El PP dinamita el pacto antitransfuguismo en plena opa hostil sobre Ciudadanos

Pablo Casado ha roto otro consenso institucional al abandonar el pacto antitransfuguismo suscrito por su partido en 1998 y al que se han ido incorporando otras formaciones políticas, a excepción de la extrema derecha de Vox. Su salida coincide en el tiempo con los informes de la comisión de expertos que consideraban que se había producido transfuguismo en las operaciones de la Región de Murcia y Santa Cruz de Tenerife. Todo, en plena desbandada de cargos de Ciudadanos hacia las filas del PP. El mercado de fichajes que el autodenominado partido liberal abrió cuando cotizaba al alza se le ha vuelto en contra tras los sucesivos varapalos electorales y ahora es el PP el que está intentando 'pescar' a los dirigentes de Ciudadanos para terminar de darle la puntilla a Inés Arrimadas. Algunos de ellos han cambiado de chaqueta sin abandonar los cargos públicos por los que fueron elegidos.

La operación de Génova se ejecuta al máximo nivel. Casado ha fichado al exsecretario de Organización de Albert Rivera, Fran Hervías, que construyó la estructura de Ciudadanos. De hecho, él fue uno de los muñidores contra la moción de censura que impulsaron PSOE y Ciudadanos en la Región de Murcia a principios de marzo y que fracasó porque tres diputados de ese partido la rechazaron pese a haberla firmado. A cambio de mantener el poder, el presidente Fernando López Miras los metió a todos (y a un suplente de las listas de Ciudadanos) en el Gobierno autonómico. La comisión de expertos concluyó que tanto López Miras como los diputados de Ciudadanos eran tránsfugas. Aunque el informe no tiene un efecto vinculante, es un varapalo para el PP, que suscribió ese acuerdo hace más de dos décadas para garantizar la limpieza democrática.

El PP no ha ocultado su intención de hacer una 'opa' sobre el partido de Arrimadas desde la convocatoria de las elecciones catalanas. En esos comicios, el PP fichó a Lorena Roldán, apartada de la candidatura por la dirección de Ciudadanos en favor de Carlos Carrizosa. A partir de ahí, los conservadores extendieron la estrategia al ámbito municipal, aunque la operación se hizo mucho más explícita tras el acuerdo con los socialistas para arrebatarle el poder en Murcia. “Anunciamos que hoy, desde el Partido Popular, abrimos a todos los militantes, dirigentes y simpatizantes de Ciudadanos las puertas de esta casa común del centroderecha”, expresó el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en aquel momento, vitoreado como un héroe por su partido. El traspaso más sonado fue entonces el de Toni Cantó para las listas en la Comunidad de Madrid, donde finalmente no pudo concurrir por no estar empadronado. Cantó al menos no mantuvo su acta de diputado.

El argumento del PP para salir del pacto antitransfuguismo es que el Gobierno ha hecho un uso “torticero” del mismo ya que en abril los conservadores reclamaron la convocatoria de la comisión de seguimiento y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al que corresponde la coordinación, no la convocó en un plazo de 48 horas. En el escrito que ha remitido a Miquel Iceta, la dirección del PP sostiene que los últimos informes –correspondientes a la Región de Murcia y a Santa Cruz de Tenerife– no son aplicables porque se habían dado de baja antes y que el pacto no tiene capacidad ahora por no tener la mayoría parlamentaria suficiente.

“No podemos ni compartir ni asumir ni valorar ni aceptar las calificaciones unilaterales que, en relación con los supuestos que, haya analizado o analice en el futuro, la Comisión de Expertos y la Comisión de Seguimiento en relación con los cargos electos del Partido Popular, y ello desde el mes de abril de este año, por cuanto el actual pacto carece del consenso de una mayoría cualificada de representantes de las Cortes generales”, argumenta la misiva firmada por la responsable de política local, Raquel González Díez-Andino.

Además de la resolución sobre Murcia, la comisión de expertos del pacto había declarado tránsfugas al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, que se hizo con el bastón de mando gracias a una moción de censura apoyada por el PP y una concejala de Ciudadanos. Pero no son los únicos casos de transfuguismo en los que se ha visto envuelto el PP en la última legislatura. En Alicante ha arrebatado el poder a la izquierda en tres municipios gracias a concejales socialistas. Ciudadanos es el partido que más fugas está sufriendo y, por tanto, el que está en el centro de la diana de los demás partidos y el que hace saltar sus propias alarmas. En las Cortes Valencianas, por ejemplo, cuatro de sus diputados se han ido al grupo de los no adscritos en el que mantienen derechos, incluido su sueldo de 2.500 euros; o en Málaga donde dio un portazo Juan Cassá, uno de los dos concejales que permitió al PP mantener el poder.

“Es blanco y en botella. Es absolutamente claro que, en esa opa que plantea el PP sobre mi partido, el pacto antitransfuguismo no les viene bien para sus planes”, sentenció el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, que pidió a Casado una rectificación. “Cuando uno firma un pacto, lo firma para cumplirlo, no lo cumple o lo deja de cumplir cuando le conviene o cuando no le conviene. ¿Qué sentido tiene firmar un pacto antitransfuguismo si mañana voy a utilizar a un tránsfuga y digo: 'abandono el pacto'?”, se preguntó Bal.

En las filas socialistas también consideran que el PP está “allanando el camino para recibir a todos los tránsfugas” de Ciudadanos y consideran que no solo es tránsfuga aquel que cambia mayorías sino también el que abandona el partido con el que concurrió a las elecciones. Es una lectura similar a la que hace la dirección de Ciudadanos. Bal ha recordado que los concejales o diputados son elegidos “bajo la marca, los principios y valores y el programa electoral de un partido político”.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, acusó al PP de haber buscado “excusas” para salir de ese acuerdo que definió como un “instrumento fundamental” para evitar la “compraventa” de escaños. “Es una decisión impropia del principal partido de la oposición”, zanjó. En el Ejecutivo están convencidos de que el PP seguirá atrayendo a sus filas a dirigentes de Ciudadanos en territorios como Andalucía o Castilla y León, entre otros. “Este es un movimiento previo”, aseguran.

Sin embargo, el PP asegura que tiene “la mejor de las predisposiciones para retornar” al pacto, pero que tienen que darse las “condiciones de objetividad”. Su pretexto es que la comisión de expertos –que proponen los partidos– está politizada en contra de sus intereses y pide que sus integrantes sean personas “de reconocido prestigio e independientes de los partidos políticos que ahora los designan”. Los conservadores intentaron recusar al ponente del informe sobre la Región de Murcia, Rafael Ibáñez Reche, que fue diputado de IU. El Ministerio de Política Territorial ha remitido al resto de partidos la comunicación del PP y les ha anunciado que abordarán el asunto en la próxima reunión de la comisión de seguimiento que se celebrará este mismo mes. Será entonces cuando se valoren las “actuaciones a adoptar”, según indica el mensaje.

Unidas Podemos ha ido incluso un paso más allá en su respuesta a un hecho que considera “lamentable y grave”. “Es una decisión más propia de una organización mafiosa que de un partido que quiere respetar las reglas del juego”, ha dicho el presidente del grupo confederal, Jaume Asens, que cree que, con la ruptura del pacto, la denuncia que Unidas Podemos presentó en la Fiscalía contra Teodoro García Egea por la operación en Murcia se podría ampliar e incluso presentar directamente ante los tribunales, informa Europa Press.