“Las fuerzas del cambio tenemos la obligación de hacer transformaciones culturales y garantizar seguridad material”

Gerardo Pisarello (Tucumán, 1970) llega a la redacción de eldiario.es después de haber visitado a Jordi Cuixart. El presidente de Òmnium lleva ya cinco meses en Soto del Real en prisión preventiva por el 1-O. “Es triste, doloroso, conociendo a Jordi, que es una persona pacífica y con la que hemos podido discrepar, pero es noble”, reflexiona el primer teniente de alcalde de Barcelona y concejal de Economía: “Hoy entraba en esa prisión, sentías las puertas que se cerraban detrás y lo veías cinco meses después acusado de un delito que buena parte de los juristas dicen que es inexistente y no podía creer cómo se ha llegado hasta aquí”.

“Soto del Real está alejada de Madrid, tienes que ir a Colmenar Viejo en un tren y luego coger un taxi, y allí perdido te encuentras la prisión y con la sensación de que estas cosas se acaban normalizando”, prosigue el profesor de Derecho Constitucional: “Pero es inaceptable. Lo que puede pasar con Jordi Cuixart también pasa con más gente, hay un retroceso de libertades muy grande. Y como Jordi está Alfon, los raperos... Es una sensación dura cuando lo ves en persona y te hace reflexionar sobre un retroceso muy importante en materia de libertades que es muy preocupante”.

¿Está habiendo una reacción que lleva de la mano ese estrechamiento de márgenes para la expresión?

Hace muchos años que veníamos denunciando la criminalización de la protesta, las leyes mordaza, el endurecimiento del Código Penal, y con la excusa de Catalunya y del 155 hay una nueva vuelta de tuerca en toda España. Se están produciendo ataques a la libertad de expresión y se están usando los delitos de odio, creados para proteger a los débiles, para proteger a los poderosos, a quienes no tienen control público. Se está empobreciendo la democracia. Ahora, también hay una parte positiva dentro de esta tragedia, y es que cada vez hay más gente que lo ve. La denuncia de la prisión preventiva en el caso de Cuixart y de los otros presos catalanes, la denuncia de la censura en el caso de ARCO y los artistas, comienza a venir de gente muy diversa: juristas, gente de la cultura, la alcaldesa de Madrid decidió no ir a ARCO por ese tipo de censuras, y cuando después de todo esto el rey fue a Barcelona cosas que en el año anterior podría no parecernos tan escandalosas como el besamanos, en ese marco de restricción de libertades parecía un anacronismo enrome. Veo esos dos movimientos: retroceso y vulneración de libertades básicas y una toma de conciencia creciente de que eso. Y en la manifestación feminista aparecía también ese grito de libertad frente a diversas formas de censura.

La crítica al rey en Barcelona también tenía que ver con el discurso del 3 de octubre.

Eran diversos elementos. Uno era ese discurso del 3 de octubre en el que mucha gente en Catalunya, no yo que siempre he sido republicano, esperaba que el rey hiciera un discurso conforme a su papel de árbitro, pero lo que hizo fue legitimar la represión de gente pacífica y eso hizo que mucha gente en Catalunya que era monárquica o que no se había visto en la necesidad de cuestionar la monarquía se preguntara para qué servía la monarquía. Si la monarquía no era capaz de denunciar la corrupción, si no servía para garantizar los derechos sociales en medio de una crisis, si tampoco servía para dar una solución dialogada para lo que estaba pasando en Catalunya. ¿Para qué servía? Y creo que ese interrogante continúa abierto. Lo que ocurre es que cuando no se ve cuál es la función que tiene el monarca, y se ve que la monarquía se utiliza como instrumento para censurar expresiones artísticas y musicales, eso es preocupante. Mucha gente toma conciencia de que estamos frente a una institución del Estado que no es elegida por el voto y está superprotegida en términos penales y es inmune a la crítica pública. Y esto es una anomalía democrática y en comparación con otras monarquías europeas.

Se juntaron muchos factores al mismo tiempo, y también ARCO, y se vio como una actitud de defensa de libertades básicas y la democracia.

¿Esa intervención del rey del 3 de octubre es un síntoma del cierre reaccionario de la crisis de régimen y el 155? ¿Se ha cerrado la ventana de oportunidad?

