Sánchez evita hablar de la investigación a Podemos y muestra “máximo respeto a la independencia” de la Justicia
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este miércoles pronunciarse sobre la investigación contra Podemos abierta en un juzgado de instrucción de Madrid y se ha limitado a mostrar su “máximo respeto a la independencia del Poder Judicial”. En una breve rueda de prensa tras el habitual despacho veraniego con el rey Felipe VI en Palma, los periodistas han preguntado hasta en tres ocasiones por el proceso judicial abierto contra el partido del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por un supuesto delito de malversación. La primera vez, Sánchez ha mostrado su “respeto” por la “independencia” de la Justicia. Las otras dos, el presidente se ha remitido a su primera respuesta.
El Juzgado de Instrucción 42 de Madrid ha abierto una investigación basada en la denuncia presentada por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, despedido de la formación en diciembre de 2019. El juez Juan José Escalonilla ordenó en los últimos días de julio una batería de diligencias que incluyen la citación para declarar en calidad de investigados (antigua figura de imputado) a algunos altos cargos y trabajadores del partido. Dichas declaraciones se producirán en noviembre.
Las imputaciones se produjeron un día después de la declaración testifical de Calvente. Antes, el juez ya había considerado como imputado al propio partido como persona jurídica. Entre medias, el juez aceptó la personación de Vox como acusación popular sin reclamarle la preceptiva fianza.
Podemos ha presentado sendos recursos para reclamar la anulación de la causa. En el primero, aduce que han desaparecido dos tercios de la grabación de la declaración de Calvente. En el segundo, añade una serie de defectos procesales y de fondo que, en su opinión, deberían determinar la nulidad de las actuaciones o, en su caso, el archivo de la instrucción.
La investigación afecta así a uno de los partidos que conforman la coalición de Gobierno. Uno de los imputados, Juan Manuel del Olmo, es asesor de Pablo Iglesias en el Ejecutivo, además de secretario de Comunicación de Podemos y el habitual jefe de las campañas. El PP ha pedido este miércoles la dimisión de Iglesias.
Sánchez, sin embargo, ha optado por guardar silencio sobre el asunto, sin ofrecer ninguna valoración más allá de ese respeto por la independencia judicial que ha dicho respetar.
“Estabilidad institucional” frente a la pandemia
El presidente del Gobierno tampoco ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre el posible paradero de Juan Carlos de Borbón, cuya localización desconocen los españoles tras anunciar su salida de España para intentar proteger, según sus palabras, a la actual Casa Real por las informaciones que han aparecido en los últimos meses que le relacionan con supuestas comisiones y cuentas bancarias opacas en paraísos fiscales.
Sánchez ha evitado responder sobre la conversación que mantenido con Felipe VI en el Palacio de Marivent, uno de los habituales destinos vacaciones de la familia del rey, aduciendo que “los despachos con el jefe del Estado son confidenciales”.
El jefe del Ejecutivo ha referido de forma sucinta en su discurso inicial que ha departido con Felipe VI sobre la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del coronavirus, con especial atención en los efectos que está teniendo sobre el sector turístico, aunque no lo ha mencionado expresamente. Además, según ha dicho, también han abordado la situación en Líbano tras la explosión producida en el puerto de Beirut la semana pasada.
Sánchez si ha querido “trasladar” un mensaje a la sociedad. “Cuanto más adversa y compleja es la situación, más importante es el normal funcionamiento de las instituciones”, ha dicho. “La arquitectura institucional tiene que dar soluciones, ofrecer horizonte de confianza”, ha añadido, para zanjar que es necesario “garantizar la estabilidad institucional para abordar los desafíos que tiene la sociedad”.
Así, el presidente del Gobierno ha vuelto a ponerse al margen de las iniciativas políticas que han llevado a cabo alguno de sus aliados, empezando por su socio en el Ejecutivo, para intentar promover un cambo legislativo que permita tanto a la Justicia como al Poder Legislativo auditar y controlar financieramente a la Casa Real, e incluso, como en algunos casos, promover un debate sobre el propio modelo de Estado y la necesidad de revisar la vigencia de la Monarquía.
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