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Los vocales conservadores del Poder Judicial piden otro pleno para imponer sus candidatos al Constitucional

Pleno del CGPJ del 13 de octubre presidido por Rafael Mozo

Elena Herrera

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Los nueve vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que llevan tres meses bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional insisten en solicitar que se celebre un pleno extraordinario para abordar esos nombramientos antes de que entre en vigor la reforma que reduce las mayorías para aprobarlos. Después de que el presidente del órgano, el progresista Rafael Mozo, rechazara su primera petición por un defecto formal, estos consejeros han reformulado la propuesta incluyendo el nombre de sus dos candidatos: los magistrados del Tribunal Supremo César Tolosa y Pablo Lucas, han informado fuentes del sector conservador. En más de tres meses de negociaciones frustradas, estos vocales habían rechazado desvelar sus candidatos.

Este movimiento evidencia su rechazo al también juez del Alto Tribunal José Manuel Bandrés, que es el magistrado elegido por los progresistas para acceder al Constitucional y al que respalda este bloque de forma mayoritaria. Por contra, proponen a Pablo Lucas, que fue el otro nombre también barajado por los progresistas aunque en una votación interna la mayoría se decantó por Bandrés. El cuestionamiento del candidato progresista, que fue uno de los fundadores de Juezas y Jueces para la Democracia, fue el escollo que hizo descarrilar las negociaciones hace unas semanas. Los miembros del grupo minoritario no estaban dispuestos a transigir en este punto. Defienden que su elección fue fruto de un acuerdo interno que debe ser respetado.

En todo caso, que se celebre un pleno no quiere decir que vaya a haber nombramientos, pues ambos bloques mantienen por el momento posiciones encontradas sobre estas designaciones que, según el marco legal vigente, deben conciliar el respaldo de tres quintos del pleno. Esto es, al menos 11 de sus 18 miembros actuales. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 10 conservadores y ocho progresistas.

Pero los conservadores tienen prisa por hacer las votaciones con la ley actual porque consideran que el nuevo sistema garantiza que los candidatos de preferencia de cada bloque resulten elegidos, sin capacidad de que haya vetos cruzados. Y que, en consecuencia, los progresistas verían cumplido su objetivo de llevar a Bandrés al Constitucional. El cambio legal del Gobierno contempla que sean elegidos los dos magistrados que obtengan un mayor número de votos y que cada vocal sólo pueda votar a un candidato.

Fuentes del bloque conservador no dudan en referirse a Bandrés, que acumula una dilatada trayectoria jurídica y nunca ha ocupado cargos políticos, como “el candidato del Gobierno”. De hecho, se refieren a la propuesta de los grupos que sustentan al Ejecutivo como “la enmienda Bandrés”. 

César Tolosa fue elegido presidente de la sala tercera del Supremo en septiembre 2020, después del polémico mandato de Luis María Díez-Picazo. Tolosa fue nombrado con 18 votos del total de 21 del pleno, muy por delante de la candidata progresista, Pilar Teso. Entró en el Tribunal Supremo en 2014 después de presidir el Tribunal Superior de Cantabria durante una década y ejercer como juez desde 1982. Pablo Lucas es también juez de la sala de lo contencioso-administrativo y es, desde 2009, el juez encargado de supervisar determinadas intervenciones del Centro Nacional de Inteligencia. Considerado del espectro progresista de la sala, su firma está por ejemplo en las resoluciones que suspendieron y avalaron finalmente la exhumación del cadáver de Franco.

Pleno urgente en el Constitucional

El bloqueo para renovar el Tribunal Constitucional ahora está en manos también del propio tribunal de garantías. El presidente, Pedro González-Trevijano, ha anunciado la convocatoria de un pleno extraordinario para estudiar el recurso del Partido Popular contra la tramitación de la reforma con la que el Gobierno pretende desbloquear la renovación del Constitucional.

Es una reforma que cambiaría las mayorías necesarias dentro del Consejo General del Poder Judicial para intentar sortear el bloqueo impuesto por los vocales del bloque conservador, que hasta este mismo miércoles se han negado a dar los nombres de sus candidatos y que, ante el anuncio de la reforma, han solicitado la convocatoria de un pleno urgente en el órgano de gobierno de los jueces.

El PP ha recurrido la tramitación de esta reforma al entender que hacerlo a través de enmiendas al Código Penal es un proceso irregular, y ha pedido además medidas cautelarísimas. El Constitucional tomará una decisión próximamente en un pleno urgente que tendrá como ponente a Enrique Arnaldo.

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