Existe un movimiento de reflujo y de consolidación y reforzamiento del régimen, pero hay elementos que continúan presentando grietas importantes. Y la propia dificultad para intentar consolidar a la monarquía, para otorgar a la monarquía una función que sea socialmente aceptada de forma masiva es una prueba de que la crisis continúa estando allí. Yo veía la manifestación feminista en Madrid, y es uno de los hechos más esperanzadores y alentadores, y pocas semanas antes la marea de los pensionistas... Y ves que hay temas de fondo que no están resueltos, y a pesar de que hay una sensación de repliegue, de repente aparecen cosas que vuelven a conectar con la potencia movilizadora del 15M. Era imposible no salir en la calle el jueves y no sentir ese olor de 15M en Madrid, Barcelona y Sevilla, pero también en pueblos pequeños. Y eso es que hay algo en el régimen que no acaba de consolidarse, que esas grietas cuando parece que se están cerrando vuelven a abrirse por lugares inesperados.

En las últimas catalanas parecía que era hacer política en clave nacional española o en clave nacional catalana. Un escenario en el que parece que sufren mucho, ¿Ada Colau se ha quemado mucho en eso?

Sufrimos, lo pasamos mal, porque nos sentimos muy incómodos en esa política de bloques, polarizada, en la que no hay ningún tipo de matiz, pero yo creo que poco a poco estamos saliendo de ese escenario. Siempre hemos defendido desde Catalunya que España no era simplemente Rajoy, el PP, Rivera y todos los tópicos reaccionarios. Y por ejemplo en la manifestación feminista nos da la razón a muchos que en Catalunya decíamos que hay muchas Españas con las que hay que mantener lazos estrechos porque son compañeras y compañeros que buscan lo mismo que nosotros.

Y al mismo tiempo, veo que cada vez hay más gente que dice que no hace falta ser independentista para creer que la actitud judicial con el proceso catalán y su judicialización son inadmisibles.

Nosotros lo pasamos mal en el momento en el que la política de bloques no permitía salir de ahí, pero ahora comienzo a ver que se abren escenarios que permiten defender lo que siempre hemos defendido: que la ciudadanía de Catalunya pueda decidir libremente formar parte de un proyecto común con el resto de pueblos y gentes de toda España.

¿Eso se verá alguna vez? A veces parece como si esa propuesta suya y de Unidos Podemos esté llegando demasiado pronto para España.

El elemento básico es el reconocimiento de la diversidad lingüística, cultural, institucional y la pluralidad, que ya existe y ya está, y es una gran riqueza. Hay que buscar el mejor medio para articular esa diversidad de manera respetuosa y de manera libremente decidida, y hay muchas vías para conseguirlo. No existe una sola. Ahora se trata de buscar cuáles son esas vías, esa es la tarea.

Ha habido en Catalunya un retroceso tan grande en el autogobierno, que en algunos casos estamos en una situación preautonómica, y eso también es responsabilidad de la hoja de ruta de JxSí, quizá el principal error fue que no contaba con una parte importante de la población de Catalunya. Pero ahora el desafío es recuperar el autogobierno y seguir buscando una forma de encaje de toda esa diversidad de la forma más inteligente posible.

Para recuperar ese autogobierno, hace falta tener un Govern. ¿Qué va a pasar con la investidura?

Leía el auto sobre Jordi Sánchez y me parece un despropósito vincular actos pacíficos a hipotéticas violencias, es inaceptable por las consecuencias que tiene. Pero es importante que en Catalunya haya un Gobierno efectivo, que haya una cierta distensión, que no quiere decir renunciar, sino que se puedan hacer políticas, y lo digo como responsable municipal, que son las que la gran parte de la población está reclamando.

Necesito un Govern que sea cómplice con las políticas de vivienda que estamos impulsando, en las de Salud y Educación para llegar a sectores que lo están pasando muy mal. Esa es la prioridad, y vamos a ver si quien tiene la responsabilidad política y quienes obtuvieron los votos para hacerlo son capaces para buscar esa respuesta.

Hace falta un candidato.

Claro, no es un momento de renuncias, pero sí de hacer un ejercicio realista poniendo en primer lugar la necesidad de recuperar el autogobierno y se levante el 155, y luego poder hacer políticas que cohesionen la sociedad, que combatan la desigualdad y activen la economía. Es el reto principal.

