PP y Vox alientan la batalla contra el aborto tras la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU

La ola reaccionaria que crece en todo el mundo ha logrado en Estados Unidos un éxito de alcance planetario. El Tribunal Supremo que dejó Donald Trump ha acabado con la protección federal al aborto, que databa de 1973, lo que permitirá a los diferentes estados limitar o prohibir este derecho de las mujeres. A lomos de esta decisión, sectores ultras han recuperado la ofensiva contra la interrupción voluntaria del embarazo. También en España, donde Neos, una plataforma liderada por el exministro del Interior del PP Jaime Mayor Oreja abandera las movilizaciones ante la nueva ley que prepara el Ministerio de Igualdad, y a la que se han sumado tanto Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, como el PP, con un perfil más bajo.

La derecha ultracatólica se manifiesta en contra de la ley del aborto alentados por la sentencia de EEUU

Saber más

El PP dio “libertad a sus militantes para asistir” a la marcha convocada por Neos, según expresó el pasado lunes su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, aunque dicha resolución no se transmitió de forma pública en los días previos. Entre los destacados “militantes” del partido que secundaron la manifestación, y que publicitaron su presencia en redes, sobresale un integrante de su dirección: el recién designado por Feijóo secretario de Política Local del PP, Antonio Román, quien depende del vicesecretario Pedro Rollán, cuota madrileña (que no de Ayuso).

A Román le acompañaron diputados como José Ignacio Echániz (ascendido por Feijóo esta misma semana a presidente de la Comisión de Defensa del Congreso), y senadores como Javier Puente (quien coqueteó con una escisión antiabortista del PP), Rodrigo Mediavilla, Patricia Rodríguez Calleja o la que fuera secretaria general del PP de Madrid Ana Camíns.

Miles de personas marcharon por Madrid hacia la Plaza de Colón, habitual escenario de las manifestaciones de la derecha ya desde las que protagonizara desde la oposición el PP de Mariano Rajoy, bien a favor de la teoría de la conspiración del 11M, bien en contra del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, aunque el partido de Feijóo celebra ahora el Día del Orgullo.

En las intervenciones finales no faltó la referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU: “Es una noticia que nos llena de esperanza”. Una resolución que “pone de manifiesto que el debate del aborto está todavía vivo”, según los organizadores, que han puesto en la diana la reforma de la ley que elabora el departamento que dirige Irene Montero y que, entre otras cosas, recupera el derecho de las mujeres de 16 y 17 años a interrumpir su embarazo en las mismas condiciones que las mayores de edad y sin consentimiento paterno.

El aborto y la disputa por el Tribunal Constitucional

Una sentencia que González Pons no quiso comentar, en la habitual ambivalencia que el PP sufre cuando se trata el asunto de la interrupción voluntaria del embarazo. El Gobierno de Rajoy, referente declarado de Feijóo, intentó cambiar la norma y volver a la ley de plazos, pero se terminó rindiendo ante la evidencia de que la sociedad apoya mayoritariamente este derecho. Era 2014 y dimitió el por entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cuando su proyecto de reforma fue tumbado sin siquiera llegar al Consejo de Ministros.

Un año después, asumida la derrota social, el PP se limitó a recuperar el derecho de veto de los padres sobre la decisión de las mujeres entre 16 y 18 años, pese a que la Ley de Autonomía del Paciente las considera mayores de edad para decisiones médicas. Lo hizo con el único apoyo de sus propios diputados, gozaba de mayoría absoluta, cinco de la desaparecida Unió Democrática de Catalunya y otro de Foro Asturias. Y confió en que el Tribunal Constitucional, al que había recurrido en 2010 la ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, zanjara el debate.

Pero no ha ocurrido. El tribunal de garantías mantiene en el cajón desde hace 12 años la sentencia, pese a la mayoría conservadora que lo ha dominado desde entonces. De hecho, el ponente de la resolución es Enrique Arnaldo, que adquirió la condición de magistrado en 2021 de la mano de Pablo Casado.

