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El Gobierno oculta cómo hará el prometido cambio de la ley del aborto para las menores

La secretaria de Estado de Igualdad afirma que el Gobierno aprobará "en las primeras semanas de enero" las leyes de protección a la infancia que incluyen una modificación de la ley del aborto

El cambio exigirá a las chicas de 16 y 17 años la autorización de sus padres, aunque no está claro cuál será el encaje jurídico para hacerlo

El Consejo de Estado recordó en su informe al Gobierno que no se puede cambiar una ley orgánica a través de una ley ordinaria, de menor rango

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El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, con el presidente y la vicepresidenta del Gobierno.

Las leyes de protección a la infancia serán la vía para modificar el derecho a la interrupción del embarazo en el caso de las chicas de 16 y 17 años, y que las obligará a contar con el consentimiento de sus padres para abortar. Así lo ha apuntado la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, en una entrevista en el periódico Diario de Léon.

El Consejo de Estado recordó que la ley del aborto (orgánica) no podía ser modificada por una ley ordinaria. El Gobierno, aunque no explica la vía para hacerlo, prevé la aprobación de las leyes en "las primeras semanas de enero".

Las declaraciones de la secretaria de Estado han sido confirmadas a eldiario.es por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, aunque amplían el plazo de aprobación de los dos proyectos de protección del menor a "las próximas semanas de enero e incluso principio de febrero". En la cartera que ahora dirige Alfonso Alonso se han negado a explicar exactamente cuál será el encaje jurídico del cambio. El respaldo legal se puso en duda a raíz de una de las observaciones del Consejo de Estado en su informe –no vinculante– sobre el anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia.

El organismo recordó, a propósito de la modificación que el texto planteaba de la Ley de la Autonomía del Paciente, que los cambios en el permiso de los menores sólo afectarían a leyes de carácter ordinario, pero no a las orgánicas (como es el caso de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo). "El Consejo de Estado lo que ha hecho es recordar que no se puede regular el consentimiento de leyes orgánicas en una ley ordinaria, que las modificaciones solo afectarán a leyes ordinarias", explicaron fuentes del organismo a este medio.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró en una rueda de prensa que el Ejecutivo encontraría "la vía legal" para cumplir con la promesa del presidente del Gobierno de modificar el acceso al aborto de las menores de edad, después de echar abajo la reforma de la ley que planteó el exministro Alberto Ruiz-Gallardón. Según las declaraciones de Susana Camarero, el Ejecutivo ha hallado esa vía, aunque se resiste a hacerla pública.

Rafael de Asís Roig, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, argumenta que la opción para que el Gobierno no se exponga a un posible recurso de inconstitucionalidad –dado que hay dos anteproyectos (uno orgánico y otro ordinario)– sería "modificar la ley del aborto mediante la ley orgánica". "La orgánica, aunque sigue un procedimiento más largo, requiere una mayoría absoluta en el Congreso, y el Gobierno la tiene", añade.

La profesora de Filosofía del Derecho Mª Eugenia Rodríguez Palop apunta que "las leyes no tienen que ser integralmente orgánicas u ordinarias, en todos sus artículos". Así que, en su opinión, otra opción sería tramitar ese punto en particular como una ley orgánica.

En la recta final de la legislatura

Si el Gobierno eligiese la vía orgánica para abordar los cambios de la ley del aborto, como señalan los expertos y exige el Consejo de Estado, la aprobación definitiva de este aspecto se alargaría en el tiempo. A pesar de encontrarnos en el último periodo de la actual legislatura, Gaspar Llamazares considera que el Gobierno sí tendría tiempo para introducirla gracias a su mayoría absoluta.

El portavoz de la Comisión de Sanidad de Izquierda Plural en el Congreso lamenta la nula información proporcionada por el Ejecutivo sobre este asunto: "No sabemos, pero me imagino que lo harán por la vía orgánica si no quieren tener problemas".

Los anteproyectos de protección a la infancia contaban con bastante consenso antes de que el Ejecutivo los utilizara para introducir la modificación de la ley del aborto. Ahora la situación se ha complicado. "No habrá consenso. No han hablado con nadie del tema. Por nuestra parte se encontrarán con una oposición beligerante", añade Llamazares.

Varias organizaciones proaborto señalan que la modificación es innecesaria a la luz de los datos: la inmensa mayoría de las jóvenes (casi el 90%) que interrumpen sus embarazos lo hacen con el conocimiento de sus padres. La vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo obliga a las jóvenes de 16 y 17 años a que informen a sus padres de su intención de abortar, tal y como recoge el artículo 13 de la normativa. Solo cuando "la menor alegue y fundadamente que ello [el conocimiento paterno] le provocará un conflicto grave" se prescinde de la información.

Las Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer que visitó recientemente España, dejó un mensaje claro al Gobierno: recomienda que no modifique la actual ley del aborto para las jóvenes de 16 y 17 años. El obligado consentimiento de los padres "restringirá aún más el acceso de las niñas a un aborto seguro y legal", apuntó Frances Raday, la relatora que presidió la delegación.

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