Una responsable de la Agencia Tributaria, al juez del caso mascarillas: “Luceño no tenía voluntad alguna de pagar”

El comisionista Alberto Luceño se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez del caso mascarillas, que le había citado por los indicios contra él de dos nuevos delitos, falsificación de documentos y fiscal. Sobre este último ha declarado, en calidad de testigo, la jefa del grupo de la Agencia Tributaria que ha analizado la conducta fiscal del comisionista. La responsable de la AEAT ha dicho al juez Adolfo Carretero que Luceño nunca tuvo “voluntad alguna” de cumplir con sus obligaciones con Hacienda respecto de los 5 millones de euros que obtuvo en comisiones de dinero público por ventas de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en la peor fase de la pandemia del Covid.

Carretero imputa un delito agravado contra la Hacienda Pública a Luceño por haber dejado de ingresar a las arcas públicas 1.351.386,29 euros en concepto de IRPF en el ejercicio de 2020. “No pudo imputar sus ingresos a la sociedad Takamaka Invest S.L porque no estaba constituida al momento de hacer las operaciones”, afirma el juez en un auto. El magistrado llegó a esta conclusión después de recibir un extenso informe al respecto de la Agencia Tributaria que ha sido ratificado en su integridad esta mañana por la responsable de su elaboración.

La funcionaria ha desvelado que Alberto Luceño se ha dirigido a la AEAT para reclamarles que aplacen cualquier deuda que tenga pendiente con Hacienda a que finalice el proceso penal, por si resultara exento de responsabilidad. La misma funcionaria ha mostrado su perplejidad ante el juez por este razonamiento, ya que la investigación en el Juzgado de Instrucción número 47 no se dirigía en ese momento contra Luceño por dejar de haber ingresado 1,3 millones de euros.

La jefa de equipo de la AEAT ha explicado que Takamaka Investements, la sociedad a través de la cual Luceño quiso camuflar el negocio de las mascarillas, fue constituida dos meses después del negocio de la venta del material a Madrid y que su fin era beneficiarse del 15% de bonificación del impuesto de sociedades.

Igualmente, la funcionaria ha detallado que Luceño tendría que haber declarado sus ganancias como persona física y que si hubiera querido argumentar que lo hacía como una sociedad tenía a su disposición varias activas que nunca utilizó. El contrato con la empresa malasia Leno, todavía bajo sospecha, le facultaba a tributar como persona física o a través de sociedades. La funcionaria ha advertido de la posibilidad de que Luceño haya incurrido igualmente en delito contable.

Silencio sobre la tarjeta falsa del CNI

Además, Carretero había citado a Luceño por un nuevo delito de falsificación de documento oficial cometido por un particular, en relación al hallazgo en su domicilio de tres documentos firmados por distintos responsables administrativos que él había adulterado y que podría haber utilizado para el negocio de las comisiones con material sanitario.

Uno de esos documentos es la carta firmada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para facilitar a Luceño que sacara el material fabricado de China. Luceño modificó en decenas de ocasiones la carta poniendo y quitando sellos e identificaciones, como la de que era un agente autorizado por el Gobierno de China.

Otros documentos incautados son una carta del director de Gestión del Hospital Universitario de Puerta de Hierro y otra misiva del director general de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Ambas estaban destinadas a permitir a Luceño el libre movimiento durante el confinamiento a fin de que garantizara la llegada del material sanitario, pero reduciéndolo a la Comunidad de Madrid y a una fecha determinada. Luceño falsificó las cartas para poder moverse por toda España en cualquier momento, pese a las restricciones.

El juez del caso mascarillas, Adolfo Carretero, también investiga la falsificación de una tarjeta y una placa del CNI que la Policía encontró en su domicilio el pasado mes de septiembre. Carretero adopta esta decisión a raíz de un informe de la Policía Científica que concluye que ambos elementos incautados a Luceño son “íntegramente falsos”. Al acogerse a su derecho a no declarar, Luceño no ha explicado por qué conocía los detalles de una tarjeta del CNI para hacer una falsificación en su domicilio en pleno confinamiento.