El juez pone al borde del banquillo a un exconsejero de Ceuta por agredir sexualmente a menores vulnerables

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha acordado dar por finalizadas las diligencias que dirige desde mayo de 2022 sobre el comportamiento de un exconsejero de Sanidad antivacunas del Ejecutivo local, Javier Guerrero, del Partido Popular, y ha propuesto sentarlo en el banquillo como presunto autor de tres presuntos delitos de naturaleza sexual contra más de media docena de menores extranjeros no acompañados especialmente vulnerables.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han presentado un recurso de reforma y, subsidiario, de apelación ante la Audiencia Provincial, reclamando que la instrucción siga abierta al menos hasta que la Guardia Civil aporte su análisis de todos los dispositivos electrónicos intervenidos al doctor, que acababa de reabrir una consulta privada en la ciudad, cuando fue detenido el 11 de enero del año pasado.

Según han explicado fuentes jurídicas a elDiario.es, el magistrado ha decidido no esperar más a la Guardia Civil al entender que en la causa hay pruebas e indicios más que suficientes para llevar a juicio al doctor, en libertad bajo fianza desde finales de noviembre. Le considera indiciariamente responsable de tres presuntos delitos continuados de agresión sexual, agravados por tratarse de menores de 16 años y de comunicación con niños con menos de esa edad con fines sexuales.

El auto dictado pretende, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, “evitar acusaciones sorpresivas o infundadas”, ya que el investigado sólo podría ser acusado en el juicio por los hechos recogidos en el mismo. Las acusaciones discrepan de su delimitación precisamente porque estiman que las diligencias por recopilar podrían abrir la puerta a más imputaciones por tenencia o elaboración de pornografía infantil.

El juez ha optado por un auto de procedimiento abreviado que expondría a Guerrero a hacer frente a solicitudes de condena de hasta nueve años de prisión. Por el delito de agresión sexual, el Código Penal contempla de uno a cuatro de cárcel para quien “realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento”, como sería el caso. El arco se amplía hasta seis años de cárcel si los actos se cometen “con un menor de 16 años”. Las penas también se agravan si las víctimas son “personas en una situación de especial vulnerabilidad”, como también ocurriría en este supuesto por tratarse de jóvenes extranjeros en situación de desamparo en la ciudad.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil investigó durante toda la segunda mitad de 2022 a Guerrero después de que el Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad detectase comportamientos impropios en su forma de relacionarse con los menores que tutelaba la administración, en cuyos centros se le prohibió la entrada. Su denuncia a la Fiscalía se puso en manos del Instituto Armado bajo tutela judicial.

El Ingesa llegó a expedientar al entonces jefe del Servicio Digestivo del Hospital y le prohibió expresamente y por escrito “proporcionar obsequios de cualquier naturaleza a los menores de edad que se encuentran a cargo de la Ciudad Autónoma sin la previa y expresa autorización por parte de Fundación SAMU”. Pero las quejas continuaron durante todo el verano de 2022 por recibir a niños “de forma autónoma y sin autorización” y “sin el conocimiento y/o consentimiento” de sus guardadores legales.

El facultativo dimitió como miembro del Ejecutivo de Ceuta a finales de enero de 2022 tras conocerse que se había saltado junto al resto de su equipo el protocolo de vacunación contra la COVID-19. “Yo no quería, pero me lo pidieron los técnicos”, llegó a alegar tras decir que no le gustaban los pinchazos.

Tres causas adicionales

Guerrero fue detenido por la Guardia Civil en su domicilio el 11 de enero de 2023 y dos días después el juez dispuso su entrada en prisión provisional, decisión que ratificó posteriormente tanto el instructor como la Audiencia Provincial. Diez meses después se autorizó su salida de la cárcel con el depósito de 100.000 euros de fianza, la entrega de su pasaporte y la obligación de acudir a firmar cada quince días. También tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros o comunicarse con menores extranjeros no acompañados (aunque ya hayan cumplido los 18) o de cualquier Centro de Protección dentro o fuera de Ceuta. 

Además, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 le ha vetado, en una pieza separada, aproximarse al director del Centro de Realojo Temporal de La Esperanza y al responsable de Samu en dichas dependencias, contra quienes fue escuchado por la Guardia Civil en su coche planear con un amigo con supuestos contactos en el hampa local la mejor forma de mandarles “un recadito”. El presunto delito que intenta esclarecer es el de conspiración para lesiones.

Guerrero ha sido denunciado también por injurias y calumnias por asegurar ante los periodistas en septiembre de 2022 que había empleados públicos y trabajadores al servicio de la Ciudad “coaccionando” y “extorsionando” a subordinados y menores tutelados para imputarle los delitos que le acabaron llevando entre rejas y que quiso presentar como una conspiración política en su contra. Esa teoría ya ha sido descartada y sobreseída dos veces por la Justicia.