El programa de Sumar en vivienda: precios de referencia para los alquileres y crear un parque público de 2 millones de inmuebles
El programa electoral de Sumar incluye medidas en materia de vivienda y alquiler que van más allá de la Ley de Vivienda en vigor desde finales de mayo. En concreto, busca establecer precios de referencia y mejorar la información sobre la situación real del mercado del alquiler. “Esta propuesta pretende mejorar el funcionamiento del mercado del alquiler de vivienda por dos vías. La primera de ellas es mejorar el conocimiento sobre la evolución de los alquileres estableciendo un pago mensual a cuenta en el IRPF del 0,1% de los ingresos percibidos por alquileres, para conocer con precisión casi censal y en tiempo real cómo evoluciona el precio de los alquileres en España”.
Al mismo tiempo, Sumar propone “establecer unos precios de referencia para las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta de los hogares que alquilan, eliminar las deducciones fiscales en el IRPF de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia y establecer un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia o los destinen a alquiler turístico”.
Además, Sumar persigue que “en menos de diez años” exista “un parque residencial de viviendas sociales y asequibles para alquiler de dos millones de inmuebles, con un gasto sostenido del 1% del PIB de media”. “Este parque público es la clave estructural para garantizar el derecho a una vivienda adecuada y asequible, movilizando las viviendas vacías, aumentando la oferta pública mediante la compra de viviendas ya construidas o construirlas donde sea necesario”.
Sumar reconoce que modificará, por tanto, la Ley de Vivienda “para incluir: el alquiler social obligatorio para grandes tenedores, la dación en pago, obligaciones de resultado para las Administraciones públicas en materia de vivienda alternativa frente a los desahucios, movilización de vivienda de la Sareb en coordinación con las comunidades autónomas, regulación efectiva de precios del alquiler y desarrollo de un régimen sancionador”, enumera.
Informa Cristina G. Bolinches.
