El Comité de Derechos Humanos de la ONU estudiará si España vulneró la independencia del juez Garzón al procesarle
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas estudiará la demanda que interpuso el que fuera juez de la Audiencia Nacional y hoy abogado en ejercicio Baltasar Garzón contra España. Tanto el Tribunal Constitucional como el TEDH inadmitieron de plano sus recursos contra la condena por prevaricación que le impuso el Tribunal Supremo en 2012 por intervenir las conversaciones de los capos de la Gürtel en prisión.
En el caso del tribunal con sede en Estrasburgo, el recurso de Garzón fue contestado en junio de 2015 con una simple providencia en el que se declaraban inadmisibles sus pretensiones. Ahora, ocho años después de su condena, el Comité de la ONU responde a una demanda del propio exmagistrado contra la justicia española por atacar su independencia como juez al abrir procedimientos penales contra él que le costaron su inhabilitación. En su día, este órgano de la ONU reclamó a las autoridades españolas la presentación de alegaciones, y tras estudiarlas ha resuelto admitir el estudio del caso.
La demanda del que fuera uno de los jueces más populares de la Audiencia Nacional -instruyó la causa contra Pinochet e importantes sumarios contra el entorno de ETA, entre otros-, fue presentada en el Comité el 31 de enero de 2016. En ella se denunciaba ante la ONU que entre el 2009 y 2012, el juez Garzón fue investigado e imputado penalmente “por sus interpretaciones y aplicación de la ley” en el contexto de sus investigaciones judiciales en dos casos: por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Franco y por su presunta corrupción de personas pertenecientes al PP en el denominado caso Gürtel.
Así, se iniciaron contra él dos causas penales, resultando Garzón absuelto en el caso del Franquismo, mientras que fue inhabilitado durante 11 años por intervenir conversaciones del líder de la trama Gürtel Paco Correa con sus abogados en prisión. Para Garzón, sin embargo, y así lo señaló en su demanda ante la ONU, ello constituyó “un flagrante ataque a la independencia judicial y una violación de los derechos del entonces juez bajo el Pacto ratificado por España”.
