El juez del caso Pegasus admite como acusación popular a una asociación caracterizada por impulsar causas contra Unidas Podemos y el Gobierno

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido que la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege se persone como acusación popular, después de pagar 10.000 euros, en la causa que investiga el espionaje de los teléfonos de Pedro Sánchez y de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.

Es la primera acusación popular que se acepta en el caso Pegasus y no se trata de una acusación popular cualquiera: esta asociación es conocida por impulsar causas contra Unidas Podemos y el Gobierno. De hecho, ya participó en el caso Neurona y el caso Dina.

Los requisitos que exigía el fiscal para esta personación, a la que no se había opuesto, eran que se hubiese interpuesto una querella y que se pagara la citada fianza de 10.000 euros. Sin embargo, el juez del caso Pegasus ha considerado que no era necesaria la primera de ellas, por encontrarse ya en trámite las actuaciones, pero sí ha exigido la fianza, para evitar el abuso o uso fraudulento de esta figura procesal.