El PP rechazará en solitario que se ilegalice a los partidos corruptos
El Congreso pondrá en marcha este jueves una reforma del Código Penal propuesta por Compromís que supondrá, de llevarse a cabo, la suspensión o ilegalización de los partidos cuya financiación no siga los cauces reglamentarios. PSOE, Unidos Podemos, ERC y PDeCAT apoyarán en el Pleno la proposición de ley. A la posibilidad de “reprimir la financiación ilegal” de las formaciones políticas solo se opondrán el PP y sus aliados regionales, tras acusar al resto de partidos de “aterrorizar” a los jueces.
La propuesta, que será votada este jueves, fue defendida el pasado martes por el diputado Enric Bataller, quien citó al expresidente de Uruguay, José Mujica: “La economía sucia, el narcotráfico, la estafa, el fraude y la corrupción son plagas contemporáneas cobijadas por ese antivalor que sostiene que somos más felices si nos enriquecemos sea como sea”.
Y para hacer frente a ese “antivalor” y “acabar con la impunidad que se ampara bajo las siglas partidista”, proseguía el diputado valenciano, “se hace necesario establecer mecanismos legales que reconozcan de forma clara y sin ambiguedades la posibilidad de suspender o disolver los partidos que se financien de manera ilegal.
La reforma establece la modificación del artículo 304 ter del Código Penal para que las condenas que ahora se contemplan para las personas que participen en estructuras de financiación ilegal se extienda a los partidos que las organizan o a los que se benefician de ellas.
La proposición de ley supondría añadir un punto cuarto a ese artículo que suponga cuando los delitos los cometa “una persona jurídica” se le podrán aplicar las mismas penas, que se recogen en el artículo 33.7 y que incluye “la disolución de la persona jurídica”, es decir, del propio partido.
Bataller defendió esta medida como la más adecuada para luchar contra las redes cada vez “más sofisticadas y escurridizas que han llevado la corrupción a niveles industriales”, a ser una “cadena de montaje que se gesta en los despachos y se extiende hasta la construcción, la organización de eventos, la reputación online, la recogida de basuras o los cursos de formación”.
La reforma, de llevarse acabo, no tendrá carácter retroactivo. Y aunque las menciones al PP durante la exposición de Bataller fueron sucintas, poco más que una referencia al silencio en la comparecencia de Luis Bárcenas ante los diputados, el partido de Mariano Rajoy salió en tromba contra toda la oposición. Su portavoz de Justicia, María Jesús Moro, les espetó desde la tribuna: “Van contra el PP y su presidente. Los profesionales de la Justicia les miran aterrados”.
PSOE, Unidos Podemos y ERC se mostraron a favor de la proposición sin dudas. Más críticos fueron Ciudadanos y PNV, cuyo voto será divergente (a favor y abstención, respectivamente) al considerar extemporánea la propuesta. Tanto el portavoz del partido de Albert Rivera, Toni Cantó, como el vasco, Mikel Legarda, consideraron que el debate debía darse en la activa subcomisión de Calidad Democrática. “No pongamos el carro delante de los bueyes”, pedía Legarda.
La admisión a trámite de la proposición de ley iniciará ahora un largo camino parlamentario para que la modificación sea finalmente refrendada e incluida en la legislación.
