Unidas Podemos y los socios del Gobierno firman un manifiesto de organizaciones sociales que pide prohibir el corte de suministros básicos

La presión para que el Gobierno de coalición apruebe cuanto antes la prohibición del corte de suministros básicos (luz, agua y gas) al menos durante el estado de alarma aumenta otro peldaño. Si el socio menor del Ejecutivo, Unidas Podemos, ha reclamado públicamente a la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, que agilice la tramitación de un real decreto al respecto, ahora es la sociedad civil y buena parte de los grupos que han apoyado los Presupuestos Generales los que se suman a esta petición. Este mismo jueves, varias asociaciones se han reunido con diversos partidos en el Congreso para reclamar a la vicepresidenta cuarta “un real decreto-ley que vuelva a proteger a los miles de familias que a día de hoy pueden sufrir un corte de agua, electricidad o gas”.

El manifiesto está firmado por siete entidades: Aigua és Vida, Aliança contra la Pobresa Energètica, Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua Pública. Y ha recibido el respaldo expreso de Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, Más País, la CUP, Compromís, BNG y Coalición Canaria.

El documento asegura “que el derecho a una vivienda digna no sólo consiste en poder contar con cuatro paredes y un techo, sino también en disponer de unos suministros básicos garantizados que nos permitan gozar de un nivel de vida digno”. Por eso, continúa, el Gobierno, “consciente de los terribles efectos que un corte de suministro puede conllevar en plena pandemia” promovió poco después de declarar el primer estado de alarma “una garantía de suministro de agua y energía para personas y familias en situación de vulnerabilidad, una medida que dejaba claro que la protección ofrecida por el bono social eléctrico y otras medidas de protección vigentes no es suficiente para paliar los efectos de la pobreza energética de forma integral”.

Pero, señalan “la medida no tenía en cuenta que muchas familias en situación de vulnerabilidad y que sufren la pobreza energética, por distintas causas, no disfrutan de los descuentos derivados del bono social eléctrico ni se encuentran en el mercado regulado”. Por eso el Gobierno amplió ese mismo mes de marzo su propio decreto para ampliar dicha garantía a “los consumidores personas físicas en su vivienda habitual”, una medida que “comprendía la energía eléctrica, los productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, el gas natural y el agua”.

Los datos aportados por el propio Gobierno en sede parlamentaria no dejan mucho lugar a la duda sobre el impacto de la medida. Según recuerda el manifiesto, “la medida evitó hasta junio de 2020 un total de 200.000 cortes de suministro eléctrico, mientras que 150.000 hogares quedaron protegidos de la interrupción de su suministro de gas natural. Se estima que, en el caso de la electricidad, la cifra podría llegar a los 270.000 hasta el 30 de septiembre”. Sobre el agua no hay datos ya que la patronal, denuncian las asociaciones sociales, no los han aportado. Eso sí, tal y como señalan: “el 3 de abril de 2020, en plena escalada de la pandemia, la patronal AGA exigió al Gobierno, a través de una misiva dirigida a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, poner fin a moratoria y poder reanudar así los cortes de agua”.

Sin prórroga en septiembre y aún sin aprobar

“Resulta sorprendente que la medida de prohibición de interrupciones de suministros no se prorrogara a finales de septiembre”, apunta el documento. En aquella negociación, la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, dejó fuera estas medidas, así como la ampliación de la moratoria de los desahucios.

Ambos asuntos son ahora mismo los dos principales caballos de batalla en el seno del Gobierno de coalición, donde el PSOE está cada vez más inquieto por las presiones públicas de su socio. Desde Unidas Podemos defienden que es la única manera de mover a los de Pedro Sánchez hacia posiciones sociales.

Desde Transición Ecológica se respondió a las quejas de Unidas Podemos filtrando que el ministerio prepara un real decreto pero solo para prohibir los cortes de luz. Los de Pablo Iglesias exigen que se incluya agua y gas y se muestran optimistas porque, dicen, gracias a la presión pública lograron que algo que hasta entonces les decían que no era posible, lo fuera.

El manifiesto reclama que Teresa Ribera lleve de forma urgente un real decreto que incluya “el principio de precaución , una herramienta que obligue a las compañías suministradoras a consultar con los Servicios Sociales competentes la situación de cualquier familia afectada por un aviso de corte y a garantizar sus suministros en el caso de que cumpla con unos baremos específicos de vulnerabilidad”.

Además, plantean que “las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, por un sistema de financiación participado al 100 % por las propias compañías de todos los segmentos implicados”

Asimismo, se propone una “redefinición de la figura del consumidor vulnerable” y “ampliar los actuales requisitos de acceso por lo que al nivel de renta se refiere, dado que los mismos no se ajustan a la realidad social de la ciudadanía española y excluyen a una gran cantidad de familias de la protección frente al corte”.