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La Audiencia Nacional rechaza que Argentina tome declaración al exministro franquista Martín Villa

El juez José de la Mata argumenta, entre otros motivos, que según la legislación española los delitos que le atribuye habrían prescrito y vulneraría la Ley de Amnistía

También expone que el propio Martín Villa se ha puesto a disposición de la jueza para declarar en Argentina y ella lo ha rechazado

Martín Villa echa en falta la complicidad entre líderes políticos de 1977

El exministro franquista Martín Villa EFE

La Audiencia Nacional ha rechazado la pretensión de la jueza argentina María Servini de desplazarse a España para tomar declaración al exministro franquista Rodolfo Martín Villa dentro de su investigación por los crímenes del franquismo.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el juez José de la Mata argumenta, entre otros motivos, que según la legislación española los delitos que le atribuye habrían prescrito y, además, admitir la comisión rogatoria vulneraría la ley de Amnistía de 1977.

También expone que el propio Martín Villa se ha puesto a disposición de la jueza para declarar en Argentina y ella lo ha rechazado. Por ello, considera que Servini tiene a su disposición "múltiples mecanismos" para conseguir sus objetivos procesales sin necesidad de desplazarse a España. Recuerda que Martín Villa puede declarar, por ejemplo, en la embajada o en el consulado de Argentina en España o por videoconferencia.

La justicia argentina busca al exministro franquista desde 2014 por 11 homicidios y crímenes contra la humanidad en un "ataque sistemático" para eliminar opositores, según la causa que se instruye y se conoce como querella argentina. La jueza rechaza la opción de tomarle declaración fuera de un juzgado español por la gravedad de los delitos "atroces" imputados, como señalaron en su momento desde Argentina.

Rodolfo Martín Villa fue alto cargo de la dictadura franquista y luego ministro de Gobernación con la UCD de 1976 a 1979. Como máximo responsable de las fuerzas de seguridad del Estado, era conocido popularmente como "la porra de la Transición".

En la querella argentina está imputado por "la posible comisión de hechos atroces". Caso de homicidios, sustracción de menores o privación ilegal de libertad calificada por la aplicación de torturas. "Ilícitos achacados" que no prescriben al tener consideración de crímenes de lesa humanidad. Los cargos están sustentados en casi 30 testimonios y denuncias personales y de asociaciones de derechos humanos.

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