El presidente del Poder Judicial apela a la legalidad y la unidad a 24 horas de la Diada
La primera apertura de año judicial que preside Felipe VI se ha convertido este miércoles en un acto de adhesión inquebrantable al monarca y la institución por parte de los representantes designados por el Partido Popular para presidir el Poder Judicial y el Supremo, Carlos Lesmes, y dirigir la Fiscalía General del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Ambos, de un modo más o menos sutil, hicieron referencial desafío independentista de Cataluña, un día antes de la celebración de la Diada, y a las dificultades con las que el sistema judicial se enfrenta para luchar contra la corrupción, 24 horas despúes de que haya comenzado la cuenta atrás para conocer la decisión de la Audiencia Provincial de Palma sobre el futuro judicial de la hermana del monarca en el caso Nóos, instruido durante tres años.
Acababa de comenzar su discurso Lesmes cuando, en calidad del presidente del Tribunal Supremo, afirmó ante el rey: “España experimenta importantes transformaciones y padece incertidumbres sociales y políticas, circunstancias que afianzan nuestra firme convicción de que solo desde la observancia del Derecho y mediante el correcto funcionamiento de las instituciones encargadas de preservar sus mandatos, en la unidad pero con respeto a la diversidad, será posible la convivencia pacífica y la prosperidad de los españoles”.
Torres-Dulce, por su parte, apeló a la Constitución como garante de que en España “todas las personas tienen cabida”. La norma fundamental, añadió, es la que “ampara y nunca dificulta la convivencia pacífica entre los españoles”. Al referirse al relevo en la corona, el jefe de los fiscales aseguró que la monarquía parlamentaria “es una forma poítica de Estado inspiradora y cargada de futuro, que fortalece la unidad de la Nación, expresión de la soberanía del pueblo español
Apartado específico en ambos discursos mereció la corrupción. Lesmes admitió que se trata de “una lacra social que está minando la credibilidad de las instituciones”. “No podemos olvidar -añadió- la existencia de asuntos cuya tramitación se extiende en el tiempo más allá de lo razonable, lo que genera desaliento en la sociedad, especialmente en los casos de corrupción”.
El fiscal general del Estado coincidió con Lesmes -“la respuesta del sistema de justicia penal es en exceso lenta y a veces desigual”-, pero le añadió un fragmento reivindicativo: “Debemos, cuanto antes, demandar los medios que cambien ese rumbo, así como modificar aquellos hábitos procesales y organizativos propios que lastran nuestra eficiencia”.
Recados para Gallardón
Entre los presentes estaba el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que fue recibido con una sonora pitada de funcionarios de la Administración de Justicia, que pedían su “dimisión”. La protesta se extendió durante el acceso de Felipe VI a la sede del Tribunal Supremo. Mientras entraba el monarca, los funcionarios seguián gritando contra el ministro. Al entrar la alcaldesa de Madrid, los manifestantes pidieron al ministro que dimitiera “como ella”.
Dentro, Ruiz-Gallardón tuvo que escuchar como Torres-Dulce lamentaba que haya aparcado relevantes reformas anunciadas para esta legislatura, principalmente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “Desafortunadamente, parece que la iniciativa de una reforma integral ha sido de momento aparcada. Si ello fuere así, todos debemos lamentarlo profundamente”, afirmó el fiscal general del Estado.
Aun así, Torres-Dulce dijo que no deben aparcarse otras reformas “parciales”, entre las que citó las medidas de investigación limitativas del derecho al secreto de las comunicaciones, una “reducción razonable” del número de aforados o “una configuración más precisa” del estatuto jurídico del imputado.
El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, reservó un espacio para alabar al juez que motivó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso Aziz. “La iniciativa de aquel juez ha sido determinante para que miles de ciudadanos y famiilas españolas hayan visto ampliadas sus garantías y derechos cuando asumen deudas hipotecarias”, afirmó Lesmes. Aquel fallo del TJUE supuso un varapalo para la legislación española en materia hipotecaria. Sin embargo, el presidente del CGPJ obvió otro fallo del TJUE, mucho más reciente, en el que se asegura que la legislación española ataca los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE. Como en el caso Aziz, el TJUE tuvo que pronunciarse ante el planteamiento de una cuestión prejudicial, en este caso presentada por la Audiencia de Castellón.
Lesmes aún no ha contestado a las formaciones políticas españolas con representación en el Parlamento europeo, salvo PP y UPyD, que se pusieron de acuerdo para solicitarle que informara a todos los jueces del último fallo del TJUE que corrige a la legislación española.