Dentro de esas políticas de vivienda, ustedes están poniendo en marcha pequeños pisos prefabricados. ¿Es una medida para largo plazo? En Barcelona sigue habiendo desahucios.

La emergencia social para nosotros es el principal problema. Y es verdad que en muy poco tiempo pasamos de una emergencia social que tenía que ver con las ejecuciones hipotecarias a una que tiene que ver con los desalojos por impago de alquiler, que es otra cosa. Y nuestro deber es mostrar que somos un gobierno todo menos indolente, y nuestras concejalas y concejales se personan para intentar parar esos desahucios y se han parado 2.000. Pero la clave está en la política pública, y hay instrumentos que dependen de nosotros pero la mayoría están en la Generalitat, que tiene la competencia, y el Gobierno central, que debería impulsar algo tan importante como la Ley de Arrendamientos Urbanos, una de las principales causas de vulnerabilidad de los arrendatarios.

Pero, a partir de aquí, nosotros hemos multiplicado por cuatro el presupuesto en materia de vivienda, hemos iniciado 66 promociones de vivienda –un 500% más de lo que hizo el gobierno anterior de Trias–, y lo estamos intentando todo: vivienda pública de alquiler, proyectos de viviendas cooperativas, estos módulos industriales que se están haciendo ahora porque son más rápidos, aumentar las ayudas para el pago del alquiler, hacer censos de pisos vacíos, poner multas a los bancos que no ceden los pisos... Siendo una persona autocrítica, creo que nunca se habían utilizado tantos instrumentos para intentar parar una crisis habitacional que es durísima, porque presenta algunos fenómenos como los fondos de inversión que son relativamente nuevos.

¿Cómo lo puede combatir un Ayuntamiento?

Es complicado. Porque son fondos que aterrizan, compran edificios enteros, los rehabilitan y los venden o alquilan a inquilinos que pagan 3-4 veces lo que pagaban los anteriores. Estamos utilizando elementos urbanísticos para ponérselo difícil, controlamos el tipo de rehabilitaciones que se hacen y cuando hay algún inconveniente paramos la obra para proteger a los inquilinos. Compramos vivienda, edificios emblemáticos que estaban expuestos a la especulación antes de que los fondos puedan intervenir... Y luego estamos lanzando una señal: cuando aparecen inmobiliarias o fondos que utilizan este tipo de prácticas, lo denunciamos públicamente y lanzamos un mensaje: en Barcelona, quien quiera venir a hacer inversiones productivas, con sensibilidad social y ambiental, son bienvenidos. Pero estos fondos que solamente quieren venir a especular a la ciudad y echar a la gente de los barrios, son enemigos de la ciudad.

Es un fenómeno complicadísimo que afecta a todas las ciudades. Tenemos un equipo interáreas para pensar todas las medidas posibles para luchar contra la gentrificación. Hay que dejarse la piel en eso, porque es uno de los grandes retos de las grandes metrópolis.

¿Han notado algún impacto económico a consecuencia de la DUI y el 155?

Hubo algunos meses en los que se notó, donde más allá de las noticias de los traslados de sedes, había preocupación en pequeñas empresas. Pero también hubo un intento deliberado por exagerarlo, y a pesar de ello si uno atiende a los datos objetivos, en relación con Barcelona son buenos en términos de creación de empresas, actividad económica, etc... Si tenemos en cuenta que en 2017 también tuvimos los atentados, la vitalidad del mundo económico y asociativo sigue siendo muy fuerte, y lo acabamos de ver con el congreso del móvil y otros congresos internacionales que vienen a la ciudad.

Hay un tejido económico empresarial, pero también innovador, en el ámbito de la investigación, las universidades, que tienen una gran potencia para construir una economía basada en un desarrollo inteligente, vinculado a sectores con valor agregado y no simplemente a los especulativos y rentistas, que son los que más daño hacen a las ciudades.

Barcelona en Comú tiene 11 de 41 concejales, ha costado aprobar los presupuestos... ¿Cómo ve la estabilidad en lo que queda?

