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Salario mínimo de 900 euros, diálogo frustrado con el independentismo y dos ministros dimitidos en nueve meses

La relación con el mundo independentista ha acabado por romper a un Gobierno al que se ha acusado de ceder ante los nacionalistas para garantizarse el apoyo en el Parlamento

La principal medida económica del Gobierno ha sido la subida del salario mínimo a 900 euros, propuesta por Unidos Podemos

Sánchez no ha conseguido cumplir su promesa de sacar a Franco del Valle de los Caídos y la decisión tendrá que pasar por el Tribunal Supremo ante el recurso anunciado por la familia del dictador

El Gobierno ha aprobado un total de 25 decretos con los que ha solventado las dificultades para sacar leyes adelante por su debilidad parlamentaria

Sánchez desvela este viernes la fecha de las elecciones generales

Sánchez desvela este viernes la fecha de las elecciones generales EFE

Los ocho meses que ha durado el Gobierno de Pedro Sánchez han estado sembrados tensión para un ejecutivo que ha dependido desde su nacimiento del apoyo de las formaciones nacionalistas. Sánchez ha tratado de tender puentes entre el mundo independentista y los aparatos del Estado, con los responsables del Procés encarcelados a la espera de un juicio que ha coincidido con el abrupto final de la legislatura. La búsqueda de una solución para el problema catalán se le ha atragantado al presidente hasta el punto de poner final a su mandato. Las elecciones serán finalmente el próximo 28 de abril. 

Con la disolución del Parlamento, el Gobierno aclara la principal incógnita con la que Sánchez llegó a La Moncloa. Durante el debate de la moción de censura el presidente del PSOE explicó en tres palabras cuál sería la hoja de ruta de su mandato: "Censura, estabilidad y elecciones". No pasó mucho tiempo hasta que el Gobierno empezó a deshacer su primera promesa de ir a elecciones de manera inmediata y el propio Sánchez empezó a deslizar su intención de mantenerse en el poder hasta el final de la legislatura. Las tensiones con el mundo independentista se lo han impedido.

Durante su mandato, el Gobierno del PSOE ha empleado dos estrategias: gobernar a golpe de decreto mientras buscaba un proyecto de presupuestos. La segunda no ha podido. Atrás quedan las afirmaciones en las que el propio presidente aseguraba que la aprobación de presupuestos era accesoria e insinuaba que no presentaría presupuestos para "no marear a los españoles". La última reflexión al respecto la ha protagonizado el propio Sánchez en la rueda de prensa en la que ha anunciado su intención de convocar elecciones: "Llámenme clásico pero sin presupuestos uno no puede gobernar", ha dicho. 

Catalunya, problema sin resolver

En estos meses, el Gobierno ha intentado sin éxito buscar una solución al problema catalán en un clima de alta tensión y con el conflicto ya judicializado. Sánchez necesitaba el apoyo de los grupos independentistas en el Congreso pero siempre trató de no aparecer como un líder que hacía demasiadas concesiones a los partidos secesionistas. Las llamadas al diálogo después de meses de ruptura desde el Gobierno de Mariano Rajoy y la aplicación del 155 han sido constantes, pero el Govern y los partidos que lo sostienen han insistido en poder hablar de autodeterminación mientras exigía al Ejecutivo socialista que la Fiscalía recalificase la acusación de rebelión contra los líderes independentistas presos. "Dentro de la Constitución, todo", ha vuelto a insistir Sánchez durante su despedida este viernes. 

El pasado 9 de julio, apenas un mes después de llegar al poder, Sánchez recibió en Moncloa al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Se iniciaba así un diálogo para superar el conflicto. Unas semanas antes de aquel primer encuentro entre Sánchez y Torra, Moncloa anunció su decisión de trasladar a los líderes independentistas encarcelados de forma preventiva a cárceles catalanas. Fue el primero de una serie de gestos con los que Sánchez buscaba el amparo de ERC y PDeCAT en las votaciones del Congreso. La decisión se adoptó el 29 de junio y tras ella arreciaron las primeras críticas que no dejarían de perseguir al Gobierno: la oposición acusaba al Gobierno de basar su supervivencia en las cesiones, por más que el encarcelamiento de presos cerca de sus domicilios sea la práctica habitual en la política penitenciaria española. 