Solo ahora, con el final del mandato de otros cuatro magistrados, el sector progresista puede recuperar la prevalencia en el Constitucional. Pero su renovación está bloqueada por el PP en una estrategia de desgaste institucional puesta en marcha por Casado y que ha asumido en su totalidad Feijóo. La sustitución depende de que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, y el PP mantiene su negativa, que va camino ya de los cuatro años.

Pese a estos antecedentes, Feijóo no ha tenido ningún reparo en acusar al Gobierno de coalición de “asaltar las instituciones” por su intención de modificar la ley del Poder Judicial para permitir que el CGPJ designe sus dos magistrados y permita al Ejecutivo hace lo propio. La nueva ley del aborto, cuya confección ha liderado el Instituto de las Mujeres, pretende en cualquier caso sortear una posible sentencia contraria al derogar la norma de 2010 y plantear una nueva.

Feijóo y Ayuso, de perfil

El PP de Feijóo se aferra a la sentencia del Constitucional. Así lo señaló González Pons el lunes, y unos días después el propio presidente del partido en una conferencia organizada por el periódico La Razón. “Creemos que una menor de edad debería tener el consentimiento paterno”, comenzó. “Nos parece [una idea] que forma parte de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, y lo vamos a defender”, añadió. “Y eso está en el Constitucional. Cuando se pronuncie veremos el pronunciamiento. Nos parece que es algo elemental, como tener un periodo de reflexión”, apostilló.

Pero el presidente del PP sí defiende la necesidad de legislar lo que consideró un “derecho”. “El aborto es un hecho que convive la sociedad española con él desde hace muchos años”, apuntó. “Tenemos un pasaporte de la UE y todos los países salvo Polonia tienen regulado ese derecho. Y esa situación hay que regularla”, concluyó.

En la misma conferencia Feijóo consideró “un error usar el aborto para dividir a la sociedad”, y apuntó que “hay cuestiones que se utilizan para dividir, fracturar, tensionar”.

Una tesis que comparte Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña, de viaje por Miami, fue preguntada en una entrevista en El Nuevo Herald por la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU. Ayuso, pese a la imagen de valentía que se ha construido, evitó responder ante un asunto que divide a la derecha española y con el que Vox aprovecha para diferenciarse del PP.

Ayuso sostuvo que “estos debates se provocan de manera artificial para despistar de otras cuestiones, y tiene como objetivo dividir”, sin especificar quién hace tal cosa. “En el momento en el que ya se ha avanzado con el aborto volvemos para atrás”, añadió, nuevamente sin especificar qué considera ella “avanzar” ni “volver atrás”.

Fiel a su estilo trumpista, Ayuso prefirió apuntar a una inespecífica teoría de la conspiración: “Es un debate, como otros, que no son casualidad, acerca de la identidad sexual, de las drogas o del mundo racial. Se provocan para que estemos confrontados: el hombre con la mujer; heterosexual y homosexual; empresario y trabajador. Debates para hacer estallar el sistema, mientras otras potencias que no respetan la vida ni la libertad crecen, crecen, crecen y al final van a ir imponiendo otro orden mundial”.

Apenas unas horas después, la propia Ayuso utilizaba el aborto para desviar la atención del hecho de que la Comunidad de Madrid ofrezca becas para estudiar en instituciones privadas a familias con ingresos por encima de los 100.000 euros. “Veo sorprendente que puedas cambiar de sexo o abortar al margen de tus padres y sin embargo no puedas optar a becas en Bachillerato o FP si tus padres tienen un nivel adquisitivo u otro”, dijo la presidenta ya de vuelta en Madrid.