Nos decían que era una especie de transatlántico que costaba mucho de mover, pero creo que se ha movido: las prioridades son otras. Y eso se nota cuando uno coge un presupuesto y ve a qué barrios se destina el dinero, a qué sectores se dedica el dinero, el cambio que ha habido en la inversión en materia de salud y de vivienda. Barcelona es la ciudad en la que más ha crecido la inversión social y se ha reducido el endeudamiento, pagamos a los proveedores a menos de 30 días... Los que veníamos supuestamente a generar el caos estamos demostrando que podemos gestionar de manera rigurosa, solvente, honesta y redistributiva. Y el transatlántico se ha movido.

En ese sentido, es verdad que ahora nos toca gobernar solos en un consistorio de siete fuerzas políticas, pero los grandes proyectos de ciudad ya están acordados y en marcha. El cambio presupuestario fue posible gracias a las diferentes fuerzas de izquierdas, hemos acordado que el metro llegue a la marina de la zona franca, la recuperación de la prisión de la Modelo que pactamos con ERC, estamos impulsando un plan de barrios que no existía y que está llegando a los barrios más desfavorecidos. Se están produciendo cambios materiales muy concretos.

El crecimiento del populismo de derechas y de la extrema derecha se debe a la inseguridad material de mucha gente. Las fuerzas de cambio tenemos la obligación de hacer cambios culturales y garantizar seguridad material, que tiene que ver con el republicanismo cotidiano, del día a día, que es abrir una escuela, un jardín de infancia, impedir que se produzca un desahucio, abrir una cooperativa de viviendas, mejorar las becas comedor, garantizar una renta para familias monomarentales o de mujeres mayores... Son los pequeños cambios concretos que son muy necesarios si queremos evitar que crezca el populismo de derechas que se alimenta de la inseguridad de la gente y su sensación de soledad.

Una de las banderas de los ayuntamientos del cambio ha sido la municipalización de servicios, y ustedes tenían el proyecto del agua, como en Valladolid, ¿cómo está el proceso?

Es una batalla muy dura, porque supone tocar intereses muy poderosos que no dejan de defenderse, pero nosotros creemos que nos asisten muchas razones; hay sentencias judiciales que cuestionan cómo se hizo la privatización y hay datos empíricos que demuestran que la gestión privada de determinados recursos provoca aumentos en la publicidad, en los salarios de los miembros de los consejos de administración y aumento de las tarifas, pero no son más eficaces. Y en un ámbito como en el del agua, hay experiencias como París y Berlín que demuestran que la gestión pública puede ser exitosa.

Nosotros defendemos que la municipalización no puede ser simplemente la gestión pública, no debería descartar el trabajo de las entidades públicas con cooperativas y entidades del tercer sector. Cuando hablamos de lo común, estamos hablando de una nueva forma de gestión que no es la público-estatal ni la privada-mercantil convencional, y hay que buscar nuevas formas de articulación institucional, como hemos hecho con la viviendo, con proyectos de viviendas cooperativas en los que el ayuntamiento pone el suelo o un edificio y son cooperativas las que rehabilitan, se autogestionan.

Cuando hay una gestión público-comunitaria la privatización es más difícil porque los usuarios de ese bien lo sienten como propio. El reto es hacerlo en otros campos: ahora va a empezar a funcionar el operador energético municipal y estamos viendo cómo incorporar otras pequeñas iniciativas sociales y empresariales que también apuestan por una transición energética más sostenible.

Entonces, ¿dará tiempo en esta legislatura a municipalizar el agua?

No lo sabemos. Los derechos no se regalan y un derecho y un bien común como el agua hay que conquistarlo y sólo se puede hacer con la implicación de la ciudadanía. Ahora estamos impulsando unas multiconsultas, y una de ellas tiene que ver con la municipalización del agua. Para que la consulta prospere hacen falta 15.000 firmas, que se ha superado con holgura y eso ha activado todo un movimiento ciudadano de defensa del agua como bien común, que es la única garantía de que pueda producirse. Si la municipalización finalmente se produce será por un compromiso institucional y porque hay una ciudadanía que considera que la recuperación de ese bien común es prioritaria.

Eso tiene que ver con la construcción de una hegemonía cultural que haga los cambios irreversibles.