Muy criticada fue también la decisión de Abogacía del Estado de rebajar su acusación contra los líderes del Procés. La representación legal del Gobierno decidió el pasado uno de noviembre aparcar la acusación por rebelión y limitarse a pedir responsabilidades a los líderes independentistas por los delitos de sedición y malversación. 

El pasado 21 de diciembre, el Gobierno intentaba un nuevo acercamiento con la celebración de una Consejo de Ministros en Barcelona. La reunión estuvo precedida de un segundo encuentro entre Sánchez y Torra, a quienes acompañaron varios miembros de sus respectivos gobiernos. Hubo protestas en las calles, como respuesta a la presencia del Gobierno en Catalunya y nuevas críticas en el seno de la oposición que señalaban la existencia de "un pacto oculto" entre el Ejecutivo y el mundo independentista. 

El mero diálogo de Sánchez con el gobierno catalán ha propiciado una reacción durísima por parte del Partido Popular y su nuevo líder, Pablo Casado, de Ciudadanos y por supuesto de Vox.  El 24 de octubre, durante un debate en el Congreso, Casado, acusó al presidente de ser el responsable de un golpe de Estado en Catalunya. Sánchez respondió rompiendo relaciones con el líder del PP. La escalada de acusaciones iría, sin embargo, en aumento con el paso de las semanas

La figura de un relator, aceptada por el Gobierno para sus negociaciones con el independentismo, acabaría por elevar el tono de los debates a su cota máxima. Tras conocerse las intenciones del Gobierno de apoyarse en un árbitro para negociar con el independentismo, Pablo Casado salió al paso acusando al Gobierno de "alta traición" y anunciando la convocatoria de una movilización contra el Gobierno en las calles de Madrid. Ciudadanos y Vox también se sumaron a esa iniciativa y, en los días más aciagos para Sánchez, Casado, Rivera y Abascal protagonizaron una foto de unión, frente a una izquierda dividida y un PSOE en donde las críticas hacia las decisiones del presidente se empezaron a trasladar sin disimulo.

13 leyes desbloqueadas y 25 decretos aprobados

Han sido ocho meses sin apenas cambios legislativos pero en los que el líder del PSOE ha intentado pasar a la historia con grandes hitos: subida del salario mínimo, intento de sacar a Franco del Valle de los Caídos, recuperación de la sanidad universal, primer viaje a Cuba en 32 años. En total el Gobierno ha desbloqueado la tramitación de 13 reformas legales y ha emitido un total de 25 decretos, que posteriormente han sido refrendados por el Congreso. Los decretos tienen efectos inmediatos, mientras que las leyes cuya tramitación se ha reactivado pasan ahora al cajón del papel mojado, a la espera de un nuevo reparto de fuerzas en el Congreso. 

De toda la acción del Gobierno la decisión más relevante ha sido la aprobación del nuevo salario mínimo interprofesional. Durante el mandato de Sánchez, el SMI ha quedado fijado en 900 euros, lo que supone una subida superior al 20% al anterior. La propuesta, impulsada por Unidos Podemos, fue adoptada como propia por el Gobierno y Sánchez la ha recordado como uno de los hitos de su Gobierno durante la rueda de prensa en la que ha anunciado elecciones para el próximo 28 de abril. 

Durante estos más de ocho meses, el Gobierno ha conseguido también recuperar la cobertura universal para la Sanidad. Fue la principal decisión adoptada por la ministra Carmen Montón, antes de su apresurada dimisión por haberse beneficiado de los manejos de la Universidad Rey Juan Carlos en la obtención de un máster sin haber asistido a clase. 

