El juez de Púnica revela que hay nuevos y “potentes indicios” de la presunta caja B del PP de Aguirre
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco revela en un auto firmado este martes que la investigación del caso Púnica ha arrojado recientemente “potentes indicios y datos objetivos” de que el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados recibió dinero negro con el que financió presuntamente al partido en Madrid.
El auto está destinado a rechazar la petición de puesta en libertad provisional de Granados, solicitada por su defensa. Para argumentar su negativa, Velasco escribe: “Está analizándose en este momento una ingente cantidad de documentación tanto en soporte físico como digital, intervenida en los últimos registros realizados, documentación que está proyectando potentes indicios y datos objetivos de la recepción de dinero por este investigado para posible financiación del Partido Popular”.
La investigación sobre la presunta caja B del PP de Aguirre continúa bajo secreto de sumario. En un informe de la Guardia Civil, incorporado a la parte de la investigación sobre la que se levantó el secreto hace dos semanas, los investigadores ya apuntan la posibilidad de que Granados siguiera recaudando dinero negro para el PP de Madrid incluso después de que Aguirre lo hubiera apartado de sus responsabilidades en la dirección de la formación.
Entre esos registros figuran varios practicados en la sede del PP de Madrid, en el mismo edificio de Génova, y en el despacho profesional de Javier López Madrid, el consejero del Grupo Villar Mir, acusado de estar detrás de los pagos en negro al PP madrileño por un valor cercano a los dos millones de euros.
Una parte de ese dinero, que procedería del grupo empresarial propiedad de su suegro, Juan Miguel Villar Mir, se quedaría por el camino. Unos apuntes en la libreta de Granados apuntan a que López Madrid pudo quedarse con el 10 por ciento, mientras que Granados llegó a embolsarse hasta medio millón de euros de ese dinero negro.
El juez también explica que la investigación lleva a concluir que se produjo “un uso indiscriminado” de la empresa pública de la Comunidad de Madrid Arpegio y de la Fundación Arpegio, cuya presidencia, “en un primer momento”, permitió a Granados controlar la venta de suelo público de la región.
Añade el juez que “posteriores maniobras defraudatorias” (firma de varios convenios) le aseguraron presidir las mesas de contratación que proponían la adjudicación de los contratos financiados con Fondos Prisma, “gestionándose a cargo de dichos fondos durante los años 2006 a 2011 más de mil millones de euros”.
Velasco rechaza la petición de libertad de Francisco Granados ante la “sensibilidad de la Investigación” que se desarrolla, así como por “los graves riesgos de obstrucción y alteración de las fuentes de prueba que siguen existiendo”.
El juez, de conformidad con lo manifestado por la Fiscalía, considera que la investigación “está patentizando la realización de gran número de hechos delictivos con una significativa participación” de Granados, quien “ha abusado del desempeño de sus sucesivos cargos públicos para conseguir la adjudicación de un sustancial número de contratos públicos de obras, servicios, etc, a favor de empresarios que le abonaban importantes comisiones por la consecución de las amañadas adjudicaciones”.
