El PSOE prevé cerrar la investigación sobre Salazar esta semana y reunir de nuevo a sus responsables de Igualdad

Lo que no se hizo en cinco meses se hará en poco más de una semana. El PSOE tiene previsto cerrar la investigación del caso Salazar en los próximos días y reunir de nuevo a las responsables regionales de Igualdad para serenar los ánimos entre las mujeres socialistas, que han demandado explicaciones y una acción contundente contra el acoso sexual y el abuso de poder que se le atribuye al exasesor de La Moncloa. 

De momento, las dos víctimas que denunciaron al ya exsocialista no han recibido noticias de la comisión antiacoso, más allá de que el pasado martes, después de que elDiario.es revelara que sus denuncias se habían volatilizado, sí se les remitió un mail para hacerles saber que el partido se ponía a su disposición, que la investigación seguía abierta y que las irían informando del desarrollo y las conclusiones de la misma.

Las dos mujeres denunciantes fueron contactadas entonces por ese canal interno para poner en marcha la tramitación que estipula el protocolo antiacoso de los socialistas. Recibieron sendas notificaciones que certificaban que sus escritos habían sido admitidos a trámite, cinco meses después. Y que, por tanto, la investigación echaba a andar después de casi medio año de no haber obtenido respuesta alguna. Tal y como adelantó en exclusiva este periódico, las denuncias datan del 8 y del 28 de julio, respectivamente, y llegaron a desaparecer del sistema informático del Partido Socialista durante varias semanas.

El órgano contra el acoso es autónomo de la dirección federal y desarrolla sus funciones de forma independiente del resto de los órganos, por lo que no puede recibir instrucciones de ningún tipo, según establece el artículo 7 del protocolo antiacoso del PSOE. Está integrado por especialistas en la materia, que fueron nombrados por la Comisión Ejecutiva Federal del 7 de julio de 2025, si bien como consecuencia del escándalo Salazar se ha decidido reforzar su composición con un experto jurídico especialista en feminismo cuya identidad también se desconoce por el momento.

La intención ahora es zanjar el asunto antes de Navidades, después de que Sánchez y Montero decidieran el domingo destituir de sus funciones en La Moncloa y en la dirección regional del PSOE de Andalucía a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar a quien las víctimas señalaron en sus denuncias como encubridor necesario para que el ex alto cargo actuara con absoluta impunidad con sus subordinadas. 

Tanto el director de gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, como la vicepresidenta primera y líder de los socialistas andaluces entendieron, después de que el domingo elDiario.es desvelara también que Antonio Hernández había sido citado en las denuncias de las víctimas, que debían adoptar una decisión drástica porque el que fuera número dos de Salazar no solo había tapado las actitudes de su jefe, sino que en todo momento les restó importancia ante las subordinadas de ambos. 

El clan sevillano del PSOE que controla la organización no ha aceptado de buen grado el cese fulminante de Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno y como responsable de la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva de la Ejecutiva regional de Andalucía. Del mismo modo, tampoco creyó el pasado julio en las denunciantes que se pusieron en contacto con elDiario.es, por lo que se prevé que sus movimientos abran una nueva crisis en el socialismo andaluz que ahora lidera María Jesús Montero.

No han sido los únicos que han aprovechado el escándalo Salazar para “ajustar cuentas con el pasado” y “tomar posiciones para un futuro sin Sánchez”, aseguran fuentes socialistas. Que el presidente del Gobierno asumiera en primera persona la responsabilidad de lo ocurrido para evitar señalamientos contra la secretaria de Organización, Rebeca Torró, o la de Igualdad, Pilar Bernabé, no ha sido suficiente para los llamados “críticos de guardia”, que es como se refieren en la dirección a todas aquellas y aquellos “que supuran por alguna herida” y han decidido ponerse a la cabeza de la indignación. En este sentido, se señala a Adriana Lastra, actual delegada del Gobierno en Asturias, que fue de las primeras en exigir que se llevara el caso a la Fiscalía ante lo que consideró un claro ejemplo de “violencia contra las mujeres”.

Quien fuera vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria ha aprovechado el caso Salazar para atribuir al “machismo” de sus correligionarios su salida de la primera línea de la política, si bien fueron otros muy distintos los motivos que llevaron a Sánchez a perder la confianza en ella, según admitieron antaño fuentes cercanas al presidente. Ella sostiene, no obstante, que el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán orquestó una operación “de acoso y derribo” contra ella estando embarazada en 2022 y que fue eso lo que la llevó a dimitir. Hoy, como entonces, en La Moncloa y en la dirección federal, se barruntan que la delegada del Gobierno en Asturias “busca recuperar influencia en el partido apoyada por las voces feministas y con la vista puesta en el post sanchismo”. 

Sea como fuere, no fue Lastra ni la federación asturiana, tal y como se ha escrito, quien forzó la reunión telemática que la semana pasada se vio obligada a convocar la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, para dar explicaciones de lo ocurrido a sus homólogas de las distintas federaciones. La primera en exigir el encuentro a través del grupo de WhatsApp que comparten las responsables de Igualdad de todas las federaciones fue la gallega Silvia Fraga, según confirman varias integrantes de ese grupo. Una cita que, lejos de calmar el malestar, provocó aún más indignación entre algunas de las asistentes, cuando Bernabé decidió cortar sus intervenciones en unos casos y no darles la palabra, en otros.

“La coherencia no puede reducirse a un mero recurso discursivo, pues se trata de una condición necesaria para sostener la credibilidad de cualquier proyecto político; y por ello resulta injusto, pero también injustificable, que cuando se evidencian actuaciones contradictorias con los principios y valores que nos permiten avanzar hacia la democracia plena, parezca que debamos ser las mujeres las que demos las explicaciones que no nos corresponden”, escribieron Andrea Fernández, portavoz de la Comisión de Igualdad en el Congreso; Carmela Silva Rego, portavoz de la Comisión de Seguimiento de la Violencia de Género en el Senado; y Araceli Martínez, vicepresidenta de la Comisión de Cultura en el Senado, en un artículo publicado en El País este domingo.

Las feministas del PSOE subrayan la contradicción entre lo que el partido dice defender en público (al feminismo y a las mujeres) y las prácticas desveladas por este periódico, que “debilitan la credibilidad” del partido en esta materia, y exigen determinación para generar entornos protectores con los agresores o silenciar a las víctimas.

En La Moncloa y en el PSOE son conscientes de que el asunto es nuclear para la credibilidad del proyecto político en un momento ya de por sí especialmente delicado para Sánchez por los casos de corrupción de sus dos ex secretarios de Organización. Pero, pese a reconocer errores, no están dispuestos a aceptar lecciones de feminismo del PP del caso Nevenka o el caso Paloma Lago. 

Y es que los de Feijóo han anunciado que llamarán a Francisco Salazar a comparecer en la comisión sobre el caso Koldo, una investigación que empezó siéndolo sobre las comisiones cobradas por la compra de mascarillas en pandemia, luego se amplió a la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense, más tarde añadió el rescate de Air Europa y ahora se ha convertido en un cajón de sastre en el que la derecha, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, mete todo lo que le viene en gana.