El ejecutivo de Sánchez cambió la ley que obligaba a los clientes a pagar los impuestos asociados a la contratación de una hipoteca y puso sobre la mesa una propuesta para acabar con los aforamientos de los políticos, con una propuesta de reforma constitucional que ha quedado en el cajón de las tareas pendientes.

Los grandes acuerdos que naufragaron

Durante su mandato, Sánchez intentó impulsar grandes acuerdos que implicaban la participación del Partido Popular. El pasado 2 de agosto, el presidente recibió en La Moncloa al nuevo líder del PP, Pablo Casado. En esa reunión, ambos dirigentes se pusieron de acuerdo para desbloquear la renovación de la cúpula judicial. Todo acabaría saltando por los aires. 

PSOE y PP habían pactado el nombre de Manuel Marchena para la presidencia del órgano de gobierno de los jueces. El reparto de vocales para el CGPJ estaba acordado e incluso se había cerrado la cuota con la que Unidos Podemos participaría desde fuera en el entendimiento. 

Un mensaje de WhatsApp, enviado por el portavoz del PP en el Senado acabaría truncando el acuerdo. En ese mensaje, Ignacio Cosidó aseguraba que el acuerdo permitiría al PP "controlar desde detrás" a la judicatura española. El propio Marchena salió al paso renunciando públicamente al nombramiento que se había acordado sobre su persona. La renovación de la cúpula judicial quedó bloqueada sin que hasta hoy se haya avanzado en la materia. 

Otro renovación que estuvo a punto de producirse y que se quedó a las puertas fue la que afectaba al Consejo de Administración de RTVE. El equipo de Sánchez se había conjurado para acabar con la manipulación y falta de objetividad que se habían instalado en la televisión pública durante el mandato de Rajoy. La propuesta para renovar TVE acabaría truncándose y la nueva televisión fue puesta en manos de la periodista Rosa María Mateo, en condición de administradora única temporal.  

Dimisiones, polémicas y la reprobación de una ministra 

La breve legislatura no ha estado exenta de polémicas y problemas para el Gobierno. En el breve periodo de tiempo en el que Sánchez ha dirigido al ejecutivo, dos de sus ministros (Maxim Huerta y Carmen Montón) se han visto obligados a presentar su dimisión y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha sido reprobada por el parlamento, algo que ocurre por primera vez durante un gobierno socialista. 

El caso de Huerta pasará a la historia como el del ministro más breve de la historia de España; no duró ni una semana en el cargo. La noticia sobre el uso de una sociedad para ahorrarse el pago de impuestos lo fulminó en cuestión de horas. Con Carmen Montón, pasó algo parecido. A la vuelta del verano, eldiario.es publicó una información sobre el master que la dirigente habría obtenido de manera irregular en la polémica Universidad Rey Juan Carlos. Tras un día de numantina defensa, Montón acabaría por dejar el Gobierno.

Con Montón y Huerta fuera del Gobierno, las críticas se centraron en la ministra de Justicia, Dolores Delgado. La publicación de unas grabaciones atribuidas al comisario Villarejo en las que Delgado participaba de una charla junto al exjuez Baltasar Garzón provocó una persecución política contra la ministra, que concluyó con su reprobación en el Congreso el pasado 22 de noviembre. 

Sin solución a la promesa sobre Franco

Sánchez se va del Gobierno sin conseguir cumplir una de sus principales promesas ideológicas: sacar a Franco del Valle de los Caídos. Este mismo viernes, el Gobierno ha aprobado el acuerdo que resuelve el procedimiento para la exhumación del dictador. El gesto, podía quedarse solo en eso ya que la decisión del Gobierno podrá ser ahora recurrida por la familia Franco ante el Tribunal Supremo, lo que abriría un nuevo proceso, cuya resolución última será ya responsabilidad del próximo Gobierno.

