Un grupo de investigadores de Sevilla denuncia “desigualdad injustificada” para la estabilización en la Universidad

Profesorado contratado doctor (PPL), ayudante doctor (PAD) y titulares (PTU) de la Universidad de Sevilla lamenta que no se les incluya en el 'Acuerdo para la Estabilización de investigadores contratados posdoctorales' de la propia Universidad y que supone, a su juicio, “una situación de desigualdad injustificada”. La Hispalense, según argumenta el colectivo, ha ido estabilizando sucesivamente a todos los contratados posdoctorales de concurrencia competitiva seniors pero no a ellos, por lo que solicitan un “trato igualitario” en ese sentido. “Volví para quedarme y ahora me veo en la calle”, explica uno de los afectados, algunos de los cuales han dejado contratos posdoctorales en el extranjero para venir a la Universidad de Sevilla bajo el paraguas de un contrato que les llevaría a la estabilidad, supuestamente, “como ya pasa con todos los contratos seniors de concurrencia competitiva” en la Hispalense.

El origen de este conflicto entre la Hispalense y este colectivo de unas 50 personas está en las ayudas publicadas en abril de 2017 por parte de la Junta de Andalucía dentro del programa de ayudas a la I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. “La Universidad de Sevilla presume de retención de talento cuando en realidad hace detención de talento, ya que pone en duda los derechos adquiridos en 2008, con todas las complicaciones que esto implica a los investigadores: imposibilidad de petición de proyectos, tiempo perdido buscando otros trabajos, retraso innecesario del primer contrato indefinido, etc.”, protesta el colectivo en un escrito remitido a SevillaelDiario.es, si bien confían en que pronto puedan llegar a un acuerdo con la US y solucionar “esta situación de precariedad laboral”.

El citado Acuerdo de Estabilización, según ha comprobado este periódico, se dice “aplicable a todos los investigadores postdoctorales contratados bajo programas de concurrencia competitiva, incluyendo los programas nacionales 'Ramón y Cajal' y 'Juan de la Cierva' [programas estatales de ayudas para la contratación pública de doctores], así como los programas autonómicos de reincorporación y equivalentes”, dentro de los cuales entiende el colectivo de investigadores que tiene cabida su situación.

Nuevo talento

El procedimiento de contratación de las citadas ayudas incluía dos fases: una primera en la que las entidades solicitaban el número de contratos que querían y en la que la Junta resolvía cuantos contratos iba a ofrecer a cada entidad, y una segunda en la que las entidades contrataban con esos fondos al personal seleccionado en concurrencia competitiva. Tal y como se indicaba en la convocatoria, “el órgano competente para la selección de las solicitudes será la Comisión de Selección prevista en la orden reguladora, teniendo en cuenta la valoración de las solicitudes efectuadas por la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento”. 

Explican los afectados que fue la propia Universidad de Sevilla la que solicitó esos contratos, sabiendo las características del mismo, esto es, que están enmarcados dentro del Programa de ayudas a la captación, incorporación y movilidad de capital humano en I+D+I, y cuyo objeto del contrato era perfeccionar las capacidades adquiridas durante una primera etapa de formación postdoctoral, así como fortalecer con nuevo talento las actividades de investigación de las entidades beneficiarias. Es decir, “queda claro que somos un colectivo posdoctoral senior”, apuntan.

La Hispalense responde que "en la modalidad de consolidación investigadora no se han puesto límites a la presentación de cualquier investigador postdoctoral como si han hecho otras universidades.

Además, las ayudas concedidas están cofinanciadas por la Unión Europea en el marco del Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía 2014-2020, insertándose en concreto en el objetivo específico consistente en “aumentar la contratación de carácter estable de las personas desempleadas, incluyendo las de larga duración y aquellas de más edad”, englobándose en la medida comunitaria denominada 'Acceso al empleo, iniciativas locales y movilidad laboral'. Los primeros contratos que se firmaron finalizan a finales de diciembre de 2023, por lo que “urge una pronta solución a nuestro problema”, insisten, teniendo que ya reunieron en marzo con la vicerrectora de Personal Docente sin que haya visos de solventar la cuestión.

Fuentes oficiales de la Universidad de Sevilla argumentan a este periódico que existen “varias convocatorias como la María Zambrano o la de Talentos con doctores que no entraban en el plan de estabilización y se ha hecho una selección de los investigadores, siguiendo criterios competitivos”. La US, según añaden estas fuentes, “es una de las universidades que tiene el plan de estabilización más amplio” y que “en la modalidad de consolidación investigadora no se han puesto límites a la presentación de cualquier investigador postdoctoral como si han hecho otras universidades”. Pese a la insistencia de este medio, la US no ha querido detallar cuáles son esos criterios que impiden la estabilización de los integrantes de este colectivo, que entienden que cumplen con lo establecido en el citado acuerdo de 2008.

El último intento de solución al conflicto tuvo lugar el pasado martes cuando, tras pedir sin éxito un encuentro con el Vicerrectorado de Investigación, reenviaron la solicitud de reunión a la directora de Promoción de la Investigación, Ana María Porcel. Según detalla el colectivo a este periódico, “es el equipo rectoral” el que no quiere incluirles en el Acuerdo de Estabilización. Sin embargo, este profesorado cuenta con el apoyo de sus supervisores y de los directores de muchos departamentos de la US a los que están inscritos. También están recopilando en las últimas fechas apoyos de decanos y decanas de la Universidad, que le irán haciendo llegar directamente al Rectorado para tratar de demostrar a las más altas instancias que tienen derecho a la estabilidad que persiguen.

Una “irresponsabilidad”

“La Universidad de Sevilla está muy envejecida y en pocos años la mitad de la plantilla va a jubilarse, por lo que echar a la calle a investigadores competitivos creemos que es una irresponsabilidad por parte de esta universidad pública. Eso fomentaría, lamentablemente, la fuga de cerebros en Andalucía, lastrando a esta comunidad”, insiste el colectivo. La etapa postdoctoral es un carrera desigual en la que los investigadores han ido perdiendo poder adquisitivo con el paso de los años, según refleja un reciente informe elaborado por la Federación de Jóvenes Investigadoras (FJI/Precarias).

Por otro lado, a instancias del propio Vicerrectorado de Personal Docente, el colectivo también mantuvo previamente (en concreto el 1 de junio) un encuentro con el secretario general de Investigación e Innovación, Pablo Cortés, y el director general de Investigación, Librado Carrasco, responsables de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, organismo que generó sus contratos y en el que les expresó el apoyo a su reivindicación, comentan las fuentes del colectivo.

Fuentes de este departamento autonómico comentan a este periódico que la Consejería ha adquirido “el compromiso de estabilización del personal dedicado a la investigación, con el fin de garantizar el relevo generacional en la ciencia y satisfacer también las aspiraciones personales de los investigadores”, para lo cual “se están estudiando fórmulas de estabilización que se incorporarán en las futuras convocatorias de I+D”. En este caso, la estabilización de este colectivo de investigadores “es una cuestión de personal que compete a la US en virtud de su autonomía universitario, al igual que hacen otras universidades andaluzas”, zanjan al respecto las fuentes de la Junta.