La indignación internacional contra Arabia Saudí aumenta la presión sobre Sánchez por la venta de armas

El asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la embajada de Arabia Saudí se ha vuelto un problema para el Gobierno de Pedro Sánchez. La presión internacional y la negativa del Gobierno alemán a vender armamento al régimen saudí ha reabierto una polémica que el Ejecutivo socialista daba por superada. El pasado septiembre la ministra de Defensa, Margarita Robles, planteó la paralización de un contrato para 400 bombas y en pocos días el Gobierno rectificó al ver amenazado un pedido de cinco fragatas que iban a construirse en los astilleros de Cádiz. El Gobierno daba la polémica por encauzada, pero la sospechosa muerte del periodista, de la que se ha hecho eco toda la prensa internacional y que ha puesto el foco sobre el régimen saudí ha devuelto el asunto a la actualidad, justo en vísperas de que Sánchez tenga que comparecer en el Congreso en relación a este tema.

El presidente del Gobierno tendrá que dar una respuesta este miércoles en el hemiciclo, en una comparecencia fijada tras la anterior crisis. Sánchez acudirá al Parlamento a instancias de Unidos Podemos para rendir cuentas por la “autorización de exportación de armamento a Arabia Saudí”.

La comparecencia sobre ese asunto se produce un mes después de que los ministerios de Defensa y Exteriores chocaran entre sí –y la Junta de Andalucía con el Gobierno central– ante la amenaza del reino absolutista de romper un contrato multimillonario con Navantia por el amago Robles de dejar a Riad sin las 400 bombas apalabras por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El Gobierno decidió entonces mantener los contratos priorizando el empleo en la bahía de Cádiz y Ferrol sobre las violaciones de derechos humanos. Ahora la cuestión vuelve a ponerse sobre la mesa con el añadido de la presión internacional ejercida fundamentalmente desde Alemania y el Parlamento Europeo.

Angela Merkel ha anunciado que paralizará la venta de armamento a Arabia Saudí tras el asesinato del periodista y ha pedido al resto de países de la UE que sigan su ejemplo. La Comisión Europea ha iniciado una ronda de contactos con los socios europeos para replantear las relaciones con el país árabe.

El Gobierno de Sánchez no se pronuncia públicamente al respecto y se remite a las palabras del presidente el próximo miércoles en el Congreso. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha contestado a los periodistas que está “en contacto” con Berlín. Fuentes gubernamentales explican que la posición aún no está cerrada y que “el Gobierno está a expensas de la investigación”. Por ahora las pesquisas las manejan Arabia Saudí y Turquía, cuyo presidente, Tayyip Erdogan, ha asegurado dará toda la información este martes.

A esa investigación se ha remitido el Ejecutivo en todo momento incluso cuando Alemania, Francia y Reino Unido exigieron a Riad una “aclaración urgente”. Esos tres países también emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por el asesinato de Khashoggi y reclamaron una investigación. El Ministerio de Exteriores español se pronunció en términos similares un día más tarde. Fuentes del departamento que dirige Josep Borrell justifican que el motivo por el que se adelantaron los otros tres países es que forman parte del E3 que se “coordina en otros ámbitos”.

Fuentes socialistas aseguran que la respuesta a Arabia Saudí debe concretarse a nivel internacional con el resto de socios. España tiene más que perder en el negocio con ese país que otros estados, como Alemania, según esas fuentes, que recuerdan que Francia no ha secundado la posición de Merkel respecto al armamento. No obstante, el Gobierno español está analizando la respuesta. En cualquier caso, para que la UE apruebe un embargo total a un país requiere del consenso de los veintiocho.

El otro foco de presión procede de la Eurocámara, donde se votará en el Pleno de esta semana una propuesta de resolución sobre la muerte de Khashoggi. La Eurocámara ya se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de la venta de armas a Arabia Saudí que los países miembros, entre ellos España, han desoído. El debate es tan importante para los socialistas que la jefa de la delegación, Iratxe García, lo ha abordado directamente con Sánchez, según fuentes socialistas. El texto de la resolución aún se tiene que negociar.

Los movimientos sobre la venta de armas se producen en plena precampaña de las elecciones andaluzas. El Ejecutivo de Susana Díaz se revolvió contra el de Sánchez cuando el anuncio de Defensa puso en peligro el contrato multimillonario de Navantia para la construcción de cinco navíos. En esta ocasión, en San Telmo evitan cuestionar a Moncloa al entender que “no hay cambios” que afecten a ese acuerdo comercial.

“La política exterior la marca el Gobierno español”, señalan fuentes de la Junta, que evitan entrar en la “hipótesis” de que la línea que siga Sánchez sea la de Alemania: “No sabemos si esa va a ser la decisión”, agregan esas fuentes.

Mientras Sánchez analiza la situación y busca una respuesta internacional, Pablo Iglesias le exige que España deje de vender armas a la “teocracia asesina” de Arabia Saudí. Desde el PSOE, sin embargo, dudan de que esa posición la comparta, por ejemplo, el alcalde de Cádiz, José María González ('Kichi').

La UE sostiene que sus reglas prohíben vender armamento a países que incumplan los derechos humanos y el PSOE llevaba en su programa electoral la denegación de autorizaciones en los casos que las armas “puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano”. Sánchez tiene de nuevo que hacer equilibrios entre ese compromiso y los “intereses” económicos de España.

PP y Ciudadanos también son partidarios de ponerse de perfil hasta que haya una resolución concluyente de las pesquisas. “Cumpliría los compromisos adquiridos, sobre todo en Navantia, y esperaría a ver cómo evoluciona, estamos ante un caso que merece ser investigado –expresó el número dos del PP, Teodoro García-Egea, qu recomendó no tomar ”decisiones precipitadas“.

El partido de Albert Rivera también apuesta por la “seguridad jurídica”: “Queremos un Gobierno de España que sea responsable y serio y que cumpla los contratos, pero que también sea el primero en denunciar las violaciones de derechos humanos en Arabia Saudí, en Venezuela o en Cuba”, señaló Inés Arrimadas.