Quiénes son los seis magistrados conservadores del Constitucional que han frenado la reforma sobre su renovación

En una decisión inédita en democracia, el Constitucional acordó esta semana desactivar la vía que había encontrado el Gobierno para acabar con el boicot de la derecha judicial a su propia renovación. El tribunal determinó hasta en dos ocasiones a petición del PP suspender la tramitación de la reforma que reducía las mayorías para elegir a sus miembros y suprimía el requisito de verificación de los nuevos magistrados. De esta forma, ha impedido que siguiera en el Senado el procedimiento legislativo iniciado en el Congreso y que, salvo sorpresa, iba a derivar en la aprobación de ese cambio legal. 

Con esta reforma fallida, el Ejecutivo pretendía acabar con el retraso en la renovación del tribunal de garantías, que está propiciando que ese órgano tenga una mayoría conservadora que no se corresponde con la que salió de las urnas. La decisión se tomó en las dos ocasiones por una ajustada votación por seis votos a cinco. Los seis votos favorables a la suspensión son los de los magistrados que se sitúan en el sector conservador del tribunal, incluidos los de los dos directamente afectados por la reforma, que rechazaron apartarse. elDiario.es resume a continuación quiénes son los magistrados que votaron a favor de suspender la reforma sobre la renovación del Constitucional y cuáles son sus trayectorias: 

Pedro González-Trevijano

Es presidente desde noviembre de 2021, aunque su trayectoria como magistrado de este órgano se remonta a nueve años atrás. Era rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) cuando en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy le eligió para ocupar un puesto en el tribunal de garantías. Hace un año llegó a la presidencia con el horizonte de que su mandato sería solo de seis meses y el objetivo de que los dedicaría a pacificar el tribunal, que vivía momentos de una polarización extrema. Pero nada de eso se ha cumplido. 

Cuando acumula seis meses de presidencia caducada, este catedrático de Derecho Constitucional ha llevado al órgano a sus niveles más bajos de prestigio, en medio de una guerra abierta con el Gobierno y las dos cámaras legislativas. Con su decisión de convocar de urgencia un pleno para abordar la reforma que iba a forzar la renovación del tribunal, de votar a favor de paralizar su tramitación y de no apartarse de la deliberación aunque le afecta directamente, González-Trevijano ha unido su nombre al de la mayor crisis institucional generada por ese tribunal en democracia.

A lo largo de sus años como gestor, los campus de la URJC acogieron entre su personal a varios familiares de políticos del PP. Y se produjo, además, el escándalo de los másteres falsos que publicó elDiario.es y obligó a dimitir a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. Este caso de corrupción universitaria estuvo a punto de frustrar sus opciones de presidir el Constitucional, aunque el archivo de gran parte de la causa le allanó el camino a la cúspide del tribunal. 

Se autodefine como un liberal en el sentido estricto del término —no un neoliberal– que ha defendido siempre su perfil institucional. Aunque sus detractores ven en este posicionamiento falta de valentía y determinación. Le afean, por ejemplo, haberse plegado al resto de magistrados conservadores al eliminar las frases que mostraban comprensión con la medida en la ponencia que tumbó el estado de alarma. 

Antonio Narváez

Llevaba apenas un año como número dos de la Fiscalía General del Estado cuando en julio de 2014 el Gobierno de Rajoy lo eligió para sustituir en el Constitucional a Enrique López, que dimitió tras ser pillado conduciendo ebrio. Ahora es otro de los magistrados que tiene su mandato caducado y que este lunes respaldó la paralización de la tramitación de la reforma legal del Gobierno. Al igual que González-Trevijano, decidió no abstenerse y votó en contra de que se le pudiera recusar a pesar de ser afectado directo de esta reforma.  