Pese a considerar que el debate sobre el aborto “divide”, que “no es casualidad” y que tiene como objetivo “imponer otro orden mundial”, su número dos en el PP de Madrid sí asistió a la manifestación ultra del pasado fin de semana. El secretario general autonómico, Alfonso Serrano, secundó la marcha no solo para limitar el derecho del aborto a las mujeres de 16 y 17 años, sino para ponerlo en duda por completo.

Vox pesca en el electorado ultra

Quien afronta este debate sin ningún tipo de matiz es Vox. El partido ultraderechista ha recibido la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU como una victoria casi propia. “Hoy es un día de enhorabuena para el pueblo estadounidense. La vida se impone a la cultura de la muerte y la familia triunfa sobre la cultura del descarte. Un rayo de esperanza que ha de alentar a los europeos en la lucha por los derechos de los inocentes”, proclamaron en Twitter el mismo día en el que se conoció el fallo.  

La derogación del derecho al aborto es una de sus banderas electorales del partido que lidera Santiago Abascal, quien ha señalado al “consenso progre” y a la “Agenda 2030” por pretender, según su diatriba, “la destrucción de la familia y las clases medias”, “romper la unidad de España”, y “acabar con la vida de los no nacidos”.

Vox apunta a que la sociedad estadounidense ha “evolucionado” y se ha “adaptado a los nuevos tiempos”, en palabras de su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros. “Estamos en un contexto político distinto a cuando se aprobó la norma [en el año 73]”, afirmó. Una posición que ratificó la diputada Lourdes Méndez, quien calificó de “intolerable” que “una ministra del reino de España afirme que un nuevo ser humano es parte del cuerpo de su madre. Sin derecho a nacer, es imposible la igualdad”.

Por si no estaba claro el apoyo del partido a la sentencia del Supremo de los EEUU, varios dirigentes de Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, acudieron a la manifestación “en Defensa de la Vida y la Verdad”. Junto a él, los principales dirigentes del partido: Espinosa de los Monteros y la líder en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, o el portavoz nacional del partido, Jorge Buxadé. Espinosa aseguró que estaban allí para “defender el derecho a la vida” como alternativa “frente a los 100.000 abortos en los que el Estado gasta cada año más dinero y muy poquito en la vida”.

“Vox defiende el derecho a la vida y a los más débiles frente a un Gobierno que ha apostado por la cultura de la muerte en vez de dar información y asistencia”, declaró Abascal durante la manifestación. “La vida se impone a la cultura de la muerte y la familia triunfa sobre la cultura del descarte”, añadió. “Yo creo que no hay causa más justa que el derecho a la vida porque sin ese derecho no hay otros derechos”, insistió. A su juicio, la sentencia del Supremo de los EE UU es “de sentido común” y “abre la esperanza en todo el mundo en la lucha por los derechos de los inocentes”.

El líder de Vox concluyó que estaba allí “sin pensar en los votos”. Pero la realidad es que el aborto se va a convertir en materia de debate político a lo largo de todo este año y del que viene, cuando se celebrarán elecciones municipales y autonómicas (mayo) y generales (previstas para finales de 2023). El PP tendrá que decidir qué hace ante la sentencia del Tribunal Constitucional, primero, y cuando llegue la nueva ley, cuyo texto ya ha comenzado el trámite de los órganos consultivos con el CGPJ. Y los de Abascal esperan para intentar capitalizar el voto de los descontentos con Feijóo.

La ola reaccionaria que crece en todo el mundo ha logrado en Estados Unidos un éxito de alcance planetario. El Tribunal Supremo que dejó Donald Trump ha acabado con la protección federal al aborto, que databa de 1973, lo que permitirá a los diferentes estados limitar o prohibir este derecho de las mujeres. A lomos de esta decisión, sectores ultras han recuperado la ofensiva contra la interrupción voluntaria del embarazo. También en España, donde Neos, una plataforma liderada por el exministro del Interior del PP Jaime Mayor Oreja abandera las movilizaciones ante la nueva ley que prepara el Ministerio de Igualdad, y a la que se han sumado tanto Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, como el PP, con un perfil más bajo.

