Aprobada la ley que pone fin a la incapacitación de personas con discapacidad

Madrid, 20 may (EFE).- El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente la ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para eliminar la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual y establecer un sistema basado en el apoyo y el respeto a su voluntad.

Con la votación de las enmiendas introducidas en el Senado, sale adelante esta reforma que da cumplimiento a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 que obliga a garantizar la igual capacidad jurídica del colectivo sin restricciones ni exclusiones, prestando apoyos para la toma de decisiones cuando sea preciso, pero sin sustituir a la propia persona.

“Hoy es un día de enorme satisfacción porque vamos a aprobar una ley que es justa, social, igualitaria y digna, una ley que genera satisfacción”, ha subrayado el titular de Justicia, Juan Carlos Campo.

A partir de ahora primará la voluntad de las personas con discapacidad y su derecho al acceso efectivo a la justicia, a suscribir un contrato o a tomar una herencia, garantizando que cuenta con los apoyos necesarios para adoptar estas decisiones, y que sólo será representado o sustituido cuando el apoyo no pueda darse de otro modo.

Campo ha celebrado el amplio consenso parlamentario que ha generado esta norma y que demuestra que hay una nueva forma de hacer política, la fórmula del “acuerdo, del consenso, del sacrificio recíproco y de arrimar el hombro”.

También la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha celebrado que por fin se va a respetar la voluntad de las personas con discapacidad gracias a la norma que permitirá su igualdad ante la ley.

Todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo al texto, menos Vox, que considera que el “espíritu” del proyecto de ley es “erróneo” al considerar que la dignidad de las personas reside en su voluntad y porque supone un “ataque” a la institución de la familia.

“Esta ley refuerza a las familias, las personas que más quieren a sus hijos, se dan los apoyos, que además serán voluntarios, y ya no tendrán que demandar a sus hijos para establecer la protección, podrán llevarlo a cabo con una declaración voluntaria o con un acuerdo”, le ha contestado la diputada del PP María Jesús Moro.

Esta diputada ha destacado que la ley “nos va a permitir mirar a los ojos a las personas con discapacidad” y dejará de ser “la imposición por la imposición”.

Desde el PSOE, el diputado Miguel Ángel González ha subrayado que esta norma garantizará que millones de personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones y cumplir sus sueños con la ayuda que precisen.

“Hoy España hace realidad muchas esperanzas, muchas ilusiones frenadas en el pasado”, ha afirmado González, que cree que gracias a esta ley se construye una sociedad más íntegra que no discrimina a nadie.

También la diputada de Podemos Marisa Saavedra considera que esta norma ofrece ayudas para superar barreras y garantizar la igualdad en el ejercicio de derechos, mientras que Sara Giménez (Cs) ha subrayado que permitirá pasar de un sistema que “sustituía a las personas” a un sistema de acompañamiento.

Desde el grupo Plural, Genís Boadella ha recalcado que con esta aprobación se pone “la semilla” para una nueva legislación que pueda venir a partir de ahora, mientras Mikel Legarda (PNV) ha incidido en el cambio de sensibilidad a la hora de afrontar el tratamiento de la discapacidad y situarlo en el ámbito de los derechos fundamentales.

El proyecto introduce cambios en un amplio abanico de normas, desde la ley del notariado al Código Civil, la ley hipotecaria, la de enjuiciamiento civil, la de protección patrimonial de las personas con discapacidad, la normativa tributaria, el Registro Civil o la ley de jurisdicción voluntaria.

Se incluye en la reforma del Código Civil el nuevo sistema basado en el apoyo, término que engloba desde la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad o la ruptura de barreras arquitectónicas, hasta la representación o sustitución en la toma de decisiones, únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo.

Al debate han asistido representantes del Tercer Sector como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena Inclusión, que agrupa a casi un millar de asociaciones del ámbito de la discapacidad, que han celebrado este hito que elimina “una discriminación histórica” hacia este colectivo.