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El PP pide su absolución en el juicio de la caja B: “Los testigos solo han reconocido el 3,7% de los papeles de Bárcenas”

El abogado del PP, Jesús Santos, y en segundo plano, el letrado Gustavo Galán, defensor de Luis Bárcenas

Pedro Águeda

12 de mayo de 2021 14:52 h

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El juicio de la caja B del PP ha quedado visto para sentencia este miércoles después de que Luis Bárcenas y el resto de acusados hayan renunciado a su derecho a la última palabra. Antes había sido el turno para que las defensas expusieran sus conclusiones y el letrado del PP, Jesús Santos, pidiera la libre absolución para la formación política con, entre otros argumentos, que los testigos solo han reconocido “el 3,7% de los 459 apuntes” recogidos en los papeles de Bárcenas o financiación paralela del Partido Popular.

Santos ha precisado que seis testigos reconocieron abonos recogidos en los papeles del extesorero y que 33 los han negado. Para poner en valor algunos de los testimonios que reconocieron las entregas de dinero a terceros, pero defendiendo su legalidad, el abogado ha dicho: “¿Qué interés tendría el PP en ocultar que ayudaba a víctimas del terrorismo cuando estaban olvidadas por las instituciones y el Gobierno? El PP está acusado como responsable civil subsidiario del delito fiscal cometido al haber pagado parte de la reforma de la sede de Génova con dinero negro.

El letrado del Partido Popular ha cargado contra Bárcenas y su “arrepentimiento”, del que ha dicho “será total cuando informe del devenir de los 47 millones” que aparecieron en Suiza. “Qué casualidad que estos papeles del señor Bárcenas salgan a la luz en el momento en que se sabe que ha llegado a la Audiencia Nacional el resultado de la comisión rogatoria de Suiza. Fue una cortina de humo que realmente desvió la atención porque a partir de ese momento el protagonista de todo, el señor Bárcenas, pasa a un segundo plano y se pone en primer plano de la investigación la financiación del Partido Popular”, ha dicho Santos.

La UDEF, “inexacta y poco precisa”

Jesús Santos también ha sido muy duro con el inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho, al frente de la investigación, por sus “respuestas inexactas y poco precisas” durante la vista. Hasta el punto, ha añadido el letrado, de que el tribunal “tuvo que reconvenirle en varias ocasiones ante los significativos silencios de las respuestas que estaba obligado a responder”.

Santos ha considerado especialmente grave que Morocho alegara que no registró la casa de Bárcenas porque en aquel momento ya estaba siendo monitorizado por la Dirección General de la Policía, en referencia al operativo “parapolicial” que algunos mandos habían puesto en marcha para destruir el caso de la caja B, según recoge el sumario de la Operación Kitchen. “Siendo policía judicial (a las órdenes directas del juez) se atreve a decirnos que estaba siendo monitorizado por la Dirección de la Policía”, ha dicho el abogado de los conservadores.

Por contra, el letrado defensor del PP ha lamentado que no se hubieran puesto antes en valor los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que, en contra de lo afirmado por la Policía, expresan serias dudas la veracidad de los apuntes de Bárcenas. “Los papeles pudieran ser una falsificación realizada por una persona con un profundo conocimiento de la contabilidad del partido”, destacó Santos de esos informes. De los sobresueldos aseguraban esos informes, según ha destacado Santos: “Pudieran ser un montaje para perjudicar a los que allí aparecen”.

En la línea de confrontación con las acusaciones populares que sigue desde el principio del proceso, Santos ha acusado a las mismas de “fraude” por utilizar “la jurisdicción penal contra un adversario político”. En este sentido, ha dicho que el juez Pablo Ruz cometió “un error” al abrir una pieza separada del caso Gürtel con solo la propuesta de dichas acusaciones y no con una querella de la Fiscalía. 

Antes de finalizar, Santos ha puesto en valor la actuación “diligente” del PP para atajar la supuesta corrupción que circunscribe a Luis Bárcenas. “Cuando en enero de 2013 se conoce el patrimonio y la comisión rogatoria de Suiza, la entonces secretaria general, María dolores de Cospedal, con determinación y compromiso, decide prohibirle el acceso a la sede del PP”, ha dicho Santos, quien ha recordado que Rajoy decidió “abrir una investigación interna”.

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