La derecha ultracatólica se manifiesta en contra de la ley del aborto alentados por la sentencia de EEUU

Saber más

El PP dio “libertad a sus militantes para asistir” a la marcha convocada por Neos, según expresó el pasado lunes su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, aunque dicha resolución no se transmitió de forma pública en los días previos. Entre los destacados “militantes” del partido que secundaron la manifestación, y que publicitaron su presencia en redes, sobresale un integrante de su dirección: el recién designado por Feijóo secretario de Política Local del PP, Antonio Román, quien depende del vicesecretario Pedro Rollán, cuota madrileña (que no de Ayuso).

A Román le acompañaron diputados como José Ignacio Echániz (ascendido por Feijóo esta misma semana a presidente de la Comisión de Defensa del Congreso), y senadores como Javier Puente (quien coqueteó con una escisión antiabortista del PP), Rodrigo Mediavilla, Patricia Rodríguez Calleja o la que fuera secretaria general del PP de Madrid Ana Camíns.

Miles de personas marcharon por Madrid hacia la Plaza de Colón, habitual escenario de las manifestaciones de la derecha ya desde las que protagonizara desde la oposición el PP de Mariano Rajoy, bien a favor de la teoría de la conspiración del 11M, bien en contra del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, aunque el partido de Feijóo celebra ahora el Día del Orgullo.

En las intervenciones finales no faltó la referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU: “Es una noticia que nos llena de esperanza”. Una resolución que “pone de manifiesto que el debate del aborto está todavía vivo”, según los organizadores, que han puesto en la diana la reforma de la ley que elabora el departamento que dirige Irene Montero y que, entre otras cosas, recupera el derecho de las mujeres de 16 y 17 años a interrumpir su embarazo en las mismas condiciones que las mayores de edad y sin consentimiento paterno.

El aborto y la disputa por el Tribunal Constitucional

Una sentencia que González Pons no quiso comentar, en la habitual ambivalencia que el PP sufre cuando se trata el asunto de la interrupción voluntaria del embarazo. El Gobierno de Rajoy, referente declarado de Feijóo, intentó cambiar la norma y volver a la ley de plazos, pero se terminó rindiendo ante la evidencia de que la sociedad apoya mayoritariamente este derecho. Era 2014 y dimitió el por entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cuando su proyecto de reforma fue tumbado sin siquiera llegar al Consejo de Ministros.

Un año después, asumida la derrota social, el PP se limitó a recuperar el derecho de veto de los padres sobre la decisión de las mujeres entre 16 y 18 años, pese a que la Ley de Autonomía del Paciente las considera mayores de edad para decisiones médicas. Lo hizo con el único apoyo de sus propios diputados, gozaba de mayoría absoluta, cinco de la desaparecida Unió Democrática de Catalunya y otro de Foro Asturias. Y confió en que el Tribunal Constitucional, al que había recurrido en 2010 la ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, zanjara el debate.

Pero no ha ocurrido. El tribunal de garantías mantiene en el cajón desde hace 12 años la sentencia, pese a la mayoría conservadora que lo ha dominado desde entonces. De hecho, el ponente de la resolución es Enrique Arnaldo, que adquirió la condición de magistrado en 2021 de la mano de Pablo Casado.

Solo ahora, con el final del mandato de otros cuatro magistrados, el sector progresista puede recuperar la prevalencia en el Constitucional. Pero su renovación está bloqueada por el PP en una estrategia de desgaste institucional puesta en marcha por Casado y que ha asumido en su totalidad Feijóo. La sustitución depende de que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, y el PP mantiene su negativa, que va camino ya de los cuatro años.

