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Colau pide al TSJC que los juzgados avisen a servicios sociales de los desahucios

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Colau pide al TSJC que los juzgados avisen a servicios sociales de los desahucios

Colau pide al TSJC que los juzgados avisen a servicios sociales de los desahucios

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha enviado hoy una carta al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, en el que le pide que los juzgados comuniquen a los servicios sociales municipales el inicio de todos los procesos de desahucios que afecten a familias vulnerables.

La alcaldesa menciona en su carta, a la que ha tenido acceso Efe, el caso que ocurrió el pasado viernes, día 9, cuando un inquilino de un piso situado en el número 8 de la calle Petons se quemó a lo bonzo cuando acudieron a desalojarlo de su vivienda, sin que los servicios sociales municipales tuvieran conocimiento de la ejecución.

El hombre, que evoluciona bien, sufrió quemaduras de primer y segundo grado y el sábado recibió en el hospital la visita del concejal de Vivienda, Josep María Montaner, quien le prometió que el ayuntamiento le facilitaría una vivienda.

En la carta enviada por Colau hoy a Barrientos, se queja de que los servicios sociales no tuvieran conocimiento previo de que se iba a ejecutar este desahucio y que lo conocieron a través de la prensa e informa al presidente del TSJC de que ya ha activado a los servicios sociales para garantizar al hombre "un alojamiento digno una vez le den al alta hospitalaria".

Colau lamenta que, al no tener conocimiento del desahucio, no pudieron "ni mediar con la propiedad para facilitar un alquiler social" garantizando el consistorio el pago, "ni buscar un realojo digno que evitara la sensación de pánico que sufrió el afectado".

"Desde el Ayuntamiento -escribe Colau a Barrientos- llevamos dos años insistiendo en la necesidad de fortalecer la colaboración con los juzgados para conocer los inicios de los procedimientos de lanzamiento que afectan a personas en situación de vulnerabilidad".

El actual protocolo de desahucios data de 2013 y sólo prevé la comunicación a los servicios sociales si la familia afectada concede el consentimiento formal, una acción que, según la alcaldesa, "muchas veces no hacen por miedo o por desconocimiento".

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