La negativa de la Audiencia Nacional a examinar a fondo el móvil de Fernández Díaz dificulta la investigación al exministro en Kitchen

No habrá un análisis a fondo del contenido del teléfono del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al que su ex número dos atribuye mensajes incriminatorios en la operación parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas para recuperar documentos de la financiación ilegal del PP. La disección de ese terminal, rechazada la semana pasada por la Audiencia Nacional, resulta clave para tratar de confirmar si Fernández Díaz, imputado en esta causa, remitió a Francisco Martínez esos mensajes que recogían detalles e instrucciones sobre el operativo, admiten fuentes de las acusaciones populares, que ven en esta decisión un “contratiempo” que “impide tener un mayor conocimiento” del papel que el exministro jugó en la trama. 

El Juzgado Central de Instrucción número 6 que lleva adelante estas pesquisas en el marco de la operación Kitchen dejó el pasado 24 de marzo “sin efecto, ni valor alguno” la resolución por la que había propuesto un mes antes a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que dijera qué hacer con ese teléfono, tras constatar en un primer análisis que ni en la aplicación de mensajería ni en la de WhatsApp se conservaban los mensajes incautados a Martínez que evidencian que Fernández Díaz habría conocido y controlado esa operación con fondos reservados. 

Tras esa resolución, los agentes habían propuesto al juez poder buscar en el Servicio de Interceptación Telefónica, Sitel, la información contenida en ese teléfono que pudiera “haber sido borrada” antes de su entrega en sede judicial. Esa consulta podría haber recuperado la memoria del número de teléfono asignado y dar con los mensajes si es que estos hubieran sido borrados del terminal. Conscientes del carácter intrusivo de la medida, desde Asuntos Internos pidieron al juez que, de aceptar su petición, estableciera las condiciones que considerara y que ese análisis se ciñera “exclusivamente a aquellos archivos concretos que guarden vinculación directa con los hechos objeto de investigación”.

Pero la resolución que ponía ese terminal a disposición de la Unidad de Asuntos Internos fue impugnada por la defensa de Fernández Díaz, que presentó un escrito en el que se negaba a que los agentes indagaran en su contenido. El abogado Jesús Mandri alegó que dada su anterior condición de ministro, el móvil podía “contener información muy sensible que no guarda relación alguna con los hechos que son objeto de investigación en la causa”. El recurso también tachaba el requerimiento de “absolutamente” improcedente e “inútil”, además de “genérico” y “ambiguo”, y alegaba una supuesta “indefensión” para el al exministro. 

Además, subrayaba el recurso, dicha diligencia debería haberla ordenado el juez y no el letrado de la administración de justicia, ya que acordaba un requerimiento “de suma relevancia”. En la resolución del pasado 24 de marzo, el letrado reconoce que “se excedió” al admitir la intervención de la Policía “fuera del marco establecido” en un auto anterior en el que el juez había limitado el rastreo a la existencia de posibles mensajes entre el exministro y el que fuera su número dos. Y, en consecuencia, dejó “sin efecto, ni valor alguno” su decreto anterior, del 23 de febrero. Fuentes de las acusaciones populares admiten que esta manera de proceder del juzgado no fue “garantista”. 

Dos meses para aportar el teléfono 

La disección de ese terminal habría resultado clave para tratar de comprobar si realmente Fernández Díaz envió los cuatro mensajes que le implican en la operación de vigilancia y seguimiento del entorno de Bárcenas y que fueron depositados ante notario el 13 de junio de 2019 por su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, tal y como adelantó elDiario.es.

En esas conversaciones, el titular de la cartera de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy pone en conocimiento de su subalterno la existencia de un dispositivo policial que incluía la infiltración de un topo en el entorno de Bárcenas y que resultó ser el chófer de la familia, Sergio Ríos Esgueva, hoy policía nacional.

Tras su careo con Francisco Martínez, el 13 de noviembre, el exministro Fernández Díaz aseguró que no tenía inconveniente en depositar en sede judicial su teléfono móvil para que pudiera constatarse su versión de que nunca envió esos mensajes. Pero a esa inicial disposición, ha ido obstaculizando las pesquisas en torno al terminal. El juez Manuel García-Castellón se lo reclamó una vez concluyó el careo. Entonces, el exministro dijo que no conservaba el teléfono de la época de los mensajes pero que no tenía inconveniente en entregar el que le había sustituido. Al final tardó más de dos meses en depositarlo en la Audiencia Nacional, el pasado 22 de enero. 

Tras acceder al servicio de mensajería y de la aplicación de WhatsApp de ese terminal —el que usó después de 2013 y hasta abril de 2020, incluida parte de su etapa como ministro—, los funcionarios del Juzgado Central de Instrucción número 6 no encontraron los mensajes que Martínez protocolizó ante notario y que asegura que le envió Fernández Díaz. Y cuando el juzgado preguntó a Asuntos Internos qué se podía hacer con el teléfono, la defensa del exministro se adelantó y alegó que ese terminal contenía “información muy sensible” intentando impedir así que los agentes indagaran en su contenido.

No obstante, Asuntos Internos había solicitado al juez que, en caso de aceptar su petición de rastrear a fondo del teléfono, pusiera las condiciones para que ese análisis se limitara a los archivos relacionados con la causa. Así se ha procedido, por ejemplo, con el examen del teléfono de Francisco Martínez, que también fue aportado al juzgado.