Ni siquiera se quitaron las togas. Jueces y fiscales de todas las asociaciones judiciales conservadoras salieron el miércoles a las puertas de tribunales y audiencias para realizar en la calle una protesta de diez minutos. Enfundados en la ropa que les identifica como uno de los tres poderes del Estado, se movilizaron para oponerse a la reforma que cambia un poco el sistema de acceso a la carrera judicial y la otra reforma que refuerza el papel de los fiscales en el proceso penal. Sus argumentos son prácticamente idénticos a los del Partido Popular.
Miguel Tellado lo dejó claro en la sesión de control y no estaba equivocado. “El paro (judicial) es contra usted y contra sus leyes”, dijo el portavoz del PP al ministro de Justicia. En los tiempos que corren, ya se ha visto de todo, así que pocos pueden sorprenderse de que jueces y fiscales hayan decidido entrar en el terreno político para deslegitimar al poder ejecutivo y por extensión al poder legislativo si se atreve a aprobar esas reformas judiciales. No es que quieran que se escuche su voz, porque algo saben del tema, sino que califican esos cambios como contrarios a la democracia.
Esa es una acusación claramente política. Sin embargo, miembros de esas asociaciones han recalcado que su protesta es “apolítica”, una definición que provoca perplejidad. En un comunicado, las siete asociaciones convocantes alegan que las reformas propuestas por el Gobierno buscan convertir al poder judicial en “un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente”. En Europa, un ejemplo evidente de democracia iliberal –más bien habría que decir antiliberal– es Hungría.
Les indigna especialmente la inclusión de una prueba escrita en la oposición que da acceso a la carrera, que ahora es únicamente oral y basada en aprender de memoria durante varios años todos los textos legales básicos. También están en contra de regularizar a los jueces sustitutos, la mayoría mujeres, que cubren bajas y se ocupan de juzgados en situaciones precarias. Hay un cambio que afecta al bolsillo de algunos jueces y catedráticos. Se prevé montar un centro público en el que preparar las oposiciones. Ahora, esa ayuda está monopolizada por aquellos que dan clases particulares a los aspirantes.
Eso les lleva a afirmar a los jueces rebeldes que la carrera judicial “pasará a estar politizada de base”, una afirmación gratuita que no se prueba en el comunicado.
Está claro que los jueces no tienen problemas en lanzar acusaciones contra el Gobierno. En sentido contrario, no está bien visto. Pone en peligro la separación de poderes y la independencia judicial, dicen. Aparentemente, eso no ocurre cuando los magistrados se niegan a aceptar que una mayoría de diputados del Congreso apruebe una reforma que no les gusta.
En una línea similar, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial ha lanzado un aviso al Gobierno: “Las manifestaciones públicas que cuestionan actuaciones de jueces concretos, y hasta ponen en duda la legitimidad de las instituciones judiciales, son impropias de un Estado democrático avanzado”, dijo Isabel Perelló el miércoles.
Es una respuesta a las críticas al juez Ángel Hurtado por dar vía libre al procesamiento del fiscal general y afirmar sin tener pruebas que Álvaro García Ortiz siguió las “indicaciones” de Moncloa. Sin pruebas, sin indicios y confirmando que en los grandes momentos los autos y opiniones de Hurtado siempre dan buenas noticias al Partido Popular.
En la sesión de control, Alberto Núñez Feijóo se refirió a la situación de García Ortiz y exigió una vez más su cese (lo que legalmente no es posible): “No puede perseguir delitos quien presuntamente los ha cometido”. Incluso si tuviera razón, habría que pensar que los 2.700 fiscales que hay en España seguirán haciendo su trabajo. Pedro Sánchez respondió defendiendo a “los fiscales que persiguen el delito”, que son todos, para pasar a presumir de los buenos resultados económicos. Pensiones, becas, renovables... y hasta kilómetros de fibra óptica. Mirar para otro lado no solucionará los problemas del Gobierno a cuenta del fiscal general.
