la ley procesal aprobada con mayoría absoluta en el Parlamento durante el Gobierno del PP no fuera de inmediata aplicación a una causa que le afectaba directamente como partido político, por lo que no sería comprensible que esta reforma de 2020 no fuera igualmente aplicable inmediatamente, sólo por que no sea del agrado del Partido Popular”, recoge la acusacón popular en su escrito.

Las fuentes consultadas de la Audiencia Nacional aseguran que, aunque llegue el día 27 de agosto y no se hayan practicado las diligencias pendientes, el fin del plazo de instrucción no evitará que se terminen de realizar. Sin embargo, la acusación popular considera que es más que probable que nazcan nuevas líneas de investigación de esas diligencias y que si se da por concluida la instrucción ese día ya no se podrá ahondar en ellas. elDiario.es ha consultado a la Fiscalía Anticorrupción y un portavoz ha trasladado que todavía no ha fijado postura al respecto. 

“Ni siquiera existen las nueve piezas”

Adade y el PSOE denuncian en su escrito la situación de caos que vive la causa Púnica a menos de un mes de que concluya. El 2 de septiembre de 2019, explican, hace menos de un año, se reestructuró la causa en nueve piezas separadas y, sin embargo, “no constan formadas las mismas materialmente” a día de hoy. “No existen las piezas como tal”, añaden“.

La representación letrada asegura que el magistrado está obligando a las partes a señalar en sus escritos a qué pieza aluden, con advertencia de no ser admitidos si incumplen esta instrucción, y luego el propio juzgado hace citaciones y dicta resoluciones “sin determinar a qué pieza separada corresponden”.

La acusación popular también se queja de que siguen sin tener acceso a la documental incautada en “numerosos registros” realizados hace ya cinco años, ya que el expurgo no ha concluido. Tampoco disponen del volcado de teléfonos y ordenadores. “Sólo se han puesto a disposición de las partes, el día 22 de este mes, una pequeña parte de los mismos” y faltan otros, añade, “tan relevantes” como los que propiedad de uno de los principales investigados, David Marjaliza, sus testaferros y su secretaria. 

PSOE y Adade también denuncia que no han tenido acceso a la documental de lo incautado al exgerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, al que califican de “piedra angular” de la causa o la correspondiente a otro imputado de “gran relevancia”, Javier López Madrid. Ambos se encuentran investigados en la pieza 9, que aborda la financiación irregular del PP de Madrid y en la que también están imputadas las expresidentas de la Comunidad Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. 

Idéntica situación se produce con las conversaciones telefónicas, a las que la acusación popular quiere acceder una vez se realice el conveniente expurgo. Todo esta denuncia de material ausente se puede aplicar a la pieza del caso Lezo que fue fusionada con Púnica para unificar la investigación de la financiación irregular del PP de Madrid.