El CGPJ constata los riesgos en la salud laboral de los jueces de la Audiencia de Sevilla por la sobrecarga de trabajo

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Javier Ramajo

La sobrecarga de asuntos en los juzgados no es una novedad, tampoco en la Audiencia de Sevilla. Pero los magistrados de sus cuatro secciones penales, que acordaron hace tres meses no asumir más de 316 asuntos anuales por juez, el límite máximo del módulo de trabajo fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), convirtieron a la Audiencia Provincial en el primer órgano colegiado en el que se activaba el sistema de alertas por el cual se tiene en cuenta no solo la carga de trabajo sino determinadas circunstancias personales y/o profesionales de los magistrados.

Ahora, la Comisión Permanente del CGPJ acaba de tomar conocimiento de un informe de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales, tras la comunicación efectuada por los magistrados de Sevilla, en el que se propone mantener los refuerzos y comisiones de servicios existentes en las citadas secciones“y que se puedan adoptar otro tipo de refuerzo en el resto de las secciones si es necesario”, informan fuentes del CGPJ a eldiario.es Andalucía.

Dichas fuentes señalan que el servicio de prevención de riesgos no tiene capacidad para dotar de refuerzos a la Audiencia pero sus consideraciones, que constatan el alto nivel de asuntos ingresados y resueltos, “se tendrá en cuenta” a la hora de renovar las comisiones de servicio, por ejemplo. Es decir, el informe supondrá “un punto a favor” para que se autoricen los refuerzos, al margen de reiterar ante la Junta de Andalucía, competente en instalaciones judiciales, que se garanticen unas buenas condiciones de trabajo adecuadas en cuanto a mobiliario, equipos de trabajo, temperatura, iluminación, etc.

El informe de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales del CGPJ concluye que en las secciones penales de la Audiencia de Sevilla el ingreso de asuntos crece desde 2015 y está por encima de la media nacional y autonómica. “El indicador de resolución de los magistrados también está por encima de la media, pero el número de asuntos pendientes también está por encima de la media nacional y autonómica”, añaden las fuentes.

Este martes, el vocal encargado de prevención de riesgos en el cgpj, Juan Martínez Moya, se ha reunido en Granada con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y con su Sala de Gobierno para abordar este asunto y otros relacionados con la materia en los juzgados andaluces.

“Desmesurada” carga de trabajo

El pasado 9 de marzo, los magistrados de las cuatro secciones penales de la Audiencia comunicaron que habían acordado “por unanimidad” y para “preservar nuestra salud laboral” no asumir más de 316 asuntos anuales por juez. Aquel acuerdo se recogía en el acta del pleno que celebraron unos días antes y donde habían resuelto exigir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ocho magistrados más de refuerzo para poder compatibilizar el trabajo ordinario con las macrocausas. Cabe recordar que la Sección Primera está celebrando el juicio el caso ERE.

Los magistrados elevaron una denuncia a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral del CGPJ ante los efectos sobre su salud de la sobrecarga de trabajo y fruto de esa denuncia se activó por primera vez en un órgano colegiado el sistema de alerta para detectar riesgos psicosociales. La Inspección visitó a primeros de marzo cada una de las secciones para conocer cuántos asuntos lleva y la complejidad de éstos.

Los magistrados celebraron un pleno en el que acordaron reiterar su petición al TSJA de que refuerce cada sección al menos con un magistrado más (cuatro), que exista una “sección bis” de tres jueces que rote por las secciones que estén celebrando macrocausas y un refuerzo más que cubra el 50% de jornada que tiene reducida uno de los 21 jueces que componen estas cuatro secciones actualmente.

El acta de aquel pleno recogía su denuncia por “la desmesurada carga de trabajo, la falta de agilidad al cubrir las bajas” y de sustituciones durante el tiempo en el que un juez está exento de reparto para poner las sentencias de causas especialmente complejos, criticando que “la indiferencia ante las carencias puntuales y los problemas estructurales de las secciones penales para asumir los importantes retos que enfrentan en la actualidad provoca una situación insostenible”.

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