Pese a estos antecedentes, Feijóo no ha tenido ningún reparo en acusar al Gobierno de coalición de “asaltar las instituciones” por su intención de modificar la ley del Poder Judicial para permitir que el CGPJ designe sus dos magistrados y permita al Ejecutivo hace lo propio. La nueva ley del aborto, cuya confección ha liderado el Instituto de las Mujeres, pretende en cualquier caso sortear una posible sentencia contraria al derogar la norma de 2010 y plantear una nueva.

Feijóo y Ayuso, de perfil

El PP de Feijóo se aferra a la sentencia del Constitucional. Así lo señaló González Pons el lunes, y unos días después el propio presidente del partido en una conferencia organizada por el periódico La Razón. “Creemos que una menor de edad debería tener el consentimiento paterno”, comenzó. “Nos parece [una idea] que forma parte de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, y lo vamos a defender”, añadió. “Y eso está en el Constitucional. Cuando se pronuncie veremos el pronunciamiento. Nos parece que es algo elemental, como tener un periodo de reflexión”, apostilló.

Pero el presidente del PP sí defiende la necesidad de legislar lo que consideró un “derecho”. “El aborto es un hecho que convive la sociedad española con él desde hace muchos años”, apuntó. “Tenemos un pasaporte de la UE y todos los países salvo Polonia tienen regulado ese derecho. Y esa situación hay que regularla”, concluyó.

En la misma conferencia Feijóo consideró “un error usar el aborto para dividir a la sociedad”, y apuntó que “hay cuestiones que se utilizan para dividir, fracturar, tensionar”.

Una tesis que comparte Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña, de viaje por Miami, fue preguntada en una entrevista en El Nuevo Herald por la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU. Ayuso, pese a la imagen de valentía que se ha construido, evitó responder ante un asunto que divide a la derecha española y con el que Vox aprovecha para diferenciarse del PP.

Ayuso sostuvo que “estos debates se provocan de manera artificial para despistar de otras cuestiones, y tiene como objetivo dividir”, sin especificar quién hace tal cosa. “En el momento en el que ya se ha avanzado con el aborto volvemos para atrás”, añadió, nuevamente sin especificar qué considera ella “avanzar” ni “volver atrás”.

Fiel a su estilo trumpista, Ayuso prefirió apuntar a una inespecífica teoría de la conspiración: “Es un debate, como otros, que no son casualidad, acerca de la identidad sexual, de las drogas o del mundo racial. Se provocan para que estemos confrontados: el hombre con la mujer; heterosexual y homosexual; empresario y trabajador. Debates para hacer estallar el sistema, mientras otras potencias que no respetan la vida ni la libertad crecen, crecen, crecen y al final van a ir imponiendo otro orden mundial”.

Apenas unas horas después, la propia Ayuso utilizaba el aborto para desviar la atención del hecho de que la Comunidad de Madrid ofrezca becas para estudiar en instituciones privadas a familias con ingresos por encima de los 100.000 euros. “Veo sorprendente que puedas cambiar de sexo o abortar al margen de tus padres y sin embargo no puedas optar a becas en Bachillerato o FP si tus padres tienen un nivel adquisitivo u otro”, dijo la presidenta ya de vuelta en Madrid.

Pese a considerar que el debate sobre el aborto “divide”, que “no es casualidad” y que tiene como objetivo “imponer otro orden mundial”, su número dos en el PP de Madrid sí asistió a la manifestación ultra del pasado fin de semana. El secretario general autonómico, Alfonso Serrano, secundó la marcha no solo para limitar el derecho del aborto a las mujeres de 16 y 17 años, sino para ponerlo en duda por completo.

Vox pesca en el electorado ultra

Quien afronta este debate sin ningún tipo de matiz es Vox. El partido ultraderechista ha recibido la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU como una victoria casi propia. “Hoy es un día de enhorabuena para el pueblo estadounidense. La vida se impone a la cultura de la muerte y la familia triunfa sobre la cultura del descarte. Un rayo de esperanza que ha de alentar a los europeos en la lucha por los derechos de los inocentes”, proclamaron en Twitter el mismo día en el que se conoció el fallo.  

