Poner nombre y apellidos a los huesos. Es uno de los últimos pasos de una intervención arqueológica en fosas comunes del franquismo. Y uno de los procesos más complejos. A la dificultad propia de la identificación genética, por el paso de los años y la ausencia en ocasiones de familiares, se suma que España carece de un Banco de ADN estatal que sí han activado regiones como Navarra, Andalucía, País Vasco y Cataluña.

El proyecto de presupuestos para 2019 recogía 15 millones de euros para la Memoria Histórica.  Entre las partidas, el Gobierno de Pedro Sánchez planteaba la creación de un Banco Nacional de ADN y un Censo Nacional de Víctimas. Pueden quedar en el tintero, por ahora, como lo hará la reforma de la ley memorialista.

Aunque el Ministerio de Justicia intenta pisar el acelerador, en un trabajo conjunto con los gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos. La idea es dejar encarrilados esos bancos nacionales de datos y un plan urgente de exhumaciones. “Se está trabajando y avanzaremos en función de lo que digan los técnicos. El criterio político es avanzar todo lo que se pueda”, señala a eldiario.es el director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez.

Con este proyecto, el Gobierno pretende sacar de fosas y cunetas a unas 25.000 víctimas del franquismo. Y, de estas, solo podría poner nombre y apellidos a entre 5.000 y 7.000.

Estas cifras, alejadas de los más de 100.000 desparecidos forzados que se estima hay en el país, salen de un informe encargado por el Ministerio de Justicia a un grupo de doce expertos. El estudio revela que muchos de los puntos marcados en el Mapa de Fosas nunca podrán ser intervenidos. Desde el año 2000 han sido abiertos 740 enterramientos ilegales para recuperar los restos óseos de más de 9.000 personas.

El texto, titulado 'Estado actual de las exhumaciones de las fosas comunes de la Guerra Civil y dictadura franquista. Recomendaciones para el futuro', ha sido adelantado por la Cadena SER. El informe, coordinado por el forense y profesor de la Universidad del País Vasco Francisco Etxebarria, calcula que sería necesario un trabajo continuado de cuatro o cinco años para resolver la cuestión de los desaparecidos en España. Las fosas que ya no están se han perdido por la acción de construcciones (como carreteras y edificios), la actividad propia de los cementerios e incluso del expolio practicado por la dictadura de Francisco Franco. De ahí los datos actualizados: unas 25.000 víctimas recuperables de las que una quinta parte serían identificables atando lazos genéticos.

Banco Nacional de ADN

España es uno de los países con más desaparecidos forzados. Al menos 114.226 personas, arrojadas a miles de tumbas ilegales. Por ahora “se han intervenido sobre 740 fosas, con una exhumación de un poquito más de 9.000 cadáveres”, actualizaba Fernando Martínez en la última reunión con representantes regionales.

Pero el país sigue sin Banco Nacional de ADN. “Se está trabajando en ello. Dentro de unos días hay una reunión con forenses y laboratorios de las diversas comunidades y técnicos del Ministerio de Justicia para avanzar en la unificación de criterios para la formulación del banco nacional de datos”, apunta.

Navarra

NavarraEl Gobierno de Navarra mantiene activo un banco de ADN para tratar de identificar los cuerpos recuperados en los trabajos del programa de exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la represión franquista. La puesta en marcha era una medida recogida en la Ley Foral de Memoria Histórica.

La base de datos que alberga las muestras genéticas depende de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y está elaborada por la empresa pública Nasertic. Cuando fue presentado, en 2016, Navarra contaba con un millar de desaparecidos forzados.

El banco de ADN es un elemento de reparación para los familiares de las víctimas. Los descendientes de asesinados por el franquismo y enterrados en suelo navarro pueden solicitar la identificación genética de sus restos óseos (aquí datos de contacto).

Andalucía

AndalucíaEn Andalucía el banco de ADN intenta poner nombre y apellidos a personas desaparecidas. En suelo andaluz hay al menos 45.566 víctimas arrojadas en 708 fosas comunes. La base de datos tiene una ampliación: atiende la búsqueda de bebés robados.

El acuerdo entre la Junta de Andalucía y  la Universidad de Granada (UGR) cuenta con una financiación de poco más de un millón de euros. Los restos óseos humanos procedentes de exhumaciones, y las muestras genéticas de los descendientes, quedan en depósito para su cotejo y tratamiento científico en el Centro Pfizer de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo).

El contacto para las familias se hacía a través de la desaparecida Dirección General de Memoria Democrática. El pacto entre el PP –que gobierna la Junta en coalición con Ciudadanos– y Vox deja en el aire la continuidad del proyecto. Las víctimas del franquismo están a la espera de que empiece a funcionar el anunciado Comisionado de la Concordia y de la línea que siga el departamento.

País Vasco

País VascoEn Euskadi han tomado muestras genéticas a al menos 255 familias. Y continúa el trabajo. Los descendientes de desaparecidos en la guerra civil y la dictadura tienen una ventana abierta a la reparación a través de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

El Banco de ADN coteja las muestras con los restos óseos recuperados en intervenciones arqueológicas. El País Vasco es la primera región donde “prácticamente no hay fosas”, en palabras del director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez.

En la web de Gogora existe un formulario para solicitar la prueba de ADN. Personal del Instituto de la Memoria contactan con la familia y arranca el proceso. Los encargados del trabajo científico son el equipo de Biomics de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que recogen el material genético en el domicilio de los solicitantes o en el propio laboratorio de la institución universitaria.

Catalunya

CatalunyaEl Programa de identificación genética (PIG) de desaparecidos está coordinado por la Dirección General de Memoria Democrática de la Generalitat de Cataluña. El plan está ideado de forma transversal y ocupa departamentos de Salud, Justicia o Relaciones Institucionales y Exteriores.

El banco de ADN trabaja en dos vías: ordenar y clasificar los perfiles genéticos de los familiares de víctimas del franquismo y, de otro lado, las muestras extraídas de los restos humanos de desaparecidos forzados.

El Laboratorio Genético del Hospital Universitario de la Vall d’Hebron es el encargado de cruzar la información obtenida. Y, con los resultados, intenta establecer relaciones de parentesco y determinar las identificaciones personales. Los familiares deben inscribirse en un censo (aquí) para iniciar el proceso.