La base política de Temer se alista para bloquear nuevos cargos de corrupción

La mayoritaria base parlamentaria del presidente brasileño, Michel Temer, comienza desde hoy a cerrar filas para bloquear una nueva denuncia por corrupción contra el mandatario, que el miércoles será analizada por la Corte Suprema.

Los once miembros del tribunal deberán decidir sobre la validez jurídica de los acuerdos de cooperación firmados por los dueños del grupo JBS, que fundamentaron una primera acusación contra Temer por corrupción pasiva y nuevos cargos por obstrucción a la justicia y asociación ilícita, formulados la semana pasada por la Fiscalía.

La defensa de Temer exigió ese análisis después de que la propia Fiscalía anulara esos acuerdos de cooperación, tras determinar que el dueño de JBS, Wesley Batista, y otros directivos del grupo mintieron en parte de sus testimonios o no pudieron probar muchas de sus afirmaciones.

Al presentar la nueva denuncia contra el gobernante, el ahora exfiscal general Rodrigo Janot, quien concluyó su mandato y fue sustituido el lunes por la procuradora Raquel Dodge, sostuvo que, pese a la anulación de los testimonios, muchas de las “pruebas” que salpican a Temer aportan “indicios” de que incurrió en prácticas corruptas.

La decisión de Janot será sometida al pleno de la Corte Suprema, que, según varios de sus miembros, suscribirá la anulación del acuerdo de colaboración de JBS, aunque alberga dudas sobre la validez de la documentación que pudiera comprometer al presidente.

Si las supuestas pruebas son aceptadas, el Supremo remitirá el caso a la Cámara de Diputados, que por imperativos constitucionales debe avalar la apertura de un juicio penal contra un gobernante en pleno ejercicio del poder.

Esas normas llevan el trámite a un terreno puramente político, en el que Temer ya se ha valido de su mayoritaria base parlamentaria para archivar una primera denuncia por corrupción pasiva presentada por Janot conforme a las mismas declaraciones de los dueños de JBS.

La nueva acusación es por supuesta obstrucción a la justicia y asociación ilícita y afecta también a dos ministros y otros influyentes “caciques” del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer.

Frente a la primera denuncia, en el PMDB hubo algunos sectores proclives a someter al gobernante a juicio, lo que supondría su suspensión del cargo durante los seis meses que se prolongaría el proceso.

Sin embargo, en esta ocasión el PMDB ha cerrado filas y ahora no aparecen grietas en la formación, que con 61 diputados mantiene la primera minoría en la cámara baja.

Tampoco parece haber discordias en el resto de la base de apoyo a Temer, que cuenta con poco más de la mitad de los diputados y ello basta para volver a bloquear las nuevas acusaciones.

“Si la primera denuncia sembró dudas, esta segunda es todavía más floja, por lo que, si llegase al Congreso, sería rechazada”, afirmó hoy el subjefe del grupo oficialista en la cámara baja, Roberto Mansur, del Partido Republicano Brasileño (PRB), que tiene 22 diputados.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que cuenta con 45 diputados que se dividieron frente a la primera denuncia, también se propone apoyar en bloque a Temer.

Aunque todavía no se ha anunciado oficialmente, fuentes de esa formación han dicho que el apoyo al gobernante fue acordado en una reunión que mantuvieron la semana pasada sus principales dirigentes.

En la minoritaria oposición, encabezada por el Partido de los Trabajadores (PT), la nueva denuncia fue calificada de “gravísima” y se anunció un “gran esfuerzo político” para que se acepte en la cámara baja.

El PT convocó “al pueblo, los sindicatos y las iglesias” a exigir en las calles “la salida de Temer”, pero casi una semana después de conocida la nueva acusación no ha habido una sola protesta, pese a que las encuestas atribuyen al mandatario el rechazo de casi el 95 % de la población.

Para que la nueva denuncia sea aceptada por el Congreso serán necesarios 342 votos de los 513 posibles, pero el Gobierno asegura que su base responderá como lo hizo en agosto, cuando 263 diputados rechazaron los cargos, frente a 227 que pedían procesar a Temer.