La relación personal de la infanta con Roca determina la elección del abogado como su defensor en el 'caso Nóos'
Será el ex secretario general de Convergència Demodràtica de Catalunya (CDC), Miquel Roca, el encargado de la defensa judicial de Cristina de Borbón en lo que queda de la instrucción del caso Nóos, después de que el magistrado encargado de la investigación, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, José Castro, decidiera imputar a la infanta.
Fuentes jurídicas de Barcelona aseguran que, a pesar de que fue el rey Juan Carlos quien encargó el jueves 4 por la tarde la defensa, el asunto estaba ya decidido en el mes de enero, cuando empezó a barajarse la posibilidad de que la duquesa de Palma acabara imputada en el procedimiento por los negocios supuestamente ilícitos de su marido, Iñaki Urdangarin, a petición de Cristina de Borbón.
La Audiencia Provincial de Palma aún debe pronunciarse sobre el recurso presentado por el representante de la Fiscalía Anticorrupción, Pedro Horrach, contra la decisión de su amigo José Castro de imputar a la infanta. Sin embargo, la hija del rey hace meses que preveía la posibilidad de verse imputada en el procedimiento. Y, desde el primer minuto, tenía claro que quería que fuera Miquel Roca el encargado de su representación procesal, esencialmente por la relación de amistad que les une.
Miquel Roca no es penalista. No deja de llamar la atención que el 10 de enero los bufetes Roca i Junyent y Molins-Silva, este último especializado precisamente en Derecho penal, anunciaran su fusión, aunque ambos mantengan sus propios sellos profesionales. Eso permitirá que sea uno de los nuevos socios de Roca, Jesús María Silva, quien asista al antiguo político en la labor de defender a la hija del rey en los tribunales.
En algunos ambientes jurídicos de Barcelona ha sorprendido que sea Silva y no Pau Molins quien acompañe a Miquel Roca a la hora de defender a la infanta Cristina, sin desmerecer por ello los méritos profesionales de Silva, un hombre especialmente bien relacionado con jueces y fiscales, pero con menos caché que su socio. Otras fuentes, sin embargo, apuntan que Molins afronta un problema de carácter personal que entorpecería la intensiva dedicación que requerirá la defensa de la infanta si finalmente la confirma la Audiencia, y que el hecho de ser el defensor de Jordi Montul, ex director del Palau de la Música y socio de Félix Millet en el expolio de la institución musical, puede empañar su imagen de letrado de la hija del rey.
Roca abandonó la política en 1996, al cabo de un año de perder las elecciones a la alcaldía de Barcelona ante el socialista Pasqual Maragall. El ex dirigente de Convergència no albergaba duda alguna sobre su futuro: iba a abrir un bufete de abogados que en menos de 10 años se convertiría en uno de los principales de la capital catalana.
Aunque originalmente Roca partió sólo con el bufete de su cuñado, desde el inicio ha ido absorbiendo otros despachos hasta convertirse en uno de los mayores de Barcelona, especialmente por la propia capacidad de Roca de relaciones públicas y por su extenso volumen de contactos.
Desde el primer momento, el bufete de Roca pudo exhibir clientes de la talla de Catalana Occidente, el Banco Sabadell o Gas Natural. Sin embargo, en los últimos tiempos la presencia del propio Roca no ha servido para que el bufete se librara de los embates de la crisis.
La caída de los ingresos de determinadas divisiones provocó una auténtica revolución en el despacho a finales del año pasado. El propio Miquel Roca intentó imponer una reducción de salarios a todos los letrados de la firma, ante el levantamiento de los miembros del departamento de concursal, cuya facturación ha mantenido en buena medida el despacho. Finalmente, Roca impuso sus tesis, y provocó una auténtica fuga de abogados. Hasta el punto de que ha cundido el desánimo en la firma. Las mencionadas fuentes jurídicas aseguran que el edificio del bufete en la barcelonesa calle Aribau “tenía dos plantas vacías”. Plantas que han ocupado los efectivos del bufete Molins-Silva.