El laboratorio de ideas de Moncloa debería mejorar el producto, en especial a partir de las nuevas informaciones sobre la investigación de José Luis Ábalos. Una cosa es que se le investigue por recibir favores económicos de no muy alta cuantía y otra muy diferente por una trama continuada de sobornos en la adjudicación de obra pública. El registro de su casa ha permitido saber que un auto del juez del caso menciona grabaciones en poder de la UCO en las que Ábalos reconoce su implicación en el cobro de mordidas a cambio de esas adjudicaciones.
Es aún peor para el PSOE la información que publicó este diario en la noche del miércoles sobre las grabaciones que hizo Koldo García y que la UCO ha aportado al juez. En esas conversaciones de García con Ábalos y con Santos Cerdán, aparecen indicios de que este último, secretario de Organización del PSOE, participó en el amaño de adjudicaciones de obra pública. Esos audios sitúan a Cerdán muy cerca de la imputación en el caso de que el juez lo llame a declarar, aunque en ese caso necesitaría la aprobación del suplicatorio por el Congreso.
La primera reacción del PSOE fue situarse al lado de su número tres. “Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello”, dijo en un comunicado. El partido fue muy tajante, pero no se puede ocultar que aún no sabe lo que sale en las grabaciones y que sólo tiene la palabra de Cerdán para negarlo todo.
Fuentes de Moncloa prefirieron ser más cautas: “No podemos opinar sobre un informe que aún no hemos leído y unas conversaciones de las que desconocemos el contexto”.
Si el Ministerio de Transportes de un Gobierno de Sánchez estaba participando en una trama de sobornos, esto no se soluciona para el PSOE con referencias elogiosas a las renovables y la fibra óptica, además de recordar que ya no es diputado del grupo socialista. Y esto último no le vale nada si Cerdán también aparece en grabaciones inculpatorias.
Ciertas respuestas al PP en los plenos del Congreso pueden terminar perdiendo su eficacia. La vicepresidenta María Jesús Montero dijo que Víctor de Aldama “es un delincuente confeso que salió de la cárcel y espero que vuelva a la cárcel”. Esto último no depende de los deseos del Gobierno, sino de un juez y un fiscal. Su vuelta a prisión no parece probable en estos momentos y bien que lo está aprovechando este protagonista de negocios oscuros.
Se lo está pasando tan bien que hasta le han buscado novia. Según OK Diario, está saliendo con una eurodiputada de Vox. Más allá de que la aludida lo haya negado de forma tajante –esto pasa con frecuencia con las informaciones de ese medio–, llama la atención que se haya visto a Aldama disfrutando de una intensa vida de lujo por distintos puntos de la geografía española. En Ibiza, el menú incluía avión privado, villa de lujo y un Mercedes de 200.000 euros.
Cómo financia este tren de vida la persona a la que la UCO y la Fiscalía Anticorrupción acusan de participar en un fraude de Hacienda por valor de 182 millones de euros es un misterio. O quizá no lo sea tanto. Lo que no es tan raro es que algunos medios de comunicación lo traten como si fuera un analista político. En la entrevista del lunes con Carlos Herrera en la COPE, además de reclamar el fin del Gobierno cuanto antes, Aldama se permitió afirmar que Feijóo tampoco le vale: “Creo que lo que tenemos en este momento, de oposición, no vale. No está sirviendo de nada”. En pleno patinaje mental, Aldama apostó por la creación de un nuevo partido en el que estuvieran Ayuso, Page y Abascal.
En un país en que jueces y fiscales creen que la creación de un centro público de formación de candidatos a la judicatura hará que todos los futuros jueces sean partidarios del Gobierno, no es extraño que un presunto delincuente acabe impartiendo doctrina política en ciertos medios. Y lo malo de las épocas turbulentas de la política es que lo peor siempre está por venir.