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'El destino de las armas españolas': la investigación de eldiario.es que desvela el lado más oscuro de una pujante industria

El destino de las armas españolas

¿En qué países y en qué guerras acaban las armas que se fabrican en España? El armamento español en muchos casos se utiliza para atacar posiciones civiles, para apoyar a regímenes que vulneran los derechos humanos o para reprimir protestas pacíficas.

En una serie de cinco reportajes de investigación, llamada 'El destino de las armas españolas' eldiario.es documenta cómo varias empresas españolas (algunas muy conocidas) se enriquecen a costa de vender material y de ofrecer servicios de mantenimiento a dictaduras, países que vulneran los derechos humanos o que están inmersos en guerras que han desembocado en graves crisis humanitarias. En la investigación, realizada en colaboración con Lighthouse Reports, también se demuestra en qué conflictos acaban estas armas y para qué se utilizan exactamente.

La industria armamentística española exporta cada año más material que el anterior. Desde 2004, las autorizaciones para enviar material bélico a otros países se han multiplicado por 10 y el sector gana cada vez más peso en la economía del país. Solo en 2017, último año con datos completos disponibles, se exportaron armas por valor de 4.346 millones de euros. 10 años antes, en 2007, no llegaban a los 933 millones.

En repetidas ocasiones, la pujanza de este sector ocurre a costa de vulnerar tanto la legislación española como la normativa europea de exportaciones de armamento. Las leyes prohíben exportar armas a países que están en guerra, que tratan de imponer por la fuerza reivindicaciones territoriales o que llevan a cabo vulneraciones de los derechos humanos. La realidad, no obstante, demuestra que pocas veces se cumple la ley cuando se trata de comerciar con armamento.

Estos negocios se hacen con la connivencia del Gobierno español, que autoriza prácticamente todas las peticiones de exportaciones. Al contrario de lo que establece la ley, las autoridades casi nunca tienen en cuenta el destino ni el tipo de Gobierno al que se permite comprar armas españolas. Estas decisiones, además, se toman en reuniones a puerta cerrada y cuyas actas son secretas e inaccesibles.

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