Narváez es un fiscal de dilatada carrera que aprobó las oposiciones en 1982. Fue el número uno de su promoción. Su último cargo antes del Constitucional fue el de teniente fiscal del Tribunal Supremo, donde le colocó el entonces fiscal general, Eduardo Torres-Dulce. Antes había sido durante seis años —entre 2007 y 2013— fiscal jefe de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Desde ese puesto se opuso a los diversos intentos de la izquierda abertzale de concurrir a las elecciones e intervino en los procesos de ilegalización de Batasuna, primero, y Sortu, después. 

El Constitucional no era un sitio desconocido para él, pues durante una década, entre 1997 y 2007 ejerció como fiscal ante este tribunal. Desde ese puesto defendió la existencia de la asignatura de Educación para la Ciudadanía al defender que no vulneraba el derecho de los padres a procurar una educación a sus hijos. Ya en su etapa como magistrado decidió apartarse de la deliberación de los recursos presentados por los presos del procés, que lo recusaron al entender que no era imparcial por una conferencia que pronunció en Granada en 2017. En aquella exposición, aseguró que el proceso independentista en Catalunya fue “un golpe de Estado encubierto mucho más grave por sus consecuencias” que el 23-F. 

Santiago Martínez-Vares

Es otro de los cuatro miembros del pleno que tienen su mandato caducado desde el pasado mes de junio. En su caso, su renovación depende del Consejo General del Poder Judicial, donde los nombramientos siguen sin salir adelante por el bloqueo de los vocales conservadores. Es el magistrado más longevo del Constitucional. De hecho, cuando fue elegido en 2013 miembro de este tribunal ya estaba jubilado, aunque seguía ejerciendo como magistrado emérito del Supremo. 

Al Alto Tribunal había llegado en 2003, aupado por el Poder Judicial nombrado con la mayoría absoluta de José María Aznar (PP). Antes había tenido destinos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Audiencia de Sevilla y juzgados de La Rioja, Gipuzkoa y Badajoz tras ingresar en la carrera en 1968. En el Supremo fue ponente de la sentencia que determinó en 2010 que el castellano también debe ser lengua vehicular en las aulas de Catalunya. Y también avaló la enseñanza de religión católica en el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) ante un recurso de ERC. La resolución, de la que fue ponente, defendía la tesis de que el catolicismo es “de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos” y de que las libertades ideológica y religiosa están garantizadas “en positivo” en la Constitución. 

Martínez-Vares fue entre 1997 y 2001 presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la judicatura. Y en el currículum que aparece colgado en la página oficial del Constitucional, afirma que “colabora con la Fundación FAES”, el think-tank oficioso del PP que dirige el expresidente Aznar. Una de las principales tareas que tiene ahora entre manos es la resolución del recurso presentado por Alberto Rodríguez contra la decisión del Congreso de quitarle su escaño tras la polémica condena del Supremo por patear a un policía. Martínez-Vares es el encargado de hacer el borrador de sentencia sobre este asunto y sobre si su condena de mes y medio de prisión debe ser confirmada o revocada en amparo.

Ricardo Enríquez

Aprobó la oposición en 1971 y tras varios destinos ascendió en 1990 a la categoría de magistrado del Supremo. Durante más de dos décadas fue miembro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde acabó siendo uno de sus magistrados más veteranos. Llegó al Tribunal Constitucional en 2014, en sustitución del fallecido Francisco Hernando, que había sido elegido por la cuota del Senado. Su nombre fue propuesto por el PP y salió elegido con los votos de los senadores conservadores y la abstención del PSOE. El PP propuso en 2017 que siguiera en el tribunal de garantías y resultó elegido al ser propuesto por varias asambleas autonómicas. 

En su época en el Supremo fue ponente, entre otras, de la sentencia que en 2004 rebajó ligeramente hasta los 40 millones de euros las multas impuestas a la empresa responsable del desastre ecológico de la presa de Aznalcóllar. Ya en el Constitucional, fue ponente de la resolución que hace solo unos meses reconoció el derecho a recibir una indemnización del Estado a Farid Hilali, un marroquí que pasó 1.711 días en la cárcel por su supuesta participación en la preparación del 11-S y que acabó siendo declarado inocente. En 2017 también redactó la resolución que anuló la creación del pequeño municipio gerundense de Medinyà al margen de Sant Julià de Ramis. Y, previamente, en 2015, firmó una sentencia que prohibía la discriminación entre interinos y fijos en la Comunidad de Madrid. 

