El futuro de la justicia universal pasará por los 18 jueces de la Sala de lo Penal
Los 18 jueces que integran el Pleno de la Sala de lo Penal han decidido hoy, por unanimidad, que serán todos ellos quienes estudien conjuntamente cada recurso a la aplicación de la reforma de la justicia universal y no las distintas secciones. En el caso de que la Fiscalía o alguna de las partes presenten un recurso alegando que la reforma va en contra de la Carta Magna, será la Sala de lo Penal el órgano encargado de decidir si procede o no elevar el recurso al Tribunal Constitucional.
Las diferencias entre cada uno de los doce casos que instruyen los jueces de la Audiencia Nacional no permite adivinar su futuro de cada uno, pero el malestar es mayoritario en la Audiencia Nacional por el fondo y la forma en que el Gobierno ha llevado la reforma. Están desde quienes creen que la limitación establecida ha “vendido justicia a cambio de dinero” –en referencia a las presiones de China-, a quien considera que había otros métodos para acabar con algunos de los casos que menos posibilidades tenían de prosperar y al tiempo acarreaban serios problemas a España, como es el caso de la querella por genocidio en el Tíbet. En cualquier caso, la justicia universal es una de las señas de identidad de la Audiencia Nacional, aunque unos jueces de instrucción hayan actuado más convencidos de su utilidad que otros.
La decisión de que fuera el Pleno quien decidiera si le correspondía estudiar los recursos ha sido del presidente de la Sala, Fernando Grande-Marlaska. El magistrado se comprometió desde que comenzó a presidir el órgano en que llevaría al Pleno esta decisión cada vez que se presentase y que adoptaría lo que decidiera la mayoría. La Sala decidirá por tanto caso a caso, pero es previsible, según fuentes jurídicas, que con el primer recurso ya vaya sentando los criterios para posteriores decisiones.
La Fiscalía ya dejó entrever la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad cuando recurrió la decisión del juez Santiago Pedraz de declarar en un auto la “inaplicabilidad” de la reforma legislativa al caso del cámara José Couso. La Fiscalía cree que no correspondía al juez instructor, sino a la Sala de lo Penal adoptar esa decisión y presentó ante Pedraz un recurso de reforma, pendiente aún de resolver por el magistrado. En su escrito, la Fiscalía defendía que la decisión del juez le arrebataba la posibilidad de presentar un eventual recurso de inconstitucionalidad.
