Una vocal defiende que la "legitimidad" del Poder Judicial para hacer nombramientos está "caducada" y pide "contención"

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, preside un Pleno el pasado enero.

Concepción Sáez, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de IU, ha firmado un voto particular en el que discrepa con la decisión de la mayoría del Pleno de la institución de hacer nombramientos de altos cargos de la magistratura pese a tener su mandato caducado desde hace casi dos años. Entre ellos, los efectuados este miércoles en el Tribunal Supremo. Sáez y Álvaro Cuesta, vocal a propuesta del PSOE, fueron los únicos miembros del actual CGPJ que no secundaron estas designaciones, que sí contaron con el aval de los otros seis miembros de la minoría progresista y de la mayoría conservadora. 

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La vocal defiende que la "razón legitimadora" del actual Consejo —elegido en 2013, cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta— ha "caducado", por lo que la "contención" debería ser su "guía de actuación". Esta "contención" debería operar principalmente en relación a las cuestiones que tienen "carácter más marcadamente político" como son los nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales. 

Desde que se eligió el actual CGPJ se han celebrado cuatro elecciones generales. Entonces el PP gobernaba con mayoría absoluta. La actual composición es la siguiente: 11 vocales a propuesta del PP, siete a propuesta del PSOE, uno a propuesta del PNV y otra a propuesta de IU. El presidente, Carlos Lesmes, que en su día fue alto cargo en los gobiernos de Aznar, también es conservador. Estos son los vocales encargados de nombrar a los altos cargos de la magistratura. 

"Los nombramientos discrecionales (...) no pueden hacerse depender de decisiones no justificadas (quizá por injustificables) del presidente ni aun contando con el concurso de los vocales", sostiene Sáez, que pide al CGPJ que se abstenga de "tomar decisiones susceptibles de colisionar con las que hayan de adoptarse por el próximo CGPJ en el pleno ejercicio de sus competencias, las comprometan, o aboquen a su reconsideración y/o alteración". 

La vocal llama la atención especialmente sobre los ascensos de jueces al Supremo, pues son nombramientos "sin limitación temporal de permanencia en el puesto una vez consumados". Salvo renuncia, los tres magistrados recién nombrados para la Sala de lo Penal —Javier Hernández, Ángel Hurtado y Leopoldo Puente— seguirán en el Alto Tribunal hasta la edad máxima de retiro, fijada a los 72 años.

Sáez sostiene que la prolongación de esta situación de interinidad "más allá de los límites temporales razonables propios de un traspaso funcional ordinario" sitúa a la institución en una posición "deficitaria" que "no puede obviarse pretendiendo que su funcionamiento y atribuciones no sufren menoscabo ni alteración alguna" y defiende que el "vacío legal" que existe sobre las atribuciones que tiene el CGPJ cuando está en funciones no puede aprovecharse para "ejercer válidamente" las atribuciones que, durante el mandato ordinario, suponen su "núcleo" de actuación, como son los nombramientos. 

Propone, en este sentido, que se haga una "analogía" con la ley del Gobierno, que establece que, cuando está en funciones, el Ejecutivo "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas". 

Así, Sáez defiende que el CGPJ en funciones "debe conducirse con arreglo a criterios de prudencia y mesura, y ajustar sus actuaciones al despacho ordinario de los asuntos que le competen, entendiendo por tales aquellos que no condicionen, comprometan o impidan las decisiones que deba adoptar el Consejo entrante como órgano político". 

En este voto particular la vocal muestra su desacuerdo con el nombramientos de los citados tres jueces de la Sala de lo Penal, así como de las presidencias de la Sala Tercera, de lo Social; y de la Sala Cuarta, de lo Contencioso. Además, ha formulado otro en el que muestra su desacuerdo con la designación del nuevo presidente de la Sala Quinta, de lo Militar, por una cuestión de fondo, pues cuestiona la existencia misma de la jurisdicción militar en el sistema de justicia.

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