El anuncio sobre Franco fue una de las cuestiones que más ha retratado al Gobierno saliente. El equipo de Sánchez no supo medir la reacción dela familia del dictador ante su intención de sacarlo del mausoleo en el que se encuentran sus restos. Moncloa llegó a prometer que "antes de verano" el cuerpo del dictador estaría fuera del Valle de los Caídos. El presidente se marcha sin que esa promesa se haya convertido en realidad pero sin renunciar a llevarla a cabo en las próximas semanas.

El presidente exterior

Durante su mandato, Pedro Sánchez ha sido muy criticado por su extensa agenda internacional y por el uso del avión de la Fuerza Aérea a disposición del presidente. La polémica por la utilización del Falcon se inició en territorio nacional, después de que Sánchez lo usase para desplazarse a un concierto en julio, en el marco del festival de Benicássim.

Después de aquello, cada desplazamiento del jefe del Gobierno ha sido tratado por la oposición como una repetición de aquella polémica. Al margen de controversias, la breve legislatura de Sánchez ha estado marcada por la búsqueda de un papel central en el escenario internacional. 

El 23 de junio, Sánchez inauguró su agenda internacional con un viaje a Paris en donde se reunió con Emmanuel Macron. Poco después, durante la segunda semana de agosto, recibió en Doñana a la primera ministra alemana, Ángela Merkel. Los matrimonios Sánchez y Merkel se dejaron fotografiar juntos durante una visita a un centro de recuperación de lince ibérico, instalado en el parque natural. Eran tiempos en los que la escena internacional reconocía el papel de Sánchez como presidente y los principales mandatarios reconocían su presidencia. 

De entre los movimientos al exterior, el Gobierno quiso darle un carácter "histórico" al que Sánchez protagonizó en Cuba. Después de 32 años, un presidente español volvía a la isla para firmar una serie de acuerdos que incluyen la puesta en marcha de una mesa de diálogo a dos bandas, en la que se tiene previsto abordar todo tipo de asuntos, sin excluir el debate sobre derechos humanos. Será el nuevo gobierno el que tome el relevo de esa agenda pactada entre ambos países en el mes de noviembre. 

En clave internacional, ha sido relevante uno de los primeros anuncios realizados por Sánchez tras su llegada al cargo. Ocurrió el 11 de junio. El Gobierno comunicaba su intención de acoger a los 629 migrantes a bordo del buque Aquarius, a los que Italia negaba el desembarco. El puerto elegido fue Valencia. El movimiento del Gobierno tuvo su efecto en la posición adoptada por el resto de formaciones en torno al problema migratorio. El uno de agosto, El presidente del PP, Pablo Casado, se dejó caer por el puerto de Algeciras para estrechar la mano de un grupo de personas recién rescatadas del mar. Pese a la foto amable, Casado repitió ese día a los periodistas que en España no hay papeles para todos. 

Han sido casi nueve meses muy intensos. En ellos, Sánchez ha encontrado tiempo para dirigirse a la sesión plenaria de la Cumbre del Clima que se celebró en diciembre en la ciudad polaca de Katowice. En aquella intervención, advirtió al mundo de que no se estaban cumpliendo los objetivos pactados para luchar contra el cambio climático. Solo diez días después de aquello, Sánchez participó en otra cumbre internacional de la ONU, esta vez en Marrakech y con el problema migratorio como objeto de discusión. 

Su agenda de viajes en menos de un año ha incluido Nueva York, a donde el presidente asistió para hablar ante la Asamblea General de la ONU y revindicar que España "no se ha dejado radicalizar por la xenofobia". Antes de Nueva York, Sánchez había pasado por Canadá en donde selló con Justin Trudeau la puesta en marcha de una agenda progresista en la que participasen ambos países. 

Contrariamente a lo que señala la tradición, Sánchez abandonará la presidencia sin llevar a cabo el viaje oficial con el que los presidentes españoles acostumbran a abrir sus agendas internacionales. No ha habido viaje de Estado a Marruecos. Con las elecciones a la vista, el último presidente socialista pasará a la historia como uno de los más viajeros de la democracia y el único que se ha dejado la cita marroquí en la carpeta de asuntos pendientes. 

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