El PP culpa ante el Supremo al juez progresista de Gürtel de haber ayudado al cambio de Gobierno
El PP ha pedido al Tribunal Supremo que repita el juicio por la primera época de la trama Gürtel, en la que resultó condenado como partícipe a título lucrativo, porque el tribunal que juzgó a los 37 acusados, entre ellos el líder de la red corrupta, Francisco Correa, y el extesorero 'popular' Luis Bárcenas, no tiene “apariencia de parcialidad”, ya que uno de los jueces, José Ricardo de Prada, ha “coadyuvado” para el cambio de Gobierno a favor del PSOE.
En el recurso de casación contra esta sentencia dictada el 17 de mayo de este año, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación política recuerda que este magistrado ha “sido elegido” por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, “como uno de los cuatro miembros externos de la Comisión para Restablecer la Justicia Universal”.
Asimismo, recuerda que antes de la redacción de la sentencia ya “se cuestionó la suficiente imparcialidad subjetiva” del juez De Prada por su “conocida amistad” con el ex juez Baltasar Garzón, primer instructor de la trama Gürtel, cuya actuación ha sido puesta en duda por varios de los acusados.
Los abogados hacen hincapié en este escrito, de más de 100 páginas, que la sentencia recurrida contiene afirmaciones sobre la “supuesta actuación” del partido político que “han tenido una enorme trascendencia política y que han coadyuvado en no poca medida a un cambio de Gobierno en favor del Partido Socialista Obrero Español”. En ella se dio por acreditado la existencia de una caja 'B' que aún está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, lo cuál conllevó a la moción de censura del expresidente Mariano Rajoy.
Repetir el juicio o dictar otra sentencia
Por todo ello, el partido considera necesario que el Supremo ordene retrotraer las actuaciones a antes de la vista oral “para que la causa sea enjuiciada por un tribunal sin apariencia de parcialidad” o que, alternativamente, se vuelva a dictar una nueva sentencia --si procede que lo hagan los magistrados del alto tribunal, sugiere-- en la que “se omita todo hecho del Partido Popular y toda la calificación del mismo que sea ajena al objeto propio de la causa de evaluación de su participación a título lucrativo”, es decir, que sea absuelto.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo al considerar que se lucró de los actos electorales de 2003 que sufragaron las empresas del grupo Correa en los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Una decisión que contó con el voto discrepante del presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado.
El PP siempre ha defendido, y lo vuelve a hacer, que no se benefició de esos actos electorales y, de hecho, durante la vista oral alegó que las decisiones sobre dichas campañas electorales fueron adoptadas por sus corporaciones municipales. También que su responsabilidad civil está prescrita.
Es más, destaca que el Ministerio Público “carecía de legitimación activa” para ejercer por enriquecimiento injusto contra el PP y le reclamase las cantidades con la que los ayuntamientos fueron perjudicados (133.628,48 euros en Majadahonda y 111.864,32 euros en Pozuelo de Alarcón), incluso cuando estos consistorios ya “habían renunciado” a ello.
Juicio paralelo sin justificación
En cuanto a la contabilidad paralela, el PP considera que ha sufrido un “auténtico juicio paralelo carente de toda garantía y toda justificación”. Por ello, reprocha al tribunal una “actitud impropia” por haber atribuido a la formación política en su sentencia -de forma “directa e indirecta”-- “la comisión de que pudo haber cometido al menos dos importantes delitos: cohecho pasivo y financiación irregular”, pese a que no hubiese acusación alguna al respecto, ni todavía se haya enjuiciado este hecho.
“Esta contabilidad oculta, frente a lo afirmado en la sentencia, era inexistente”, concluye el escrito. Añade que si en el procedimiento relativo a la primera época de actividades de la trama Gürtel “lo que se dilucidaba era un mecanismo de soborno empresa-funcionarios y nadie, ninguna de las múltiples acusaciones, metía en ello al partido al que pertenecían esos funcionarios, ¿qué interesaba o para qué importaba la existencia de una caja B?”.
Por último, el escrito hace referencia a cuando la Fiscalía Anticorrupción consideró que el PP se tuvo por confeso de un delito cuando en el turno de declaraciones del juicio, su representante legal, el abogado Jesús Santos, se remitió a su escrito de defensa y a las cuestiones previas. “Adolece de un patente error: el Partido Popular sí declaró a través de su representante, por mucho que lo hiciera negando precisamente toda participación en los hechos”, dice al respecto,
“Declaró y declaró que no participó, por lo que nada podía detallar. Y eso nada tiene que ver con 'no declarar'”, agrega, al mismo tiempo que señala que fue llamado a declarar “indebidamente” como responsable civil.