Eso es fundamental, porque hay un gran riesgo de que las políticas sociales, materiales, para darles seguridad a la gente, para decir que los acompañaremos en ayudas para viviendas, becas comedor, con prestaciones, el riesgo es que esas políticas sociales desactivan la democracia política y que parte de la ciudadanía considere que una vez obtenidas esas prestaciones pueda retirarse al ámbito de lo privado.

Es uno de los grandes riesgos de la gestión progresista, avanzada, cómo conseguir que la mejora de las condiciones materiales no implique un repliegue de los ciudadanos en el ámbito de lo privado. Por eso la importancia de apelar a fórmulas público-comunitarias y público-cooperativas para que los vecinos y las vecinas se sientan partícipes de esas políticas públicas y las defiendan como si fueran suyas. No hay nada irreversibles y muchos avances que se producen gracias a conquistas ciudadanas, si no se defienden con persistencia pueden perderse y lo estamos viendo en estos tiempos.

¿Se hará el nuevo tranvía de la Diagonal?

Tenemos una votación el día 23, y creemos que existen todas las razones para hacerlo. Es una infraestructura muy importante para combatir la contaminación, para hacer una ciudad más saludable y en términos metropolitanos. Se trata de conectar con los municipios del Besòs y el Llobregat, y todos estos municipios están a favor de la conexión, incluso en los que gobierna el PDECat y ERC.

Se han hecho todos los estudios técnicos necesarios y todo indica que es financieramente más viable y más sostenible ambientalmente, y necesario por la contaminación en el centro de Barcelona y es importante incluso desde el punto de vista de género: las mujeres lo consideran más seguro que otros medios de transporte.

Pero faltan votos.

Falta el voto de ERC, pero es muy extraño, porque las juventudes de ERC participan en las manifestaciones a favor del tranvía, sus concejales de los municipios afectados, también. Ahora Alfred Bosch dice que lo apoyaría si es público desde el principio, pero muchos medios de transporte en Barcelona son productos de concesiones privadas, aunque defendamos la recuperación pública en un plazo medio porque no tenemos los suficientes medios para hacerlo público de entrada. Pero queremos que la fórmula público-privada nos permita recuperarlo en un tiempo razonable.

Teniendo en cuenta esos elementos no se entendería que la posición de ERC sea contraria.

La alcaldesa en torno al 1-O pedía más pactos, no romper pactos, cuando se le preguntó por el PSC, pero al final han roto con los socialistas tras una consulta. ¿Ha sido un error, tanto para la estabilidad como para tender puentes? ¿Se ha trasladado la política catalana al ámbito municipal?

Nosotros no queríamos llegar a esa situación, pero es verdad que el día que entraron en prisión los consejeros catalanes fue un schock. Alcaldes del PSC dimitieron ese día, fue muy duro ver a alguien convicciones democráticas y catalanistas como Iceta hacerse un selfie con García Albiol. Había referentes socialistas a los que les parecía una barbaridad lo que estaba pasando. Era impensable que no afectara a la política municipal.

A pesar de eso, los puentes tienen que reconstruirse. Nosotros hemos tenido muchos acuerdos con el PSC, ERC y la CUP antes de la ruptura y creemos que esos acuerdos tienen que recomponerse a partir de cosas concretas.

Me gustaría que el PSC abandonara esa posición. La semana pasada Núria Parlon, Raimon Obiols y otros dirigentes socialistas dijeron que las prisiones preventivas eran inasumibles. No se trata de un debate sobre la independencia o de introducir la cuestión nacional del ayuntamiento, sino de que un ayuntamiento democrático defienda derechos humanos básicos: el de los artistas, el de las mujeres y de personas que han ocupado cargos políticos. Y nos parecía lo suficientemente grave.

Los puentes son más necesarios que nunca, con ERC, el PSC, es importante que las fuerzas catalanistas de izquierda se relacionen entre sí y proyectar esas alianzas con el resto de fuerzas progresistas y de izquierdas de toda España. La amenaza de retroceso en Europa es tan grande y lo estamos viendo también con Trump, que deberíamos ser capaces de identificar esos mínimos democráticos y unas políticas sociales lo suficientemente audaces y contundentes para evitar que la extrema derecha sea una alternativa.

En aquella consulta de las bases participaron 3.800 personas y decidieron sobre toda la ciudadanía. ¿Se pueden equivocar las bases?

