Unidos Podemos se abre a aceptar el déficit pactado con Bruselas si el Gobierno garantiza suficiente gasto social

Las negociaciones abiertas entre el Gobierno y Unidos Podemos para acordar el paquete presupuestario de 2019 adquirirán rango de oficialidad “en los próximos días”. Aunque no se conoce la fecha, los “contactos informales” de las últimas semanas dejarán paso este mismo mes a conversaciones dirigidas a armar una base de 151 diputados en el Congreso que permita buscar luego los apoyos para aprobar las cuentas del año que viene. El objetivo de déficit es, de momento, el principal escollo. Ya fue rechazado el pasado mes de julio en el Congreso. Pero el grupo confederal se abre a aceptar los números pactados entre España y Bruselas si el Ejecutivo garantiza un acuerdo amplio que no impida poner en marcha medidas que permitan financiar los servicios públicos.

El Gobierno tiene intención de aprobar su segunda propuesta de senda de estabilidad la próxima semana. El miércoles 22 se reunirá con sus homólogos autonómicos la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que les presentará las cifras. El viernes, se llevará al Consejo de Ministros. La Ley de Estabilidad marca un mes de plazo para que el Ejecutivo presente de nuevo los números cuando las Cortes los rechazan. La fecha tope es el 27 de agosto.

Fuentes del Gobierno apuntan a eldiario.es que, salvo sorpresa de última hora, Hacienda insistirá en un objetivo de déficit del 1,8% para 2019. Cinco décimas más, recuerdan, del que previamente había pactado Mariano Rajoy con la UE. Pero, como recuerdan desde Unidos Podemos, casi un punto menos del déficit con el que se cerrará 2018.

El grupo que lidera Pablo Iglesias remitió el miércoles un documento base de negociación al Gobierno con una serie de medidas a tratar en las conversaciones. El primer punto del documento apela a la necesidad de “defender los intereses del pueblo español y renegociar el déficit con Bruselas”.

Unidos Podemos, no obstante, no fija una cifra. No hace una exigencia concreta al Gobierno. El secretario del grupo confederal, Txema Guijarro, asegura a eldiario.es que no quieren “entrar en una discusión de cifras”. “Esto fetichiza un número que en realidad no dice nada”, añade. “Queremos negociar medidas concretas. Si ellos buscan la manera de que con el 1,81% se financien los programas de dependencia, pues bien. Si nos presentan un 2,4%, pero no hay medidas detrás que lo acompañen, estaremos en las mismas. Por eso queremos hablar de los Presupuestos Generales del Estado, no tanto del objetivo y del techo de gasto”.

“Hay posibilidades de acuerdo”

Guijarro sostiene que “mantener el 1,8% hará muy difícil poner en marcha una política fiscal expansiva” y asegura que “Bruselas ya tenía asumido el 1,9%” por lo que la propuesta del Gobierno lo “restringe” de forma innecesaria. Con todo, el grupo confederal cree que “hay margen por otros sitios” para lograr los fondos necesarios para poner en marcha políticas de gasto expansivas.

Unos y otros afrontan el inminente inicio del curso político de forma distinta a como terminó el anterior, cuando el Ejecutivo solo logró el apoyo del PNV a sus cifras. “Hay posibilidades de acuerdo”, sostienen desde el Gobierno de Pedro Sánchez. “Hay margen para convencer a la gente si vamos al mismos sitio”, apuntan las mismas fuentes.

Desde Unidos Podemos, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha exigido en al PSOE que abra una negociación real. El portavoz adjunto del grupo confederal defendió en julio la posición de su grupo y ya entonces avanzó que la abstención era una “puerta abierta” después de lo que consideraron un intento de imposición por parte del Gobierno. “El PSOE sólo tiene 84 diputados, insuficientes para sacar adelante el techo de gasto”, recordaba IU en una nota de prensa este jueves.

Las reuniones tendrán que esperar a que los equipos técnicos de los partidos y el Gobierno regresen de vacaciones, pero Guijarro apunta a este medio que espera “que sean en los próximos días”. “Hay cierta prisa. Hay margen, pero no nos podemos dormir en los laureles”.

Modificar la Ley de Estabilidad

Las prisas radican en que para sacar adelante la senda presupuestaria el Gobierno debe sortear el previsible veto del PP en el Senado. La Ley de Estabilidad, aprobada en 2012 por el Gobierno de Rajoy, establece que estas cifras deben recibir la aprobación de las dos cámaras de las Cortes Generales, cuando lo habitual es que el Congreso pueda levantar un no del Senado.

El PP controla con mayoría absoluta la Cámara Alta. Ya en julio el Gobierno planteó la posibilidad de modificar la norma vía real decreto-ley. Pero desde Unidos Podemos recuerdan que es una ley orgánica y consideran que esa opción no es viable.

Así, habría que abrir un proceso de urgencia en el Congreso para modificar la Ley de Estabilidad. El Gobierno debería lograr el apoyo de 176 diputados para sacarla adelante. Y, antes, un acuerdo similar para permitir una tramitación en lectura única que evitara que el PP enredara el trámite en el Senado.

Entre esos apoyos el PSOE y Unidos Podemos tendrían que sumar a grupos que en 2012 apoyaron al Gobierno de Rajoy, como la antigua Convergència [hoy PDeCAT], o convencer al PNV, que entonces se abstuvo.

Batería de medidas

El documento remitido el miércoles por Unidos Podemos al Gobierno incluye una batería de medidas que va más allá de la inminente votación del objetivo de déficit o la modificación de la Ley de Estabilidad. Incluye medidas fiscales y presupuestarias que, si el Gobierno las asume, permitirían al grupo confederal aceptar un objetivo de déficit menor de lo esperado.

Tanto el Ejecutivo como Unidos Podemos asumen que la negociación debe ser “integral” y que no se pueden desgajar los elementos unos de otros.

Entre otras, el documento pide revisar las exenciones fiscales a las grandes empresas para que tributen un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades. Garzón apuntaba este miércoles que “las grandes empresas apenas pagan un tipo efectivo del 5%, después de aplicar su ingeniería fiscal, mientras que el resto de los ciudadanos pagamos mucho más: 15%, 20%, 25%, 30%... en función de la renta de cada uno”.

En el mismo sentido se pronunciaba el responsable económico del PSOE y próximo embajador de España ante la OSCE, Manuel Escudero, en un artículo en El País, en el que señalaba la “necesidad de elevar la recaudación” de dicho impuesto. Escudero sigue así la senda del Gobierno, que este miércoles recordaba tras la difusión del documento de Unidos Podemos que “varios de los puntos de lo que se habla ya forman parte de las cuestiones sobre las que está trabajando el Ejecutivo de Pedro Sánchez”