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Baleares: una marea verde que ganó la batalla

Una imagen aérea de la protesta contra la política educativa del Gobierno balear./ Marga Mas

Jaime Mora

El TIL ha muerto. Así de claro lo tienen los docentes de las Islas Baleares después del doble varapalo judicial sufrido esta semana por el Gobierno de José Ramón Bauzá (PP). La anulación del decreto de trilingüismo dictada por el Tribunal Superior de Justicia y su posterior suspensión cautelar ha supuesto un golpe casi definitivo para lo que era una de las piedras angulares de la actual legislatura, y que se ha acabado convirtiendo en el mayor quebradero de cabeza para el Ejecutivo autonómico.

Los docentes, que en septiembre de 2013 realizaron una huelga de tres semanas, habían apostado este curso por la desobediencia. Una resistencia que ahora sienten “completamente legitimada” por la triple sentencia contra el Tratamiento Integral de Lenguas (TIL) dictada este martes por el TSJB, y pese al recurso de casación anunciado por el Govern ante el Tribunal Supremo. Apenas 24 horas más tarde llegó la suspensión cautelar de su aplicación decretada por el Tribunal.

Sindicatos y profesores aseguran que eso fue la sentencia de muerte para una norma que nunca ha encontrado consenso y que se ha acabado convirtiendo en una bomba de relojería que ha estallado en las manos del presidente y de su consellera, Joana Maria Camps, cesada este viernes.

“El TIL no sólo presentaba graves carencias pedagógicas sino también democráticas”, asegura Guillem Barceló, portavoz de la Asamblea de Docentes, uno de los órganos más activos contra el decreto. Este profesor cree que desde este nuevo escenario se debe plantear un necesario debate respecto a la mejora en el sistema educativo. Un debate que en cualquier caso no incluye la reducción de horas lectivas de catalán –uno de los mayores puntos de conflicto–, ya que “un 80% de los alumnos no dicen ni una palabra en este idioma fuera de las aulas, y merecen la oportunidad de conocerlo y expresarse en él igual que en castellano”.

La más importante asociación de inspectores académicos del archipiélago ya ha dado instrucciones a sus afiliados para que dejen de realizar trámites relacionados con la aplicación del decreto de trilingüismo, con el que el PP quería poner el inglés a la misma altura que el catalán y el castellano, introduciéndolo como lengua vehicular en determinadas asignaturas. Algo que según Barceló resultaba imposible, entre otros motivos, por no disponer de profesores preparados para impartir materias en lengua extranjera.

Así, subraya, “se han vivido situaciones kafkianas”, como la de un docente impartiendo clases en catalán, y junto a él otro realizando funciones de traductor simultáneo para que la clase se impartiera en inglés, tal como exigía el decreto gubernamental.

Un error de forma, un problema de fondo

Tras las dos bofetadas del poder judicial al Ejecutivo balear, el portavoz de la Asamblea de Docentes se muestra confiado en que las aulas recuperen la normalidad, y espera que no suponga tampoco un contratiempo económico para las familias, que ya habían abonado los libros de texto impresos en las lenguas marcadas por el TIL. “El grado de aplicación real era muy bajo, algunos profesores trabajábamos sin libros, y en otros casos se podrá cambiar de lengua sin cambiar de libro”, explica Barceló para alimentar su esperanza en que la suspensión del TIL no suponga más problemas para unos padres que acumulan dos cursos arrastrados, junto a sus hijos, a una guerra sin cuartel entre el Govern y el colectivo de maestros.

Por su parte, el Govern se apoya en que el Tribunal Superior de Justicia ha echado atrás el decreto de trilingüismo por una cuestión de forma más que de fondo. Algo en lo que, de hecho, coincide con los sindicatos: “Es una tema de forma, porque siempre advertimos de que no se podían tomar decisiones unilaterales desde el Gobierno, y eso es lo que indican las sentencias”, remarca Toni Baos, responsable de Educación de Comisiones Obreras.

El TSJB recuerda en su triple sentencia que el artículo 35 del Estatuto de Autonomía de las Islas determina que es la Universitat de les Illes Balears (UIB) la institución oficial consultiva para los asuntos referidos a la lengua catalana. Los conservadores, apoyándose en que el TIL no regulaba el uso del catalán en las aulas, ignoraron ese artículo. Pero las dos resoluciones del Tribunal han representado un gran varapalo que, salvo giro inesperado, acabará con uno de los grandes objetivos del Partido Popular para la presente legislatura: la implantación del trilingüismo en las aulas baleares.

“Si hubiera actuado con más modestia, más diálogo y menos arrogancia, quizá se hubiera ahorrado esta humillación”, sentencia un responsable sindical, que cree que ahora Bauzá lamentará no haber tendido la mano al profesorado cuando el sector al completo y toda la oposición le suplicaban diálogo. Un diálogo al que siempre se negó –nunca se sentó en ninguna mesa de negociación con los docentes– y que ahora, explica este sindicalista, se ha convertido en su talón de Aquiles, quien sabe si también con un elevado coste electoral. Para saber eso, en cualquier caso, habrá que esperar hasta el mes de mayo.

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