Puede pasar que a veces los intereses de las bases no coincidan con la mayoría del electorado y los gobernados, pero ante una situación tan difícil y complicada, en la que había mucha pluralidad respecto de esto...

Y ustedes, los dirigentes, no se manifestaron.

Queríamos proteger esa pluralidad. Como veíamos que no había unanimidad creíamos que lo más sensato era hacer esa consulta e intervinimos de la forma más respetuosa de las diferentes posiciones que eran claras. ¿Había otras alternativas? Posiblemente, pero nos parecía que ninguna era mejor a la que finalmente se adoptó. Y viendo lo que ha ocurrido después en términos de cuál ha sido la política del gobierno del PP y Ciudadanos, nos ratifica en que era un asunto lo suficientemente serio como para que pueda plantearse el cuestionamiento de un acuerdo de gobierno.

Los partidos de la oposición están moviéndose para elegir sus candidatos. ¿Y ustedes? ¿Cuándo serán sus primarias?

Llama la atención que faltando un año para las elecciones y nosotros estamos preocupados en ejecutar los proyectos que están en marcha, tienes una parte de los partidos pensando en las elecciones. Tenemos que darle prioridad a la gestión, sobre todo porque ahora se están viendo los frutos de muchas cosas que se han ido construyendo en los primeros años.

Uno llega a un gobierno y se pasa los dos primeros años gestionando en parte lo que ha heredado y es a partir del tercer año cuando empiezan a notarse las políticas propias. Pero estoy convencido de que el segundo asalto contra el régimen lo va a protagonizar el municipalismo en 2019, y es muy importante defender estos proyectos muncipalistas de cambio que muestran que no todo da igual. Podemos haber cometido errores, habernos equivocado en decisiones concretas, pero en todas las ciudades del municipalismo del cambio se han hecho políticas honestas, que han tenido una vocación claramente redistributiva, que han sido rigurosas y mucho más serias que las de quienes supuestamente tenían experiencia y han acabado endeudando los ayuntamientos, involucrados en casos de corrupción gravísimos... Y que incluso estamos gestionando con más inteligencia alguno de los grandes asuntos de futuro. Lo veo cuando hablamos de innovación, impulso de la ciencia, las tecnologías, que somos mucho más frescos y con más imaginación y sabemos aprovechar mejor el talento de la ciudadanía que quienes habían gobernado hasta ahora.

¿Cómo ve el paso de Xavi Domènech a Podem?

Hay una preocupación muy grande, y es que estas confluencias que son nuevas, jóvenes, hay que protegerlas lo máximo posible y lograr que cuajen, que se puedan articular espacios políticos frescos en los que se sienta cómoda gente de diversas tradiciones. Hay un intento de que el espacio de los comunes, que es un espacio tierno, pueda cuajar en un proyecto político capaz de gobernar Catalunya. Este es el sentido que tiene ese paso; es fundamental.

Son tiempos en los que se está produciendo un cierto reflujo pero es muy importante tener instrumentos políticos que sean sensibles a lo nuevo que emerge: que lo de los pensionistas no nos coja por sorpresa, que estemos en primera línea de la huelga feminista... Hay una entrevista que le hiciste a García Linera que me gusta mucho en la que él dice que “la revolución es ganar tiempo para que pasen cosas”. Y yo creo que hay que estar muy atento a las cosas que pueden pasar en muchos sitios y que están emergiendo para que la revolución democrática que produjo nuestra irrupción se mantenga viva. Tenemos el deber de intentar eso en la Europa de nuestros días y necesitamos construir instrumentos políticos suficientemente sólidos y flexibles para que eso sea posible.

¿Qué ingredientes componen esa revolución democrática?

La revolución democrática no es algo que se proclama un día, que se firma en un decreto para que sea posible. Es simplemente profundizar la democracia en el ámbito social, en el económico, en el ecológico, en las relaciones de género. Es conseguir que la democracia avance en todos esos ámbitos y que el poder se distribuya en todos esos ámbitos. Y en eso el municipalismo es una herramienta muy potente para lograrlo, porque las políticas municipales son las políticas de la democratización concreta, en la escuela, en el barrio, en el centro sanitario bien equipado, en esa calle con luces, en ese autobús que llega a barrios a los que antes no llegaba. Eso va generando democracia en muchos ámbitos y para mí eso forma parte de la revolución democrática.