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El presidente paraguayo veta la ley que despenaliza declaraciones falsas de bienes
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, vetó este lunes una ley que despenaliza el falseamiento en las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios, que fue aprobada la pasada semana por el Congreso y que diversos sectores consideran que alienta la corrupción.
La despenalización había motivado el rechazo en las redes sociales y medios locales que consideran que alienta la corrupción pública al declarar el falseamiento de datos de los funcionarios como objeto de multa o error administrativo.
La modificación de la ley de declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos, sancionada por la Cámara de Diputados, “contraviene principios sobre los cuales se asienta nuestro régimen constitucional”, destaca el decreto presidencial.
Añade que a criterio del Poder Ejecutivo “existen fundamentos suficientes” relacionados con “una política adecuada de transparencia y combate a la corrupción, principios propios de una democracia republicana”.
El Ejecutivo considera que “al convertir la responsabilidad relativa a las declaraciones juradas en una cuestión de 'carácter netamente administrativo' (...) traería consigo una afectación al principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sean estos servidores públicos o no”.
El Código Penal Paraguayo prevé “una pena privativa de libertad de hasta cinco años” para el que “presentara una declaración jurada falsa ante un ente facultado para recibirla”, en este caso la Contraloría General de la República.
La versión aprobada, que ahora vuelve al Congreso para su consideración por ambas cámaras, desestima además la difusión de los datos “de forma automática vía Contraloría General sin necesidad de una autorización judicial”.
La Corte Suprema de Justicia rechazó la pasada semana, con ocho votos de nueve miembros, una inconstitucionalidad de la Contraloría para mantener el secretismo de las declaraciones juradas de los altos cargos públicos.
Esto en el caso de la acción promovida en julio de 2018 por el entonces contralor Enrique García, imputado por presunta corrupción, después de que se negara a dar datos a un medio local luego de sentencias favorables en primera y segunda instancia.
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