El Tribunal Superior de Justicia de Madrid investigará a Isa Serra por desórdenes públicos en un desahucio en 2014

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha declarado competente para investigar a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, por un presunto delito de desórdenes públicos cuando participó en una protesta contra un desahucio en Lavapiés en 2014, antes de ser diputada regional.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid examinó el pasado martes la exposición razonada que le fue elevada por el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid con relación a la posible participación de Serra en la comisión de un presunto delito de desórdenes públicos, de atentado en concurso ideal con faltas de lesiones, y de daños.

Los hechos tuvieron lugar en enero de 2014 cuando la parlamentaria de Unidas Podemos acudió a una manifestación para protestar por un desahucio en Lavapiés en la que señala que hubo un enfrentamiento entre los manifestantes con la policía que formaba parte del dispositivo de seguridad organizado con ocasión de un lanzamiento de vivienda.

Serra ha explicado a Efe que no increpó ni agredió “a nadie” en aquella protesta contra el desahucio de un enfermo crónico con incapacidad “absoluta” que se encontraba en régimen de alquiler.

En aquella protesta, cuatro personas fueron detenidas por desobediencia a la autoridad, por negarse a abandonar la vivienda que debía ser desalojada por orden judicial. Además, tres policías resultaron heridos.

“No he cometido ninguno de los delitos que se me imputan”, ha sostenido la diputada regional, que trató de renunciar al aforamiento hace un año tras la apertura del juicio oral pero no le fue concedido.

Serra ha asegurado que solo participó en la manifestación, y que tras los altercados no fue detenida, como tampoco un mes después cuando la policía se presentó en la facultad de Económicas donde estudiaba.

Después, acudió de forma voluntaria a los juzgados de Plaza de Castilla para prestar declaración, pero según explicó no pudo hacerlo porque no le concedieron esta opción.

Dada su condición de diputada de la Asamblea de Madrid, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia se ha declarado competente para el conocimiento de los hechos.

En el auto dictado por los magistrados integrantes del tribunal se ha aceptado la competencia y procedido a la designación de instructor para el desarrollo de la investigación oportuna.

No obstante, el TSJM señala que la resolución adoptada por la Sala de manera expresa indica que “esto no supone avanzar en absoluto juicio alguno de probabilidad”, por lo que a quien le corresponde decidir su incoación ahora es al magistrado encargado de la instrucción de las diligencias previas.