La derogación del derecho al aborto es una de sus banderas electorales del partido que lidera Santiago Abascal, quien ha señalado al “consenso progre” y a la “Agenda 2030” por pretender, según su diatriba, “la destrucción de la familia y las clases medias”, “romper la unidad de España”, y “acabar con la vida de los no nacidos”.

Vox apunta a que la sociedad estadounidense ha “evolucionado” y se ha “adaptado a los nuevos tiempos”, en palabras de su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros. “Estamos en un contexto político distinto a cuando se aprobó la norma [en el año 73]”, afirmó. Una posición que ratificó la diputada Lourdes Méndez, quien calificó de “intolerable” que “una ministra del reino de España afirme que un nuevo ser humano es parte del cuerpo de su madre. Sin derecho a nacer, es imposible la igualdad”.

Por si no estaba claro el apoyo del partido a la sentencia del Supremo de los EEUU, varios dirigentes de Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, acudieron a la manifestación “en Defensa de la Vida y la Verdad”. Junto a él, los principales dirigentes del partido: Espinosa de los Monteros y la líder en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, o el portavoz nacional del partido, Jorge Buxadé. Espinosa aseguró que estaban allí para “defender el derecho a la vida” como alternativa “frente a los 100.000 abortos en los que el Estado gasta cada año más dinero y muy poquito en la vida”.

“Vox defiende el derecho a la vida y a los más débiles frente a un Gobierno que ha apostado por la cultura de la muerte en vez de dar información y asistencia”, declaró Abascal durante la manifestación. “La vida se impone a la cultura de la muerte y la familia triunfa sobre la cultura del descarte”, añadió. “Yo creo que no hay causa más justa que el derecho a la vida porque sin ese derecho no hay otros derechos”, insistió. A su juicio, la sentencia del Supremo de los EE UU es “de sentido común” y “abre la esperanza en todo el mundo en la lucha por los derechos de los inocentes”.

El líder de Vox concluyó que estaba allí “sin pensar en los votos”. Pero la realidad es que el aborto se va a convertir en materia de debate político a lo largo de todo este año y del que viene, cuando se celebrarán elecciones municipales y autonómicas (mayo) y generales (previstas para finales de 2023). El PP tendrá que decidir qué hace ante la sentencia del Tribunal Constitucional, primero, y cuando llegue la nueva ley, cuyo texto ya ha comenzado el trámite de los órganos consultivos con el CGPJ. Y los de Abascal esperan para intentar capitalizar el voto de los descontentos con Feijóo.

La ola reaccionaria que crece en todo el mundo ha logrado en Estados Unidos un éxito de alcance planetario. El Tribunal Supremo que dejó Donald Trump ha acabado con la protección federal al aborto, que databa de 1973, lo que permitirá a los diferentes estados limitar o prohibir este derecho de las mujeres. A lomos de esta decisión, sectores ultras han recuperado la ofensiva contra la interrupción voluntaria del embarazo. También en España, donde Neos, una plataforma liderada por el exministro del Interior del PP Jaime Mayor Oreja abandera las movilizaciones ante la nueva ley que prepara el Ministerio de Igualdad, y a la que se han sumado tanto Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, como el PP, con un perfil más bajo.

La derecha ultracatólica se manifiesta en contra de la ley del aborto alentados por la sentencia de EEUU

Saber más

El PP dio “libertad a sus militantes para asistir” a la marcha convocada por Neos, según expresó el pasado lunes su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, aunque dicha resolución no se transmitió de forma pública en los días previos. Entre los destacados “militantes” del partido que secundaron la manifestación, y que publicitaron su presencia en redes, sobresale un integrante de su dirección: el recién designado por Feijóo secretario de Política Local del PP, Antonio Román, quien depende del vicesecretario Pedro Rollán, cuota madrileña (que no de Ayuso).