Concepción Espejel

Magistrada desde finales de 1982, llegó a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en 2014 después de pasar por juzgados y tribunales de todo el país. También después de ser vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2013, nombrada por el Senado gracias al Partido Popular. Miembro en su momento de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la misma que propuso su candidatura y que apoyó el PP.

Hasta su llegada al órgano de gobierno de los jueces de la mano del PP y de la asociación conservadora, su intervención judicial de mayor recorrido público estuvo relacionado la supervisión de la investigación penal fallida en torno al incendio de 2005 en Guadalajara que se llevó las vidas de 11 miembros de un retén de bomberos forestales. Una vez en el CGPJ, entre otras cosas, Espejel firmó un duro informe contra la Ley del Aborto sobre la que el Constitucional debe decidir en algún momento: “Una ley sesgada, con un alto contenido ideológico y escasa densidad normativa”, dijo el informe de Espejel.

Una vez de vuelta en la Audiencia Nacional, en 2014, Concepción Espejel formó parte de una sala de lo penal que llegó a presidir nombrada por un CGPJ de mayoría conservadora y profundamente dividido con 11 votos a favor y 10 en contra. En esa sala de lo penal tuvo que ser apartada de varios juicios relacionados con el caso Gürtel de corrupción por haber sido nombrada vocal del CGPJ por el mismo PP cuyos miembros se sentaban en el banquillo. Fue también la única magistrada que apostó sin éxito por la condena del major de los Mossos d'Esquadra por el referéndum de 2017. Bautizada como 'querida Concha' por María Dolores de Cospedal, dirigente del PP, en un acto público en 2014, Espejel se defendió en el Congreso y denunció una “campaña de desprestigio” contra ella.

Enrique Arnaldo

Fue el nombramiento más polémico de la última terna en incorporarse al tribunal de garantías hace un año. Su designación se produjo a propuesta del PP, formación a la que había estado vinculado en sus diferentes facetas profesionales. Es catedrático de Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y desde 1986 pertenece al cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, lo que le permitió ser asesor en diferentes comisiones parlamentarias y otros organismos como la Junta Electoral Central. 

Durante años compatibilizó ese puesto público con el bufete privado Estudios Jurídicos y Procesales con el que facturó miles de euros en contratos de asesoría externa con gobiernos y administraciones dirigidas por los conservadores, según informó la Cadena Ser. Esta no es su única vinculación con el partido que ahora lidera Alberto Núñez Feijóo. Entre 1996 y 2001 formó parte del CGPJ también a propuesta del PP. Y es un habitual colaborador de la FAES de Aznar. 

Su nombre apareció en dos sumarios de corrupción vinculados al PP, aunque sin consecuencias penales para él. Estuvo imputado en el ‘caso Palma Arena’ acusado de ayudar a Jaume Matas a blanquear dinero, aunque esa parte de la causa fue archivada por prescripción. También apareció en el sumario del ‘caso Lezo’, que recoge una conversación suya  con el expresidente madrileño, Ignacio González, sobre un posible cambio en la Fiscalía General que favoreciese sus intereses.

Arnaldo ha adquirido un especial protagonismo esta semana, pues ha sido uno de los impulsores de la decisión de suspender la tramitación de la reforma que pretendía forzar la renovación del Constitucional. Además, es el magistrado encargado de la ponencia sobre el recurso que presentó el PP contra esta reforma. Otro de los encargos desde su incorporación al Constitucional fue elaborar el borrador de la sentencia que resolverá el recurso del PP contra la ley del aborto, heredado del antiguo ponente, Andrés Ollero, que fue diputado del PP.

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