La falta de mascarillas divide a los fiscales, que discuten sobre si deben interrumpir su actividad

La falta de material de protección en los juzgados en plena crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus ha dividido a los fiscales, que discuten si su actividad debe ser paralizada, al menos, hasta que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado provean de mascarillas, guantes, gel desinfectante y, si es posible, de gafas, tal y como ha reclamado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales por la vía judicial.

El debate se ha abierto después de que el Juzgado de lo Social número 13 de Madrid acordara este jueves estimar parcialmente la medida cautelarísima planteada por APIF y diera 24 horas al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado para que distribuyan de forma inmediata a los fiscales y a los funcionarios de las Oficinas Fiscales los 'kits' de protección mientras dure la pandemia por COVID-19.

Un plazo que, según destaca APIF en un comunicado, ha concluido pasadas las 11.40 horas de este viernes. Si a esta hora no ha llegado dicho material, la asociación asegura que “amparará expresamente” a cualquier fiscal que decida “interrumpir su actividad o dejar de acudir al puesto de trabajo o juzgado”.

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

En este sentido, informa que la asociación estudiará la posibilidad de acudir al artículo 21.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que si el empresario no adopta o permite la adopción de las medidas necesarias para “garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores”, los representantes legales de éstos podrán acordar por mayoría la “paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo”.

En caso de que se adopte este acuerdo, APIF deberá comunicarlo inmediatamente a la Fiscalía General y al Ministerio de Justicia, así como a la autoridad laboral para que en el plazo de 24 horas anule o ratifique la paralización acordada, tal y como recoge la mencionada ley.

Asimismo, esta asociación de fiscales recuerda que el representante de Ministerio Público que quiera acogerse a este precepto deberá comunicárselo por escrito a su fiscal jefe y advierte de que la misma ley impide adoptar algún tipo de represalia institucional. En caso de que ello ocurra, la asociación asegura que “ejercerá acciones legales frente al concreto individuo que hostigue al fiscal que ejercite sus derechos laborales”.

Con todo ello, APIF quiere resaltar en su comunicado que “no desconoce el elevado encaje constitucional” de la función y deberes de los fiscales, pero considera que no es necesario “engrosar el número de afectados ante la indolencia de nuestros empleadores” y que cualquier “salida de casa supone un riesgo de contagio personal” y de quienes les rodean, lo que podría supone un perjuicio para “los servicios médicos ahora desbordados”.

Recuerda que este mismo jueves se conoció el fallecimiento de la fiscal Antidroga Cristina Toro Ariza a causa del coronavirus e informa de que al menos dos fiscales más están hospitalizados y otros varios se encuentran en sus casas contagiados por el COVID-19.

Por ello, esta asociación exige que sea el “empleador”, en este caso el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, el que tiene que “dar los medios de prevención” a los fiscales y “no depender de que el juzgado de turno, de instrucción o de enjuiciamiento, tenga la delicadeza” de facilitar dichos equipamientos.

RECHAZO DE LA UPF

Sin embargo, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) no comparte esta reacción y afirma que en la “situación que atraviesa España estos meses” por la pandemia del coronavirus es necesario un “esfuerzo común para hacer frente a este reto”. Por ello, rechaza la iniciativa de APIF, que la tilda de “absurda”, al considerar que promover el “abandono” de los fiscales que están en guardia y prestando servicios esenciales puede ser “incluso delictiva”.

Según UPF, esta pretensión de la asociación minoritaria de fiscales “obvia” que son “servidores públicos”, al igual que jueces, letrados de la Administración de Justicia, Abogacía, funcionarios, cuerpos policiales y forenses, lo que implican que deben estar “allí donde se nos necesite en estas circunstancias, más allá de intereses personales”.

Todo ello no quita para seguir demandando medidas de prevención y de protección personal, afirma la UPF, que asegura que reitera “a diario” esa petición. “No nos puede hacer olvidar lo que somos y lo esencial de nuestro trabajo para la sociedad, así como tampoco podemos dejar de valorar los esfuerzos de la Fiscalía General del Estado para lograr que nuestro trabajo se desarrolle en condiciones de seguridad”, concluye.