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El Gobierno aplica la emergencia ambiental para vencer las resistencias a las medidas contra el cambio climático

La declaración no implica un rango normativo, pero fija una prioridad al plan climático ante las oposiciones internas y externas: "Es un programa de legislatura"

Reticencias en ministerios, ayuntamientos de la derecha, patronales y gobiernos autonómicos han planteado obstáculos para la Ley de cambio climático, el impuesto al diésel, las restricciones al tráfico o la gestión del agua  

El Gobierno se compromete a poner en marcha en 100 días las medidas para eliminar las emisiones de CO2 en 2050

Una indigente de Gandia, segunda persona fallecida por temporal

Imagen del temporal Gloria en la costa de Valencia en enero de 2019. EFE

El Gobierno ha declarado la "emergencia climática y ambiental en España". Un acuerdo que no tiene rango legal alguno, pero servirá, en palabras de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "para ir más deprisa". De momento ha provocado que el Ejecutivo se autoimponga un plazo de 100 días para remitir, al fin, la ley de cambio climático al Congreso.

Aunque ahora se admite que la situación "reclama una acción urgente", los planes contra la alteración del clima no han ido como la seda desde el cambio de gobierno propiciado por la moción de censura de mayo de 2018. Ayuntamientos gobernados por las derechas, patronales automovilísticas, la agricultura intensiva e, incluso, compañeros han desarrollado una oposición exterior e interior.

Ley, decreto y polémica del diésel

Una pieza clave de esta acción como es la Ley de cambio climático ha encontrado problemas para abrirse camino. Tras conocerse, por ejemplo, que su primer borrador en noviembre de 2018 planteaba, entre otras cosas, la prohibición de vender coches diésel, gasolina o híbridos a partir de 2040, la patronal automovilista Anfac calificó el plan de "excesivo y acelerado". Ribera proyectó aprobar alguna de las medidas más urgentes del texto en un decreto mientras se allanaba el camino de otros aspectos. Finalmente, el Gobierno no lanzó ese decreto y se echó el calendario encima. Con el anteproyecto de ley encima de la mesa, se precipitó el adelanto electoral.

Teresa Ribera expresó al llegar al Ministerio que la ventaja fiscal del diésel respecto de la gasolina no tenía "sentido ambiental". Salió a la palestra la idea de, al menos, equiparar los impuestos que se pagan en general por ambos carburantes. Se trata de una reclamación repetida sin cesar por la Comisión Europea y la OCDE que han visto inexplicables esas ventajas.

En septiembre de 2018, la ministra de Industria, Reyes Maroto, declaró que ese cambio "ni siquiera está anunciado". El vicepresidente de Anfac, Mario Armero, acabó por admitir (un año después) que la postura de Ribera no había influido en las ventas.

En definitiva, Ribera ha asegurado este martes que no habrá nuevos subsidios a combustibles fósiles y que se revisan los actuales. Ha introducido, eso sí, una salvedad: "Salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas".

Límites al tráfico en ciudades de 50.000 habitantes

El director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha aplaudido "la voluntad del Gobierno de priorizar la emergencia climática" aunque ha pedido objetivos "mucho más ambiciosos que los planteados hasta ahora". La organización quiere que se intente reducir las emisiones de CO2 un 55% respecto a lo que se emitía en 1990 –el plan actual lo hace al 20%.–.

Los sectores que más tienen que aplicarse para que España entre en la senda para tener emisiones neutras en 2050 son la generación de electricidad y el transporte, según el Plan de Energía y Clima sobre el que el Gobierno pretende construir la estrategia que contrarreste la recién declarada emergencia climática.

Precisamente, el transporte se ha convertido en el primer emisor de gases de efecto invernadero en el último balance de 2018. Creció hasta suponer el 27% de los 334 millones de toneladas "debido principalmente al incremento de las emisiones del transporte por carretera", según el recuento oficial. El plan del Gobierno va a incluir "la obligación" de que las ciudades de más 50.000 habitantes creen zonas de bajas emisiones (ZBE), asociadas a la restricción del tráfico.

Este tipo de medidas, extendidas en Europa, han protagonizado, al menos, un episodio de oposición política sui generis en España. La ZBE de Madrid Central puesta en marcha durante 2019 sirvió para que el candidato del PP a la alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, construyera su campaña electoral en torno a la eliminación de esta zona. Su compañera y candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a decir que se había atentado contra la idiosincrasia de la ciudad al eliminarse atascos y que había provocado un incremento de la criminalidad –sin aportar dato alguno–.

Una vez convertido en alcalde, Martínez-Almeida intentó inutilizar Madrid Central al eliminar las sanciones por incumplir su normativa. Solo la orden de un juez que anuló esa medida devolvió la ZBE al funcionamiento normal. Tres estudios diferentes han avalado después la eficacia de Madrid Central. Mientras, Isabel Díaz Ayuso aseguró el 1 de enero pasado sobre la contaminación atmosférica que "nadie ha muerto de eso".

Fiscalidad verde imposible. Regantes en guerra

España se ha mostrado incapaz durante años de desarrollar una fiscalidad ambiental acorde con sus compromisos en la Unión Europea. Está situada desde hace tiempo en los últimos puestos de la Unión Europea en cuanto a impuestos verdes de protección ambiental. La recaudación con este instrumento apenas supera el 5%, la mitad de lo comprometido en Europa (fueron 21.300 millones en 2017). El total no llega al 2% del PIB cuando la media en la UE llega al 2,4%.

Tras este tiempo mirando hacia otro lado, la declaración de emergencia climática contiene, al menos, la idea de crear una fiscalidad "compatible con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha añadido que trabajan en un documento de fiscalidad verde.

Una de las características de la emergencia climática es que conecta muchas parcelas. En España, uno de los elementos cruciales del efecto del cambio climático en España es la pérdida de recurso hídricos. Hace pocos días, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Fenacore, pedía que Transición Ecológica perdiera las competencias generales sobre el agua. Consideraron que bien Infraestructuras o Agricultura debían mandar sobre el agua y que Ribera necesitaba un "cambio de actitud".

La gestión del agua ha sido otro frente de oposición al Ministerio de Transición Ecológica. Especialmente desde el Levante, donde las decisiones sobre el trasvase Tajo-Segura que no han satisfecho sus planteamientos se han traducido en oposición política al cargo de los gobiernos autonómicos de Murcia, Comunidad Valencia y Andalucía. La estrategia climática presentada este martes especifica que el calentamiento global representa un peligro por el "deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua y el suelo fértil". Une el cambio climático y la agricultura "que debe se neutral" para el clima.

Javier Andaluz, responsable de cambio climático en Ecologistas en Acción, coincide en que la declaración "es un paso adelante aunque los compromisos actuales son insuficientes a nivel técnico". También recuerda que "muchas de las medidas estaban pendientes de la legislatura anterior". En Transición Ecológica subrayan que, precisamente, se trata de un "programa de legislatura acordado con todos los ministerios".

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